Un recurso frena el contrato valenciano de ambulancias de 580 millones

El contrato de transporte sanitario de la Comunitat Valenciana vuelve a encontrar un obstáculo administrativo. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) acordó, el pasado el 2 de octubre, suspender cautelarmente la nueva licitación tras un recurso de la Asociación General de Empresas de Transporte Sanitario (Agetrans). El procedimiento había recibido una única oferta: la de la UTE Ayuda TSCV.

La renovación del transporte sanitario valenciano afronta dos dificultades que afectan a su adjudicación: la revisión de las condiciones del concurso y la escasa concurrencia empresarial. La nueva convocatoria llega después de que el tribunal obligara a corregir los pliegos anteriores por exigir una solvencia técnica que consideró desproporcionada. Sin embargo, la reapertura del procedimiento ha vuelto a registrar una sola proposición.

Según la resolución oficial publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, Agetrans ha recurrido los pliegos del expediente 163/2026 bis. El tribunal ha concedido la medida cautelar al apreciar que continuar la tramitación podría ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación.

La decisión paraliza el avance del concurso mientras se resuelve el recurso. No supone una anulación definitiva de los nuevos pliegos ni acredita que las alegaciones de la asociación hayan sido estimadas. La resolución cautelar consultada tampoco desarrolla los motivos concretos de la impugnación, por lo que no permite atribuirle objeciones específicas sobre precios, flota o requisitos empresariales.

La oferta única precede a esta suspensión. El acta de la mesa de contratación del 25 de septiembre recoge la admisión de la UTE Ayuda TSCV, cuya propuesta se presentó el día 23. La alianza está integrada por seis empresas agrupadas en una candidatura conjunta: Ambulancias CSA, Ambulancias Autónomas, Ambulancias y Servicios Valencia, Alquiler Car Luxe, Ambulancias Ayuda y Ambulevante.

El requisito de solvencia obligó a rehacer los pliegos

Los antecedentes oficiales explican por qué la Generalitat tuvo que volver a convocar el procedimiento. Contra la licitación inicial recurrieron el Ayuntamiento de Calp, Ambulancias Sánchez, Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales y UGT-Servicios Públicos.

El 30 de julio, el TACRC estimó parcialmente los recursos de Ambulancias Sánchez y Orthem. La exigencia de acreditar servicios por 600,5 millones de euros se había calculado aplicando el 70% al valor estimado del contrato, cuando la referencia legal utilizada debía ser la anualidad media. El tribunal ordenó retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación de los pliegos. Los recursos de Calp y UGT fueron inadmitidos.

La nueva memoria justificativa sitúa la solvencia técnica exigida en 120,6 millones de euros en servicios similares ejecutados durante el año de mayor actividad de los tres últimos ejercicios. La Administración sostiene que ese volumen acredita capacidad suficiente para prestar el servicio. Aun con esa modificación, la nueva convocatoria ha recibido una sola oferta.

Desde una perspectiva económica, la concurrencia limitada reduce las alternativas que la Administración puede comparar. No permite concluir, por sí sola, que exista una irregularidad o que el precio sea excesivo, pero sí concentra la evaluación en una única propuesta empresarial.

El diseño mantiene un lote único para toda la Comunitat Valenciana. Sanidad lo justifica por la coordinación de las urgencias, los traslados entre departamentos y la respuesta a catástrofes. La flota prevista suma 739 vehículos, incluidos los de reserva.

Cerca de 580 millones, con un alcance potencial mayor

El presupuesto base asciende a 579,8 millones de euros con impuestos. El valor estimado alcanza los 861,5 millones, al incorporar una posible modificación del 20% y una prórroga de un año.

El desglose incluye 409,3 millones en costes salariales, lo que muestra el peso del personal en la estructura del servicio. La adjudicación determinará tanto la organización de los vehículos como los recursos humanos necesarios para prestar el transporte sanitario. contrataciondelestado.es

La documentación consultada acredita, por tanto, una nueva suspensión cautelar y una candidatura única. El siguiente paso depende de la resolución del recurso de Agetrans y de sus efectos sobre la convocatoria. Hasta entonces, la admisión de la UTE no equivale a una adjudicación.