España afronta el reto de reforzar el ahorro para complementar la jubilación

La sostenibilidad del sistema público de pensiones y el desarrollo del ahorro complementario vuelven al centro del debate económico. España cuenta con una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa —la relación entre la primera pensión y el último salario—, pero también afronta una presión demográfica creciente por la jubilación de la generación del baby boom, el envejecimiento de la población y la evolución de la relación entre cotizantes y pensionistas.

En este contexto, el ahorro de empresa para la jubilación continúa teniendo un desarrollo limitado. Solo el 27% de las empresas en España dispone de algún sistema de previsión social para sus empleados, según la novena edición del informe Situación de las pensiones en España, elaborado por KPMG Abogados. El dato se mantiene prácticamente sin variaciones desde hace nueve años y sitúa a España todavía lejos de los estándares europeos de cobertura del denominado segundo pilar de las pensiones: el ahorro colectivo impulsado desde las empresas.

Álvaro Granado, responsable del Área Fiscal de Pensiones de KPMG Abogados, ha subrayado que el desarrollo de planes de previsión social complementaria en España «está estancado» y resulta clave para reforzar el sistema y evitar una brecha creciente entre salario y pensión futura para una parte relevante de la población activa.

Una pensión pública elevada, pero bajo ahorro complementario

El sistema español de pensiones ha sido objeto de diferentes reformas en los últimos años con el objetivo de preservar su sostenibilidad financiera y social. La reforma de 2021 reforzó la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, mientras que las medidas posteriores han incorporado mecanismos de aumento progresivo de ingresos, como el de Equidad Intergeneracional, el incremento gradual de las bases máximas de cotización y la cotización adicional de solidaridad.

Durante la presentación del informe, Granado ha recordado que estas reformas buscan preparar el sistema para una etapa de mayor presión demográfica. «La generación del baby boom ya ha comenzado a jubilarse y su impacto será especialmente relevante en los próximos años», ha advertido. A ello se suman otros factores, como la baja natalidad, la evolución de los salarios, la tasa de desempleo y la necesidad de mantener una relación equilibrada entre cotizantes y pensionistas.

Según ha explicado, el sistema público español ofrece actualmente una cobertura elevada en comparación con otros países europeos. En España, la pensión pública representa en torno al 80% del último salario, mientras que en otros mercados europeos la cobertura pública suele ser inferior y los trabajadores recurren con mayor frecuencia a mecanismos complementarios, tanto de empresa como individuales.

Ese diferencial ayuda a explicar una de las principales particularidades del caso español que está relacionada con la menor cultura de ahorro finalista para la jubilación. Como ha apuntado Granado, «en España la pensión pública ha tendido a ser suficiente, lo que ha reducido históricamente la urgencia de desarrollar sistemas complementarios de ahorro».

España, lejos de la media europea

La comparación europea refleja con claridad esa brecha. Según el informe de KPMG, aproximadamente el 15% de la población ocupada en España está cubierta por planes de pensiones de empleo, frente al 28% de media de los países europeos. Esto implica que una parte importante de la población activa depende principalmente de la pensión pública y del ahorro individual para preparar su jubilación.

En términos de patrimonio gestionado por fondos privados de pensiones, España también se sitúa lejos de países como Islandia, Dinamarca o Suiza, donde los sistemas complementarios tienen un peso mucho mayor. «En España,-ha incidido Granado- el patrimonio acumulado en estos instrumentos se mantiene en torno al 12%, con estrategias de inversión habitualmente conservadoras y una evolución condicionada por los movimientos de los mercados financieros».

Para el representante de KPMG, «esta situación anticipa una brecha creciente entre el salario en activo y la pensión futura si no se refuerza el ahorro complementario». El reto, por tanto, no pasa por sustituir el sistema público, sino por ampliar las fuentes de cobertura para la jubilación.

El papel de los planes de empresa

El informe muestra que, del 27% de empresas que cuenta con planes de jubilación para su plantilla, el 34% ofrece más de un plan. La implantación, no obstante, es muy desigual por sectores.

El sector financiero lidera el desarrollo de estos instrumentos, con un 61,8% de empresas que dispone de planes de previsión social. Le siguen el sector energético, con un 43,3%, y el químico y farmacéutico, con un 36,7%. En el lado contrario se sitúan transporte y logística, con un 16,6%, e industria, con un 16,8%.

La explicación está, en parte, en la tradición sectorial y en los convenios colectivos. En banca y seguros, por ejemplo, estos compromisos tienen una presencia relevante desde hace años. En construcción, el convenio sectorial ha abierto una nueva vía desde 2024, con un plan que puede actuar como referencia para otros sectores.

La reforma de 2022 introdujo los planes de pensiones de empleo simplificados, una figura pensada para facilitar el desarrollo de sistemas colectivos de ahorro en empresas, sectores y colectivos como los autónomos. A juicio de KPMG, esta reforma puede contribuir a acercar gradualmente a España a los estándares europeos, aunque sus efectos todavía son incipientes.

Costes laborales e incentivos fiscales

Uno de los principales obstáculos para las empresas es el coste. Según revela el informe, un 56,6% de las compañías muestra predisposición a poner en marcha herramientas de ahorro para la jubilación, pero muchas señalan como barrera el compromiso financiero a largo plazo que implica realizar aportaciones para los trabajadores.

En un contexto de incremento de costes laborales, algunas empresas sitúan estos planes en su agenda, pero no siempre encuentran las condiciones adecuadas para implantarlos. Desde KPMG apuntan, no obstante, a fórmulas alternativas, como la retribución flexible, los sistemas mixtos con aportaciones de empresa y empleado o los planes vinculados a objetivos o resultados.

Entre las medidas que las propias compañías consideran necesarias, el 48% de los directivos encuestados reclama mayores incentivos fiscales para impulsar los planes de previsión social complementaria. Otro 36% destaca la necesidad de mejorar la educación financiera de los empleados, mientras que un 16,8% subraya la importancia de reforzar la comunicación, la información y la transparencia.

La educación financiera aparece así como una pieza clave. No solo para que los trabajadores comprendan mejor cómo planificar su jubilación, sino también para que valoren estos instrumentos dentro del conjunto de beneficios sociales ofrecidos por la empresa.

Un beneficio social cada vez más valorado

El informe también constata un cambio en las preferencias de los empleados. Los planes de pensiones, que hace años no figuraban entre los beneficios sociales más demandados, se han convertido en el segundo más valorado, solo por detrás del seguro médico.

Este mayor interés coincide con una creciente preocupación por la jubilación futura. La evolución demográfica, el debate público sobre la sostenibilidad del sistema y la incertidumbre sobre la pensión futura están contribuyendo a que los trabajadores presten más atención a estos instrumentos de ahorro.

Por tipología, la mayoría de los planes existentes son de aportación definida. Los planes de prestación definida, más habituales en el pasado, se han ido transformando tras la normativa de exteriorización de compromisos por pensiones y hoy se mantienen principalmente en colectivos cerrados. En cuanto al acceso, el 62,4% de los planes se dirige a toda la plantilla, mientras que un 26,7% está orientado al personal directivo.

En las empresas que ofrecen planes para toda la plantilla, la aportación media se sitúa en el 3,6% del salario.

El reto de desarrollar el ahorro colectivo

La principal conclusión del informe es que España mantiene un desarrollo bajo del ahorro colectivo en comparación con otros países europeos. La cobertura pública sigue siendo elevada, pero el margen para reforzar el ahorro complementario es amplio.

Desde KPMG consideran que el impulso del segundo pilar será determinante para que el sistema español evolucione hacia un modelo más equilibrado, en el que la pensión pública continúe siendo el eje central, pero se vea acompañada por mecanismos colectivos e individuales capaces de complementar los ingresos en la jubilación.

La presión demográfica no tendrá el mismo efecto en todos los momentos, pero el envejecimiento de la población y el aumento del número de pensionistas obligan a anticipar soluciones. La reforma del sistema prevé revisiones periódicas y mecanismos de ajuste, pero el ahorro complementario aparece cada vez más como una herramienta necesaria para reforzar la seguridad económica de los futuros jubilados.