La llegada de la fibra óptica a polígonos industriales y zonas rurales se verá facilitada al eliminar las tasas de obras e instalaciones destinadas a comunicaciones, según recoge la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 2019 que propone el Consell.

Entre otras novedades, el proyecto contempla la reducción de un 8% en las tasas académicas y medidas para acabar con la marginación digital en todo el territorio de la Comunitat Valenciana. En total, el texto incluye modificaciones parciales a 30 leyes con impacto presupuestario.

La reducción de tasas prevista se une a la de este año, un 7%. Los presupuestos incluirán una partida de 9,5 millones para compensar a las universidades por la reducción de ingresos. Según una nota de la Consellería de Hacienda, la Comunitat Valenciana, con esta rebaja, pasa de ser una de las autonomías con las matrículas universitarias más caras a estar en la media estatal.

Además, los presupuestos destinan 30 millones al sistema de becas que actualmente benefician a 43.000 alumnos.

Impulso a la fibra óptica

Otra de las novedades de la Ley de Acompañamiento es la eliminación de las tasas para la realización de obras e instalaciones destinadas a telecomunicaciones, tanto en zonas de dominio público como de protección de la carretera. Esta tasa se ha convertido en una auténtica barrera para llevar la Banda Ancha de al menos 30 Megabits a las zonas rurales y polígonos industriales de la Comunitat Valenciana, al convertirse en factor disuasorio de las inversiones por parte de las operadoras privadas.

Actualmente, el despliegue de fibra óptica es de una media del 60% en la Comunitat Valenciana, concentrado en municipios de más de 10.000 habitantes y zonas costeras, frente a las zonas rurales y de interior. En cuanto a los parques empresariales, solo el 20% cuenta con fibra óptica.

A modo de ejemplo, y teniendo en cuenta que la tasa supone un coste de 43 euros por metro lineal de conducción, llevar la fibra óptica desde un municipio a otro a 10 kilómetros, supone 430.000 euros por la autorización, obra civil al margen, con el añadido de que se trata de zonas con menor demanda. La tasa también penaliza la extensión a los polígonos industriales, en ocasiones alejados de los municipios.

La Ley de Acompañamiento autoriza asimismo la creación del Fondo FinInVal, que será gestionado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con el objetivo de impulsar financieramente proyectos de inversión e innovación que ejecuten las diferentes conselleries.

Para el año que viene se prevé la creación de dos instrumentos financieros en colaboración con la Agencia Valenciana de la Innovación: un programa de préstamos participativos heredero de la actual línea Innovación + del IVF y un fondo de capital riesgo gestionado por gestoras privadas que serían seleccionadas en convocatoria competitiva.

Por otro lado, la Ley de Acompañamiento prolonga hasta el 31 de diciembre de 2020 el plazo de ejecución del Plan de Inversiones Productivas (PIP) para salvar 125 millones de inversiones de una treintena de ayuntamientos.

Regulación de los puertos

El texto incorpora una modificación de la ley valenciana de Puertos con el fin de posibilitar que en los puertos de titularidad de la Generalitat, en aquellos casos donde la singularidad lo justifique, se pueda habilitar al Consell para regular y establecer nuevas formas de gestión autónoma de estas infraestructuras, después de aprobarse los estudios oportunos de viabilidad económica.

El anteproyecto amplía de 30 a 50 años el plazo de las concesiones sobre los puertos, confluyendo en los regímenes de plazos y prórrogas existentes en los puertos de competencia estatal y en los de la mayoría de las comunidades. La ampliación favorece la modernización, la competitividad nacional e internacional y la captación de inversiones hacia estas instalaciones, mejorando la eficiencia del sistema porturario valenciano y la conectividad con otras infraestructuras.

Deducción por autoconsumo en segunda residencia

Otra novedad es ampliar a la segunda residencia la deducción por instalaciones para autoconsumo eléctrico, con el propósito de reducir la emisión de gases contaminantes. La deducción se aplica en el tramo autonómico del IRPF respecto a las cantidades invertidas en este tipo de instalaciones.

Se simplifica la tributación de la compra-venta de vehículos de más de cinco años y la tramitación de cambio de titular, una medida que se estima beneficiará a 30.000 ciudadanos.