Recordó que en estos momentos en España hay muchas empresas que son viables, pero no rentables por todo el volumen de deuda que han acumulado y que la futura ley busca evitar que este tipo de sociedades estén abocados al cierre si se les puede reflotar.

El motivo detrás de la nueva ley de quiebras es que si no se produce un proceso de reestructuración, entonces «ni los acreedores ni el negocio van a cobrar y por tanto va a perder todo el mundo», dijo De Guindos tras la reunión de los ministros del ramo de la UE.

El Gobierno español busca «alinear los intereses de todo el mundo y buscar fórmulas alternativas de flexibilidad para reducir el peso de la deuda excesiva que impide la supervivencia de la empresa».

De esa manera, «al final todo el mundo sale beneficiado», argumentó el ministro, quien explicó que se trata de cambios «muy específicos y concretos a la normativa actual, que es muy rígida«, indicó, sin revelar más detalles.

«Muchas veces el proceso concursal en España lleva a la liquidación y no es siempre la mejor alternativa», dijo De Guindos.

Añadió que «tiene que ser la alternativa de último recurso y por tanto hay que intentar buscar otras alternativas que sean mucho más razonables para los trabajadores, los acreedores, los accionistas, la gestión de la empresa y para el conjunto de la economía».

El deseo del Gobierno es impulsar la ley «relativamente rápido», agregó De Guindos. Fuentes del Ejecutivo descartan que la nueva ley vaya a encarecer la concesión de créditos a las empresas o lastrar los balances de las entidades financieras, dado que éstas tendrían que provisionar las pérdidas.