La industria química pide competir en igualdad de condiciones para no cerrar plantas

La industria química española no discute la descarbonización. Lo que cuestiona es si podrá acometerla con una factura energética más cara que la de sus competidores europeos y con reglas distintas a las de los productores extracomunitarios. «Para competir, los precios tienen que ser iguales», resumió Agustín Franco, presidente de la Comisión de Energía de Feique y director de Operaciones de Ercros, durante la mesa redonda ‘Hacia un precio energético competitivo: una prioridad para la Industria Química’, celebrada en Smart Chemistry: Green Industry Deal, dentro de Expoquimia 2026.

El foro, impulsado por Feique en Fira Barcelona, ha situado la competitividad industrial como condición imprescindible para avanzar hacia la neutralidad climática. Y la mesa energética dejó una idea clara: sin un precio final competitivo de la electricidad y del gas, la transición verde puede convertirse en una pérdida de capacidad productiva en Europa.

Moderada por Juan Antonio Labat, director general de Feique, la sesión ha reunido a Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con gran Consumo de Energía (AEGE); Verónica Rivière, presidenta ejecutiva de GasIndustrial; y Agustín Franco, que trasladaron la preocupación de la industria electrointensiva y gasintensiva ante el diferencial de costes que soportan las plantas españolas.

La factura final, no solo el precio del mercado

Pedro González ha puesto el foco en una cuestión que, a su juicio, suele quedar diluida en el debate público y es que no basta con mirar el precio del mercado eléctrico, sino la factura final que paga la industria. El director general de AEGE ha sostenido que, cuando se incorporan todos los elementos, un consumidor industrial en Francia puede tener un coste sensiblemente inferior al de una planta española.

«El precio del pool nos parece muy bien, pero hablamos de factura final», ha incidido González. También ha defendido la necesidad de activar palancas para reducir cargas impositivas, costes regulados y servicios de ajuste. Según ha explicado, la industria española se mueve en un entorno en el que el precio final puede situarse en torno a los 90 euros por megavatio hora, un nivel que dificulta competir con otros países europeos.

Ante esta situación, AEGE reclama equiparar el marco español al de otras economías industriales de la Unión Europea. Pedro González ha recordado que los consumidores industriales europeos cuentan con bonificaciones y mecanismos para no ver mermada su competitividad, mientras que en España el sector soporta un diferencial que, según sus estimaciones, puede elevar sus costes en torno a un 25% frente a competidores comunitarios.

El gas, una desventaja para la química

Juan Antonio Labat ha aclarado que la industria química no consume solo electricidad. En muchos procesos, especialmente aquellos que requieren calor para modificar estructuras moleculares, el gas sigue siendo imprescindible. Y en este punto, ha advertido, Europa parte de una posición de clara desventaja frente a otros grandes bloques industriales.

La presidenta ejecutiva de GasIndustrial, Verónica Rivière ha comparado el coste del gas en Estados Unidos, en torno a 8 euros por megavatio hora, con niveles europeos que pueden situarse alrededor de los 44 euros por megavatio hora. «Es complicado competir con Estados Unidos», ha resumido.

España, ha añadido, cuenta con una ventaja en términos de seguridad de suministro por sus siete plantas regasificadoras y por la diversificación de orígenes del gas. Sin embargo, esa infraestructura no elimina el problema de fondo: en un mercado globalizado, la molécula más cara termina marcando el precio. La volatilidad geopolítica, las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre en los flujos internacionales añaden presión a una industria que necesita contratos, estabilidad y previsibilidad.

CO₂: compensaciones estructurales, no coyunturales

La compensación por los costes indirectos de CO₂ fue otro de los grandes asuntos de la mesa. González ha explicado que AEGE estima que España debería movilizar entre 900 y 1.000 millones de euros en compensaciones para acercarse al máximo permitido y situar a la industria nacional en condiciones similares a las de otros países europeos.

Según ha expuesto, el año comenzó con una dotación de 244 millones, posteriormente elevada a 640 millones, pero el sector considera que sigue siendo insuficiente. El impacto de esas compensaciones puede ser decisivo. En concreto, González lo ha cifrado en torno a 24 euros por megavatio hora sobre el precio final de la energía.

Agustín Franco ha coincidido en la necesidad de que este tipo de medidas no dependan de decisiones puntuales. «Si se quiere ayudar, no se puede estar en el regate corto», ha manifestado. Para una compañía industrial, ha razonado, las decisiones de inversión y de transformación productiva se planifican a varios años vista. Saber si se contará o no con una reducción estable de costes energéticos condiciona la forma de fabricar, la viabilidad de nuevas inversiones y la capacidad de competir.

El representante de Ercros ha puesto como ejemplo el caso de Alemania, donde se ha establecido un compromiso plurianual para aplicar el máximo permitido en compensaciones. En su opinión, España debe avanzar hacia un marco estructural que dé certidumbre a la industria y no obligue a las empresas a negociar cada año medidas que afectan directamente a sus costes de producción.

Biometano, hidrógeno y el coste extra de descarbonizar

Durante el debate también ha habido tiempo para abordar el papel de los gases renovables, especialmente el biometano, como alternativa para procesos que no pueden electrificarse. Rivière ha defendido su desarrollo, pero ha pedido hacerlo con realismo y con una política industrial alineada con la de otros países europeos.

La presidenta ejecutiva de GasIndustrial ha alertado de que España ha publicado un borrador para impulsar el biometano sin que exista todavía un mercado nacional maduro. A su juicio, obligar a comprar una molécula que aún no está disponible de forma suficiente, con precio incierto y dudas sobre calidad, puede trasladar a la industria un sobrecoste que otros competidores europeos no soportan de la misma manera.

Finalmente, el planteamiento de fondo ha vuelto a ser el mismo. La descarbonización tiene un coste adicional y alguien debe asumirlo. Si ese sobrecoste recae directamente sobre la industria española mientras Francia, Alemania u otros países lo compensan o lo distribuyen de otra forma, el resultado puede ser una pérdida de competitividad.

El hidrógeno verde ha aparecido como otra vía de futuro, aunque con importantes retos pendientes. Rivière ha recordado que todavía faltan infraestructuras y mecanismos que permitan hacer llegar esa molécula a la industria en condiciones competitivas. En este punto, se ha mencionado la necesidad de contratos por diferencias y herramientas que reduzcan la brecha entre el coste actual de las tecnologías limpias y el precio que la industria puede asumir.

Los Perte necesitan continuidad

Los ponentes han coincidido en que los Perte de descarbonización han sido una herramienta relevante, pero han reclamado su continuidad, agilidad y visibilidad a largo plazo. Pedro González ha destacado que, una vez que los actuales programas llegan su fin, es necesario dar continuidad a las ayudas para que las empresas puedan planificar qué tecnologías tienen realmente disponibles.

Agustín Franco ha explicado que muchas inversiones industriales de descarbonización no generan un retorno económico directo para la empresa, sino beneficios medioambientales. Cambiar combustibles fósiles por alternativas bajas en carbono, electrificar procesos o modificar instalaciones exige inversiones cuantiosas que, en muchos casos, no se justifican por rentabilidad empresarial inmediata.

«Es una decisión de país y, concretamente, de Europa», ha señalado el representante de Ercros. La industria química asume que debe reducir emisiones, pero advierte de que hacerlo sin ayudas suficientes y sin un marco de precios competitivo puede acelerar cierres o desplazar producción hacia países con menores exigencias ambientales.

Costes regulados y mecanismos de capacidad

Otro de los puntos críticos ha sido el aumento de los costes regulados y de los servicios de ajuste del sistema eléctrico. González ha advertido de que, desde el 28 de abril de 2025 (día del apagón), algo ha cambiado en la operación del sistema. En concreto, la seguridad de suministro eléctrico exige más servicios, pero esa mayor seguridad también tiene un coste.

El director general de AEGE ha sostenido que los servicios de ajuste, que antes podían representar alrededor del 10% del precio eléctrico, se han multiplicado en los últimos meses. Su preocupación es que esa carga termine trasladándose a la demanda industrial, encareciendo aún más la factura.

También se han abordado los mecanismos de capacidad y las reservas estratégicas. Desde la industria se observa con preocupación que la generación y el almacenamiento puedan acceder a esquemas de retribución con visibilidad a largo plazo, mientras la demanda industrial opera con horizontes mucho más cortos. González ha expresado que, si la demanda participa en estos mecanismos, debe hacerlo en igualdad de condiciones y sin obligaciones que acaben forzando consumo en las horas más caras del año.

Franco ha reclamado, además, que medidas coyunturales como la reducción de peajes o la eliminación de determinados costes pasen a tener carácter estructural. «Queremos poder planificar y ahora no podemos», ha recalcado, antes de advertir de que la industria no pide privilegios, sino un marco que le permita competir.

Defensa comercial frente a productos con menores costes

La competitividad energética ha enlazado con otro debate estratégico como es la defensa comercial. Franco ha recordado que la industria química compite en mercados globales y que alrededor de una cuarta parte de su facturación se genera fuera de Europa. El problema, ha explicado, es que muchos productos importados llegan desde países donde no existen los mismos costes de CO₂, las mismas obligaciones regulatorias ni los mismos estándares ambientales.

«Si otros producen con condiciones diferentes, entra producto dopado», ha corroborado. Por eso, ha demandado mecanismos de defensa comercial que garanticen que los productos que llegan al mercado europeo compiten en condiciones equivalentes a los fabricados dentro de la Unión Europea.

El representante de Feique ha advertido de que los procedimientos antidumping se han multiplicado en los últimos años y ha defendido la necesidad de proteger la producción europea. También ha apelado a la pedagogía. En concreto, ha hecho alusión a que los consumidores y las empresas dicen querer productos más sostenibles, pero muchas veces terminan comprando la opción más barata, que no siempre es la fabricada en Europa ni la que soporta mayores exigencias ambientales.

El riesgo de deslocalizar emisiones

Los ponentes ha dejado una advertencia especialmente relevante. Si Europa encarece la producción limpia dentro de sus fronteras sin proteger a sus industrias, no reducirá necesariamente las emisiones globales. Puede limitarse a desplazar la fabricación hacia otros países con menores estándares ambientales.

Juan Antonio Labat lo ha expresado con claridad.  «La planta que no se construye aquí se construye en China», ha recalcado. En su opinión, mantener industria de base en Europa es imprescindible no solo para la autonomía estratégica, sino también para luchar contra el cambio climático desde estándares productivos más exigentes.

Los ponentes han coincidido en señalar en que la caída del consumo energético industrial no siempre debe interpretarse como eficiencia. En algunos casos, puede reflejar menor producción o deslocalización. La industria gasintensiva ha reducido su consumo de gas, pero parte de esa reducción puede estar vinculada a menor actividad. Lo mismo ocurre con la electricidad: dejar de fabricar en Europa para importar desde países menos sostenibles no resuelve el problema climático, solo lo desplaza.