Los fallos contra el Estado cuestan ya 14.432M€ con la energía en el foco

Las resoluciones judiciales contra el Estado se han convertido en una fuente de riesgo fiscal de primer nivel para las cuentas públicas del Estado, y también en un termómetro cantidad de litigios abiertos entre la Administración y las empresas y contribuyentes. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha cuantificado en su segunda Opinión sobre riesgos fiscales, que el impacto de las sentencias en el déficit de las Administraciones Públicas ascendió a 11.269 millones de euros en 2024 y a 3.163 millones en 2025, lo que eleva la factura conjunta de los dos últimos ejercicios a 14.432 millones de euros.

Sociedades y telecos, entre las partidas más costosas

El desglose que ofrece el organismo, con datos de la IGAE, sitúa a la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Real Decreto-ley 3/2016 como una de las partidas más voluminosas, con 3.048 millones de impacto en 2024 y 1.057 millones adicionales en 2025. También figuran en la lista de 2024 el procedimiento sobre el IRPF de pensionistas de mutualidades laborales (5.936 millones), el IRNR de instituciones de inversión colectiva (244 millones), el IAE de operadores de telefonía móvil (485 millones) y la financiación del bono social eléctrico (448 millones). En 2025 se suma además el fondo de comercio de empresas extranjeras, con 1.250 millones.

AIReF advierte de que estos procedimientos judiciales no están cerrados: a medida que se resuelvan más casos individuales sobre hechos ya declarados ilegales por sentencias previas, es previsible que se siga generando déficit en los próximos ejercicios.

Un nuevo frente: el litigio sobre el impuesto a la generación eléctrica

El informe pone el foco en un procedimiento judicial en curso especialmente relevante para el sector energético: el relativo al impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Según AIReF, el fallo está condicionado por si la Administración logra probar que el impuesto fue trasladado o no al consumidor final, ya que la carga de la prueba corresponde a Hacienda. Este litigio ya ha generado un impacto de 316 millones de euros en el déficit de 2026, a los que se suman intereses, y la institución prevé que su efecto se extienda a ejercicios posteriores.

Otros frentes abiertos que afectan a varios sectores

Más allá de los procedimientos ya resueltos, AIReF identifica un mapa de litigios en curso con potencial impacto fiscal que tocan directamente a empresas de distintos sectores: arbitrajes internacionales en materia de energía renovable, reclamaciones de concesionarias de autopistas de peaje, la venta de participaciones públicas con pérdidas, las tasas de gestión de residuos radiactivos y de reserva del dominio radioeléctrico, y la responsabilidad derivada de los avales ICO concedidos durante la pandemia.

AIReF pide más prevención y una base de datos pública de sentencias

Para reducir la exposición futura, el organismo presidido por Inés Olóndriz propone a Hacienda reforzar la evaluación del impacto financiero y legal antes de aprobar cambios normativos, consultar previamente a organismos europeos para evitar conflictos con la normativa comunitaria, y hacer un uso más prudente de instrumentos como el real decreto-ley. También plantea desarrollar mecanismos más ágiles de resolución y, sobre todo, crear una base de datos centralizada y de acceso público con el seguimiento de los principales procesos judiciales contra el Estado, incluyendo su impacto estimado en el déficit. Actualmente, según AIReF, la información disponible está dispersa, incompleta y llega con hasta dos años de retraso.

Un ejemplo reciente de cómo se materializan estos litigios es el fallo del Tribunal Supremo de enero de 2026 que obligó a la Agencia Tributaria a devolver a Galp Energía España 155,43 millones de euros, más intereses, por el impuesto especial sobre hidrocarburos aplicado entre 2013 y 2014, al considerarlo contrario al derecho comunitario. El caso giraba precisamente en torno a si la empresa había trasladado o no el impuesto a sus clientes finales vía precios.