Luz verde al decreto de vivienda: antidesahucios hasta 2030 y topes a las rentas

El Congreso ha convalidado el decreto de vivienda del Gobierno, una norma que prorroga la protección frente a los desahucios de personas vulnerables hasta 2030 y fija límites a la actualización anual de las rentas del alquiler. El texto sale adelante después de que una versión anterior decayera al no lograr los apoyos necesarios en su momento.

Las dos medidas con más recorrido

El escudo antidesahucios para hogares en situación de vulnerabilidad se extiende hasta 2030, lo que mantiene en vigor la suspensión de los lanzamientos en determinados supuestos. A esa prórroga se suma el tope a la actualización de las rentas: los contratos en vigor no podrán repercutir las subidas por encima de los límites que fija la norma, una medida pensada para contener el encarecimiento del alquiler en un mercado tensionado.

Qué más incorpora el decreto

Junto a esos dos ejes, el texto prorroga los contratos de alquiler que vencen en el corto plazo y mantiene restricciones a la compra de vivienda por parte de fondos cuyo destino no sea el arrendamiento asequible. El decreto incluye también medidas fiscales, con bonificaciones para los inquilinos de rentas más bajas y una tributación más gravosa para la vivienda vacía.

El impacto para propietarios e inversores

Para los arrendadores, la norma supone un marco más restrictivo. Los límites a la actualización de rentas y la prórroga obligatoria de contratos reducen el margen de maniobra sobre los inmuebles ya alquilados, mientras que los recargos sobre la vivienda desocupada elevan el coste de mantenerla fuera del mercado. Las socimis y los grandes tenedores se enfrentan además a una fiscalidad específica, con un gravamen sobre los beneficios no distribuidos que se suaviza para quienes destinen vivienda al alquiler asequible.

Un texto con la tramitación ajustada

La convalidación llega con las posiciones de los grupos muy marcadas. El decreto ha necesitado un encaje complejo de apoyos, con reservas expresas de algunas formaciones sobre el alcance de las medidas y su efecto en los pequeños propietarios. Esa aritmética condiciona el recorrido de la norma y deja abierto el debate sobre su encaje definitivo.

La lectura para el sector inmobiliario

Para el mercado del alquiler, el decreto consolida una intervención pública que da certidumbre a los inquilinos a cambio de estrechar el margen de los propietarios. El sector advierte de que estos límites pueden retraer la oferta de vivienda en arrendamiento, justo el factor que más presiona los precios, de modo que el efecto real de la norma dependerá de cómo se traslade al volumen de pisos disponibles.