Pasarela al RETA: qué se juegan los 100.000 mutualistas afectados

El Congreso de los Diputados afronta la votación definitiva de la llamada pasarela al RETA, la reforma de la Ley General de la Seguridad Social que permitirá a los profesionales colegiados adscritos a mutualidades alternativas trasladar sus derechos económicos acumulados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Es el último trámite: los diputados deben pronunciarse sobre las enmiendas que introdujo el Senado el pasado 9 de julio y, a partir de ahí, la norma queda lista para su publicación en el BOE y su entrada en vigor al día siguiente.

Detrás del tecnicismo hay un problema social que a día de hoy afecta a miles de profesionales. Se estima que la reforma afecta a alrededor de 100.000 personas en toda España, según los cálculos que maneja el sector, muchos de ellos con carreras de treinta o cuarenta años a las espaldas y expectativas de pensión que rondan los 400 o 500 euros mensuales.

Qué es y por qué existe

Durante décadas, determinados profesionales colegiados —abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros o médicos, entre otros— pudieron elegir legalmente entre darse de alta como autónomos en la Seguridad Social o adscribirse a la mutualidad de su profesión. Esa segunda vía, conocida como régimen de alternatividad, ofrecía cuotas más baratas y parecía un buen negocio. El problema apareció al llegar la jubilación.

Álvaro Ibáñez, socio del área de Laboral de INVA BPO, confirma que «fundamentalmente, porque se basa en un sistema de capitalización individual, por el cual el mutualista recibe exactamente lo que ha aportado a su propio fondo, con la rentabilidad del mismo. A diferencia del sistema público de reparto«, explica Ibáñez sobre el origen del desfase entre unas prestaciones y otras.

La pasarela habilita una vía excepcional y voluntaria para transferir a la Tesorería General de la Seguridad Social los derechos económicos acumulados en la mutualidad y convertirlos en periodos cotizados en el RETA. La operación tiene tres características que condicionan cualquier decisión: es voluntaria, es irreversible —quien cruza queda encuadrado de forma obligatoria y definitiva en el sistema público— y está exenta de tributación en el IRPF en el momento del traspaso.

Un colectivo reducido pero muy concentrado

El perfil del afectado es más específico de lo que sugieren las cifras globales. Según Ibáñez, se trata de «profesionales liberales que aún están prestando servicios por cuenta propia, algunos de ellos desde el inicio de su actividad profesional«. La concentración sectorial es clara. «En mi opinión, el sector más afectado dentro de las profesiones liberales sería la abogacía, procuraduría y arquitectura. Sin olvidar que pueda afectar a otros muchos, como los médicos», señala. La razón, apunta, es histórica: «fue en estos sectores dónde se ofreció la protección alternativa al régimen de la Seguridad Social y son profesiones que, históricamente, se desarrollan, en algunos casos, individualmente».

La letra pequeña: hasta un 33% de cotización perdida

El punto más técnico de la reforma, y el que más polémica ha generado, es cómo se traducen los euros acumulados en la mutualidad a años cotizados en el sistema público. El texto del Senado establece que la conversión tomará como referencia la base mínima de cotización del Régimen Especial que habría correspondido en cada periodo, sobre la que se aplicará un coeficiente situado entre el 0,67 y el 0,87. Además, la Cámara Alta eliminó la actualización conforme al IPC que sí contemplaba el texto aprobado por el Congreso en junio.

En cuanto al impacto, preguntado por cuánta cotización pierde el mutualista, Ibáñez es tajante: «aproximadamente entre un 13% y un 33% de cotización efectiva, dependiendo del coeficiente aplicado, ya que el canje no supone el cambio de un euro de aportación a la mutualidad por un euro de cotización en el RETA«.

Esa distancia explica la insistencia de las plataformas de afectados en reclamar esta pasarela, es decir, que cada mes aportado a la mutualidad valga exactamente un mes cotizado en el sistema público. La fórmula 1×1, que es como se llama, solo se ha reconocido de forma parcial y para los colectivos de mayor edad: quienes hayan cumplido 52 años a 31 de diciembre de 2026 verán computado cada mes completo de alta en la mutualidad como un mes completo en el RETA, aunque únicamente a efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de jubilación ordinaria.

¿A quién le compensa cruzar?

Aquí está la pregunta que se hacen miles de profesionales y la que exige, en palabras del experto, un estudio individualizado previo. Ibáñez recomienda partir de un análisis de la situación actual y de su rendimiento presente y futuro, teniendo en cuenta que siempre cabe la opción de acudir a fórmulas de ahorro complementarias. Las variables que más pesan, son «la edad del mutualista, perspectiva profesional, aportaciones, capacidad económica actual y futura y, sobre todo, límite temporal para acogerse a la prestación deseada«.

Con esas cautelas, su recomendación general distingue dos grandes grupos: «Los perfiles de mayores edades y, en consecuencia, más cercanos a la prestación por jubilación, la recomendación es asumir y cruzar esa pasarela. Para los más jóvenes, la decisión es menos clara por las posibilidades que puedan aparecer durante su desarrollo profesional».

Para ese mutualista más joven, que queda fuera de la fórmula 1×1, el margen dependerá de hasta dónde llegue la equiparación del sistema mutualista. «Si realmente se llega a una situación de equidad de ambos sistemas, tanto uno como otro sería una buena decisión«, razona Ibáñez, aunque su conclusión es clara: «en mi opinión, y a la vista de la expectativa del sistema alternativo, recomendaría el traspaso«.

El espejismo fiscal del diferimiento

La exención en el IRPF ha sido celebrada como uno de los grandes logros de la reforma, porque evita que el traspaso genere una factura fiscal inmediata que habría desincentivado la operación. Conviene, sin embargo, entender qué significa exactamente.

«Al no haber tributado entonces por esas aportaciones, la pensión pública resultante tributará después íntegramente como rendimiento del trabajo, igual que ya ocurriría hoy si el mutualista rescatara el fondo sin acogerse a la pasarela«, matiza Ibáñez. No hay, subraya, una desventaja frente a quedarse en la mutualidad, «sino el mismo esquema de diferimiento de siempre: no tributar al aportar, tributar al cobrar«.

El cálculo, por tanto, depende del nivel de renta futuro. Pasar ese dinero a renta pública implica sumarlo al resto de ingresos y tributar año a año, lo que puede resultar más beneficioso si la pensión es baja, y menos si es elevada. La situación menos ventajosa, advierte el experto, es la de los mutualistas con altos ingresos en el momento del cobro: «los profesionales que dispongan de otras fuentes de ingresos, como alquileres, una vez jubilados, pues los situará en la parte alta de la escala«.

Hay además un hecho que influirá. Quien se dedujo sus aportaciones a la mutualidad lo hizo por dos vías distintas y en ambos casos lo ya deducido no se revisa. La incógnita está en las aportaciones antiguas que en su día no pudieron deducirse ni reducirse por superar los límites entonces vigentes: en un rescate ordinario de mutualidad esa parte no vuelve a tributar, pero, según apunta Ibáñez, no es evidente que esa proporción libre de tributación se mantenga una vez convertida en años de cotización del RETA, porque una pensión pública ordinaria no contempla ese mecanismo. Es uno de los puntos que debería aclarar el reglamento.

Documentación: hay que empezar a buscarla ya

Aunque la ley todavía no está en vigor y el procedimiento concreto se fijará por reglamento, la recomendación del asesor es no esperar. La documentación deberá acreditar la situación del mutualista con carácter previo a la solicitud, y buena parte de esos fondos se remontan décadas atrás.

«Mi recomendación es que vayan recopilando los contratos, certificados de aportaciones e incluso los justificantes bancarios de su abono, pues hay fondos que se remontan a muchos años atrás y cuya documentación original será complicada de conseguir«, advierte Ibáñez.

El aviso tiene una derivada fiscal concreta: para las aportaciones anteriores a 1999, Hacienda aplica reglas especiales sobre qué parte del rescate tributa, y la falta de documentación juega en contra del mutualista. Guardar contratos, certificados y justificantes de pago no es solo un requisito administrativo de la pasarela, sino la prueba que puede evitar tributar de más el día de mañana.

¿Tienen futuro las mutualidades alternativas?

La reforma no elimina el régimen de alternatividad. Los nuevos colegiados podrán seguir eligiendo entre la mutualidad y el sistema público, si bien las mutualidades deberán elevar progresivamente sus prestaciones hasta alcanzar el 86% de la cuantía mínima de las pensiones del sistema de Seguridad Social en 2026, el 93% en 2027 y el 100% en 2028. El Gobierno, además, deberá elaborar antes del 31 de diciembre de 2030 un informe de evaluación sobre la continuidad del modelo.

Para el socio laboral de INVA BPO, el diagnóstico no deja mucho margen a la interpretación: «basándome en la información obtenida, estamos ante una prolongación artificiosa del sistema alternativo».

Esta última votación cierra un recorrido parlamentario que arrancó con el registro de la proposición de ley por el Grupo Socialista en el 2024 y que ha vivido un notable vaivén: el Congreso amplió en junio el acceso hasta incluir a los mutualistas ya jubilados y recuperó en julio esa exclusión, dejando fuera a quienes ya perciben cualquier pensión, pública o de la propia mutualidad, salvo en los casos de viudedad.