Mujeres al Timón
Los nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y algunos servicios de las grandes tecnológicas entran en vigor este sábado. Aunque su primera liquidación no se producirá hasta dentro de tres meses.
Más de dos años después de su anuncio, los impuestos sobre transacciones financieras y determinados servicios digitales entran finalmente en vigor, aunque persisten las dudas sobre si lograrán la recaudación prevista y si podrían perjudicar a las inversiones.
El impuesto sobre determinados servicios digitales, con el que se espera recaudar 968 millones este año, grava con un 3 % algunos de los ingresos de las grandes tecnológicas, aquellas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo o más de tres millones en España.
En concreto, el tributo se dirige a los ingresos obtenidos de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario.
La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos ha advertido esta semana que este impuesto -al igual que otros similares adoptados en Austria y el Reino Unido- discrimina a las empresas estadounidenses, es inconsistente con los principios de la tributación internacional y restringe el comercio, por lo que evaluará «todas las posibles opciones».
La Oficina justifica estas acusaciones en un informe en el que, entre otras cuestiones, defiende que el impuesto discrimina a las empresas estadounidenses porque suponen 25 de las 39 compañías que según sus cálculos tendrán que abonar el impuesto y critica unas «complicadas reglas de localización» de los servicios para que encajen con la jurisdicción fiscal española.
Transacciones financieras
Por lo que respecta al impuesto sobre transacciones financieras, que espera ingresar 850 millones, grava con un 0,2 % las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.
En el ejercicio 2021, están sujetas a este impuesto las inversiones en empresas que superaban los 1.000 millones de capitalización el 16 de diciembre de 2020, un total de 57 compañías entre las que figuran Inditex, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Amadeus, Cellnex, Endesa, AENA, Siemens, Naturgy o Telefónica.
Estos impuestos están en línea con los que se negocian en distintos foros internacionales y el Gobierno ya ha mostrado su intención de adaptarlos una vez que se alcance un acuerdo, porque el objetivo de «avanzar hacia la fiscalidad del siglo XXI», según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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