Todos quieren renegociar: El Supremo pone en jaque la política arancelaria de Trump

El comercio internacional ha entrado en una fase inédita tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular buena parte de los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump. La sentencia cuestiona el alcance de las facultades del Ejecutivo para aplicar gravámenes de manera amplia y sostenida sin supervisión legislativa, al considerar que algunos de ellos excedían el marco legal invocado para justificarlos.

El fallo no es un matiz técnico. Supone un límite jurídico directo al uso de los aranceles como herramienta discrecional de política exterior y económica. En respuesta, la Casa Blanca activó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer un arancel global temporal —en este caso del 15 %— durante un máximo de 150 días para corregir desequilibrios en la balanza de pagos. Es decir, Washington ha pasado de una política arancelaria estructural a una solución provisional, sujeta a revisión y, previsiblemente, al escrutinio del Congreso.

Este giro institucional ha desencadenado una reacción en cadena que afecta a socios estratégicos de Estados Unidos y obliga a Europa a replantear su posicionamiento comercial.

De la ofensiva arancelaria a la transición normativa

Durante los últimos años, los aranceles se convirtieron en una herramienta central de la estrategia comercial estadounidense. Se aplicaron gravámenes elevados a determinados países y sectores, en algunos casos superiores al 50 %, con el objetivo de corregir déficits comerciales o ejercer presión geopolítica.

La intervención del Supremo altera ese equilibrio. Al invalidar buena parte de esas medidas, introduce un elemento de incertidumbre jurídica que impacta en acuerdos ya firmados y en negociaciones en curso. El nuevo arancel universal del 15 % no sustituye plenamente al esquema anterior; lo mantiene en una versión transitoria mientras se redefine el marco legal definitivo.

El resultado es un periodo de transición en el que ni los socios comerciales ni las empresas pueden anticipar con certeza cuál será la política arancelaria estadounidense a medio plazo.

Reacción internacional: pausa y cautela

La India ha sido uno de los primeros países en reaccionar, aplazando las negociaciones para cerrar un acuerdo comercial provisional con Estados Unidos a la espera de evaluar las implicaciones legales del nuevo escenario. El mensaje indica que antes de comprometerse, es necesario conocer la estabilidad del marco normativo.

En Europa, el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha pedido que se mantenga el acuerdo alcanzado el pasado verano entre la Unión Europea y Estados Unidos, que establecía un gravamen general del 15 % para productos europeos y la eliminación de aranceles a bienes industriales estadounidenses en el mercado comunitario.

El temor no se centra únicamente en el porcentaje aplicado, sino en la posibilidad de que la combinación del nuevo arancel universal con el tratamiento de nación más favorecida eleve de facto la carga impositiva o altere el equilibrio pactado. En otras palabras, el problema es la previsibilidad.

España y Bruselas: estabilidad y soberanía

Desde Bruselas, los ministros españoles de Agricultura y Asuntos Exteriores han subrayado la necesidad de cumplir los acuerdos y evitar «sobresaltos comerciales». La Comisión Europea ha reclamado «claridad total» a Washington, advirtiendo de que la imposición impredecible de aranceles debilita la relación transatlántica.

Sin embargo, más allá de la petición de estabilidad emerge un mensaje estratégico de mayor calado: la necesidad de reforzar la soberanía comercial europea es vital. El nuevo contexto acelera la agenda de autonomía estratégica, que pasa por profundizar en el mercado único, eliminar obstáculos internos y diversificar socios comerciales.

Los acuerdos recientes con India o los países de Mercosur adquieren así una dimensión adicional. No solo amplían mercados, sino que reducen la dependencia de decisiones unilaterales adoptadas en terceros países.

Aranceles: de barrera comercial a instrumento fiscal

El debate incorpora además una dimensión macroeconómica. Entre abril de 2025 y febrero de 2026, la Administración estadounidense ha recaudado en torno a 140.000 millones de euros en aranceles. Esta cifra convierte la política arancelaria en una herramienta con impacto fiscal directo.

Si esos recursos se devolvieran a los importadores, podrían estimular la demanda interna y aumentar el déficit; si se consolidan, refuerzan el papel de los aranceles como fuente de ingresos y palanca negociadora. En ambos casos, su función trasciende la mera protección comercial.

Una transición que redefine el tablero

La decisión del Tribunal Supremo estadounidense no ha desatado aún una guerra comercial, pero sí ha abierto una fase de transición que redefine el equilibrio entre poder ejecutivo, control institucional y estrategia comercial. En ese periodo intermedio, socios como India o la Unión Europea optan por la cautela, la revisión y la diversificación.

Para Europa, el mensaje pasa por que la estabilidad del comercio global ya no puede darse por supuesta. En un entorno donde una sentencia judicial interna puede alterar acuerdos internacionales, la soberanía comercial deja de ser un concepto teórico y se convierte en una prioridad estratégica.