Sánchez abre la puerta al «modelo canario» para transformar la economía de Ceuta

La crisis vivida en Ceuta a finales de julio y la situación en la que actualmente se encuentra la ciudad autónoma ha terminado abriendo un debate que va mucho más allá del control de la frontera.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en su última comparecencia en el Congreso un cambio en el encaje económico de la ciudad autónoma dentro de la Unión Europea: avanzar hacia su integración en la unión aduanera, solicitar a Bruselas que Ceuta y Melilla sean reconocidas como regiones ultraperiféricas (RUP) y obtener para sus gobiernos una silla permanente en el Comité Europeo de las Regiones.

La iniciativa planteada sería una de las transformaciones económicas más relevantes para Ceuta de las últimas décadas. El referente más cercano está en Canarias, cuyo reconocimiento como región ultraperiférica permite adaptar determinadas políticas europeas a sus condicionantes geográficos y acceder a instrumentos específicos de apoyo.

La propuesta llega después de que el Consejo de Ministros aprobara el 1 de septiembre un real decreto-ley que moviliza 309 millones de euros para Ceuta en lo que resta de 2026 —el equivalente al 16% del PIB de la ciudad—, a los que Sánchez sumó en su comparecencia otros 100 millones extraordinarios.

Frente al carácter inmediato de esas ayudas, el estatus RUP apunta a una cuestión estructural: qué herramientas necesita Ceuta para compensar las desventajas derivadas de su situación geográfica y competir en mejores condiciones para atraer empresas, inversión y empleo.

Qué significa ser una región ultraperiférica

La Unión Europea reconoce actualmente nueve regiones ultraperiféricas, pertenecientes a solo tres Estados miembros: Canarias, en España; Azores y Madeira, en Portugal; y Guadalupe, Martinica, San Martín, Guayana Francesa, Reunión y Mayotte, en Francia.

Su singularidad está contemplada en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El régimen parte de una realidad económica concreta: la lejanía, la insularidad, la reducida superficie, el relieve, el clima y la dependencia de un número escaso de productos perjudican de forma permanente la competitividad de estos territorios. Por ello, el derecho europeo permite adoptar medidas específicas en fiscalidad, ayudas de Estado, acceso a fondos, agricultura, pesca, transporte y política comercial.

Ceuta comparte algunas de estas limitaciones, aunque su situación difiere de la canaria. Su reducido tamaño, la escasez de suelo, su condición fronteriza y la dependencia de determinados sectores condicionan las posibilidades de diversificación de su economía.

El principal obstáculo: la unanimidad de los Veintisiete

Es importante subrayar que se trata de una petición, y que su tramitación es considerablemente más compleja.

Ceuta y Melilla no encajan en los criterios que el artículo 349 asocia a la ultraperiferia. No hay miles de kilómetros ni un océano de por medio: entre Ceuta y la Península median unos catorce kilómetros de Estrecho.

En este caso, su singularidad es de otra naturaleza —son las dos únicas fronteras terrestres de la UE en África—, y ese fue precisamente el argumento esgrimido por Sánchez en el Congreso.

En cuanto al procedimiento, modificar el listado de regiones ultraperiféricas exigiría el acuerdo unánime de los Veintisiete y una reforma de los tratados, con las ratificaciones nacionales correspondientes.

El artículo 355.6 del TFUE contempla una vía simplificada, mediante decisión del Consejo Europeo, pero está reservada a territorios daneses, franceses y neerlandeses: fue la utilizada en el cambio de estatus de Mayotte y no resulta aplicable al caso español.

Canarias, el precedente que mira Ceuta

El caso canario resulta relevante porque demuestra que pertenecer plenamente al mercado europeo puede convivir con un tratamiento económico y fiscal diferenciado.

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias, regulado en la Ley 19/1994, incluye dos instrumentos sin equivalente en Ceuta.

La Zona Especial Canaria (ZEC) permite a las empresas que cumplen los requisitos de inversión, empleo y actividad efectiva aplicar un tipo del 4% en el Impuesto sobre Sociedades sobre la parte de la base imponible que reúna las condiciones normativas.

La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) permite reducir la base imponible hasta en un 90% del beneficio no distribuido procedente de establecimientos situados en las islas, siempre que se materialice después en las inversiones admitidas.

Ambos son regímenes de ayudas de Estado autorizados por la Comisión Europea y sujetos a las directrices comunitarias de ayudas de finalidad regional. No son concesiones permanentes: Canarias los renegocia periódicamente con Bruselas, y esa es exactamente la posición que Ceuta no ocupa hoy.

Ceuta ya parte de una fiscalidad ventajosa, y acaba de reforzarla

El debate no consiste en convertir a Ceuta en una réplica del modelo canario, porque el punto de partida tampoco es el mismo.

El real decreto-ley aprobado esta semana eleva de forma permanente del 50% al 60% la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades residentes en Ceuta y Melilla y para las que mantienen actividad y empleo en ellas, y mejora la deducción de gastos de difícil justificación para los autónomos en el IRPF. Ambas medidas suponen unos 12 millones de euros en 2026.

En el plano laboral, la bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social pasa del 50% al 75%, también con carácter permanente, para trabajadores con contrato indefinido que desarrollen acciones formativas, ampliándose además los sectores beneficiados a prácticamente toda la economía salvo el sector público. Su coste ronda los 36,6 millones anuales y, al extenderse también a Melilla, el apoyo agregado se sitúa en torno a los 100 millones anuales para los empresarios de ambas ciudades.

A ello se suma que Ceuta no aplica IVA: su imposición indirecta se articula fundamentalmente mediante el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).

La diferencia con Canarias, por tanto, no está en cuánto pagan las empresas, sino en la ausencia de mecanismos que incentiven la reinversión de los beneficios en el propio territorio y de un marco europeo estable que ampare tratamientos diferenciados.

La unión aduanera, el cambio más inmediato

El segundo elemento de la propuesta es probablemente el más relevante a corto plazo para las empresas. Ceuta forma parte de la Unión Europea, pero permanece fuera del territorio aduanero comunitario desde la adhesión de España en 1986, cuando ambas ciudades quedaron excluidas para evitar fricciones diplomáticas. En la práctica, cualquier intercambio de mercancías con la Península se tramita como una operación de importación o exportación.

Su incorporación modificaría ese marco y podría facilitar la integración de la ciudad en cadenas de suministro europeas. El reto será compatibilizarla con las singularidades fiscales que hoy funcionan como principal elemento diferenciador del territorio, algo que Sánchez vinculó expresamente al anunciar la medida.

Existe, además, un condicionante que ningún estatus comunitario resolvería por sí solo: el comercio con Marruecos. La aduana comercial de Melilla dejó de operar con normalidad en 2018 y los pasos acordados en la hoja de ruta bilateral de 2022 han tenido un uso prácticamente testimonial, con operaciones contadas y sujetas a restricciones de producto y horario decididas por Rabat.

De las ayudas de emergencia a un modelo económico

Este plan de choque destina 118 millones a acogida, 90 a seguridad, 80 a apoyo a empresas y trabajadores y 21 a servicios esenciales, e incorpora una línea de avales del ICO de 50 millones y una aportación de dos millones para impulsar una Sociedad de Garantía Recíproca en la ciudad.

La cuestión de fondo es si estos recursos servirán para amortiguar una situación excepcional o pueden convertirse en el punto de partida de una estrategia de transformación. El desafío para Ceuta sigue siendo convertir sus singularidades fiscales en actividad empresarial estable, y ahí los incentivos tributarios no bastan por sí solos: infraestructuras, conectividad, disponibilidad de suelo, capital humano, seguridad jurídica y acceso al mercado europeo forman parte de la misma ecuación.

Canarias dispone desde hace décadas de una arquitectura institucional, fiscal y europea diseñada para compensar sus desventajas estructurales. Ceuta cuenta con incentivos fiscales potentes, pero sin ese armazón que los convierta en inversión.

Queda por determinar qué medidas aceptaría Bruselas, cómo se compatibilizarían con el régimen fiscal ceutí y en qué plazos. Pero el debate abierto es sustancialmente distinto al de las ayudas extraordinarias de julio. Ya no se trata únicamente de cuánto dinero recibe Ceuta, sino de qué posición económica quiere ocupar dentro de España y de la Unión Europea en las próximas décadas.