Una deuda «sin precedentes», la inflación y la guerra, riesgos financieros para la UE

El nivel «sin precedentes» de deuda, la inflación y el impacto económico de la guerra de Rusia en Ucrania son los tres » crecientes riesgos» para la salud financiera del conjunto de la Unión Europea (UE), según los auditores europeos.

Así se expone en el informe sobre el presupuesto de la UE para 2023 publicado este jueves por el Tribunal de Cuentas Europeo, en el que se expone que la deuda del bloque «aumentó significativamente» el pasado año para alcanzar los 458.500 millones de euros. Esta cifra se podría duplicar próximamente porque la Comisión Europea podrá emitir otros 443.000 millones hasta 2026 para financiar los pagos del fondo de recuperación.

Según los auditores, el importe total de compromisos pendientes alcanzó los 543.000 millones de euros al final de 2023. Mientras tanto, la deuda de la UE alcanzó los 458.500 millones de euros en 2023, debido principalmente a los Next Generation EU, por valor de 268.400 millones de euros. Esta cifra supone multiplicar por dos la deuda que la UE tenía en 2021, cuando estaba en 236.700 millones de euros.

Ahora, la UE es uno de los mayores emisores de deuda de Europa y los auditores dudan sobre si la propuesta de recursos propios de la Comisión generará ingresos suficientes para reembolsar la deuda de los Next Generation EU.

La «elevada» inflación sigue afectando al presupuesto de la UE

El Tribunal de Cuentas señala que «la elevada inflación» sigue afectando al presupuesto de la UE. De hecho, con la inflación prevista por la Comisión, el presupuesto de la UE podría perder cerca del 13% de su poder adquisitivo para el final de 2025.

Por otro lado, los auditores apuntan que la ayuda financiera otorgada por la UE a Ucrania se duplicó con creces en 2023, de 16.000 millones a 33.700 millones de euros. Este crecimiento podría conllevar en el futuro un riesgo por posibles impagos, lo que ejercería presión sobre el presupuesto de la UE.

Además, el Tribunal advierte sobre los riesgos asociados al nuevo Mecanismo para Ucrania, establecido en 2024, que contempla la entrega de hasta 33.000 millones de euros en préstamos adicionales entre 2024 y 2027, sin necesidad de provisiones financieras para protegerse contra el incumplimiento de reembolsos. La preocupación radica en que, si Ucrania enfrenta dificultades para devolver estos préstamos, el presupuesto de la UE podría verse comprometido.

La tasa de errores e irregularidades se multiplica

El opinión del Tribunal de Cuentas para el presupuesto de 2023 es «desfavorable», entre otras cuestiones, porque la tasa de errores e irregularidades se ha duplicado desde 2020, cuando se situó en un 2,7%, hasta alcanzar del 5,6% en 2023. De esta forma, por cuarto año consecutivo, el presupuesto tuvo un nivel «significativo y generalizado» de irregularidades y errores, a los que hay que sumar 20 casos de posible fraude que fueron remitidos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

El presidente del organismo, Tony Murphy, explicó que este aumento en el nivel de errores puede deberse a una serie de factores, entre los que citó la «presión» que tienen los Estados para gastar los fondos pendientes asignados al periodo 2014-2020 o la «competencia» entre programas europeos de gasto.

«Insuficiencias» en el control del plan de recuperación

El Tribunal de Cuentas de la UE también ha presentado este jueves el informe sobre la ejecución de fondos europeos en 2023, en el cual advierte de que España presenta algunas «insuficiencias» en el mecanismo de vigilancia y control del plan de recuperación. No obstante, los auditores aseguran que el Gobierno está «en vías de solucionarlo» con la introducción de una herramienta informática llamada Minerva.

El organismo detalla que el sistema español de control de las ayudas anticrisis «no contiene información completa sobre el progreso de hitos u objetivos incumplidos ni sobre titulares reales, fuentes de financiación de la UE e importes pagados».

«Consideramos que las deficiencias que se detectaron en 2022 todavía persisten», señaló el miembro español del Tribunal de Cuentas de la UE, Alejandro Blanco.