España retira 188.000 toneladas de aceite de oliva por exceso de oferta

El mercado del aceite de oliva afronta una nueva campaña marcada por el aumento de la producción y el volumen de existencias acumuladas. Ante este escenario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción declarada mensualmente por las almazaras, con el objetivo de evitar posibles desequilibrios entre la oferta y la demanda y garantizar la estabilidad del mercado.

La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone la retirada temporal de aproximadamente 188.000 toneladas de aceite de oliva. La obligación comienza a aplicarse sobre la producción declarada durante noviembre y los volúmenes almacenados deberán permanecer fuera del circuito comercial hasta el 30 de septiembre de 2027.

Las almazaras podrán realizar este almacenamiento en instalaciones propias o ajenas y tendrán libertad para elegir la categoría de aceite de oliva que desean retirar.

Sin embargo, la decisión no cuenta con el respaldo de toda la industria. Rafael Picó, director general de Asoliva, considera que la intervención puede alterar artificialmente el funcionamiento del mercado y perjudicar la posición competitiva del aceite de oliva español en el exterior.

Rafael Picó, director general de Asoliva

Asoliva alerta del impacto sobre la competitividad internacional

Desde Asoliva, la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo, cuestionan la eficacia del almacenamiento obligatorio y advierten de sus posibles consecuencias para las empresas españolas en los mercados internacionales.

«Nosotros estamos a favor de la máxima remuneración de todos los eslabones de la cadena del aceite de oliva. Esta medida intenta trastocar artificialmente la oferta y la demanda y creemos que no va a funcionar. Por tanto, va a ser negativa para nuestra competitividad», señala Rafael Picó.

El director general de Asoliva pone especialmente el foco en la dimensión internacional del negocio, dado que, según apunta, el 70% del aceite de oliva español se destina a los mercados exteriores.

«Es una medida solo para España, no para el resto de países de Europa y del mundo. Son países que cada vez van teniendo más producción y son más competitivos. Ponemos en riesgo nuestro liderazgo internacional. Vamos a ser menos competitivos y el hueco que dejamos lo van a aprovechar otros productores», advierte.

Para la organización, la retirada temporal de producto no resuelve los desafíos estructurales del sector y puede generar una pérdida de oportunidades comerciales frente a otros países productores.

Más promoción e internacionalización para impulsar el consumo

Frente al almacenamiento obligatorio, Asoliva reclama medidas orientadas a ampliar la demanda internacional de aceite de oliva. En concreto, Picó apuesta por reforzar la promoción del producto y abrir nuevos mercados, especialmente entre consumidores que todavía no lo conocen o no lo incorporan a su alimentación habitual.

«Pedimos la promoción del aceite de oliva y su internacionalización para abrir nuevos mercados y darlo a conocer a consumidores del mundo que todavía no consumen este producto y desconocen sus beneficiosas propiedades, la grasa más saludable del mundo», afirma.

El responsable de Asoliva considera que existe un importante margen de crecimiento para el aceite de oliva dentro del mercado mundial de aceites y grasas.

Según explica, este producto representa actualmente alrededor del 2% del consumo mundial de aceites y grasas. A su juicio, un incremento de apenas medio punto porcentual, hasta alcanzar el 2,5%, supondría un impulso significativo para la demanda.

«Con una buena internacionalización, promoción y comunicación de sus bondades saludables, si consiguiéramos aumentar ese uso del 2% al 2,5%, la demanda de aceite de oliva permitiría retribuir mucho mejor a todos los eslabones de la cadena», sostiene Picó.

La propuesta pasa, por tanto, por ampliar el consumo global como vía para mejorar la rentabilidad de toda la cadena de valor, desde los productores hasta la industria y la comercialización.

Una retirada temporal que no convence a la industria exportadora

Otro de los aspectos que cuestiona Asoliva es el carácter temporal de la medida. El aceite almacenado no se destruye, sino que vuelve a poder comercializarse una vez finalizado el periodo de retirada establecido por el Ministerio.

Para Rafael Picó, esta circunstancia limita la capacidad del mecanismo para solucionar los desequilibrios del mercado a medio plazo.

«Creemos que quitar aceite para que al final de la campaña vuelva ese aceite que no se destruye, sino que vuelve, es una medida coyuntural que no va a tener un efecto bueno para el libre mercado», afirma.

La organización defiende así que el sector debe trabajar en el desarrollo de nuevos mercados y en el incremento del consumo internacional, en lugar de recurrir a mecanismos que, en su opinión, alteran temporalmente la disponibilidad de producto.

La producción de aceite de oliva crecerá un 23% en la campaña 2026/2027

Uno de los principales factores que ha motivado la activación de este mecanismo es la previsión de una cosecha especialmente elevada. Según los datos de aforo recopilados por las comunidades autónomas, la producción española de aceite de oliva alcanzará las 1.602.596 toneladas durante la campaña 2026/2027.

Esta cifra representa un incremento del 23% respecto a la campaña anterior y situaría la actual temporada como la cuarta de mayor producción de toda la serie histórica.

Las condiciones meteorológicas de la pasada primavera han favorecido estas previsiones. Las temperaturas suaves y las precipitaciones abundantes registradas en las principales zonas olivareras propiciaron una buena floración y un adecuado cuajado del fruto, circunstancias que han contribuido a elevar las estimaciones de cosecha.

A esta previsión de producción se suma el volumen de aceite almacenado al inicio de la campaña.

Las existencias iniciales superan en un 23% las del año anterior

Según los datos del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), publicados por el Ministerio el pasado 28 de octubre, las existencias iniciales de aceite de oliva para la campaña 2026/2027 se situaron en 357.040 toneladas.

Este volumen supone un 23,3% más que el registrado al comienzo de la campaña precedente.

La combinación de una cosecha prevista de más de 1,6 millones de toneladas y unas existencias iniciales elevadas ha llevado al Ministerio a activar el mecanismo de retirada contemplado en la orden de comercialización del aceite de oliva.

En concreto, se cumplen los criterios técnicos establecidos para poner en marcha esta herramienta, ya que la suma del aforo de producción y las existencias de enlace de la campaña anterior alcanza el 120% de la producción media registrada durante las seis campañas precedentes.

¿Cómo funcionará el almacenamiento obligatorio de aceite de oliva?

La nueva disposición establece que las almazaras deberán almacenar el equivalente al 12% de su producción mensual declarada.

La obligación comienza con las declaraciones correspondientes al mes de noviembre y los volúmenes retirados deberán permanecer almacenados hasta el 30 de septiembre de 2027.

Las instalaciones podrán ser propias o de terceros y cada almazara tendrá plena libertad para decidir qué categoría de aceite de oliva retira temporalmente del mercado.

Por otra parte, tanto la producción mensual como las existencias finales de cada almazara deberán comunicarse a través de los canales habituales establecidos en el Real Decreto 861/2018, de 9 de julio, que regula las declaraciones obligatorias del sector.

Agricultura supervisará el cumplimiento de la medida

Para garantizar que el almacenamiento obligatorio se aplica correctamente, el Ministerio creará un grupo técnico de seguimiento encargado de aprobar el correspondiente plan de control.

La coordinación corresponderá al departamento ministerial, mientras que la ejecución de las actuaciones de supervisión recaerá en las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Los operadores afectados deberán facilitar a las autoridades competentes toda la información y documentación que se les solicite para acreditar el cumplimiento de la normativa. Asimismo, tendrán que permitir la realización de controles sobre el terreno cuando resulte necesario.

La orden contempla también la posibilidad de modificar la resolución a partir del 31 de diciembre de 2026, teniendo en cuenta cómo evolucione la producción de aceite de oliva.

La decisión abre así un debate en el sector sobre cómo gestionar una campaña con mayores disponibilidades de producto y cómo mantener la competitividad de España en los mercados internacionales, en un contexto en el que la industria exportadora reclama más promoción e internacionalización para impulsar el consumo mundial.