El sector turístico alerta de que subir el IVA al 21% dañaría su competitividad

En las últimas semanas, el futuro de la fiscalidad aplicada al turismo vuelve a generar controversia. La recomendación de revisar determinados tipos reducidos del IVA, entre ellos el aplicado a actividades turísticas, ha abierto un debate entre instituciones europeas, administraciones y organizaciones empresariales.

Actualmente, buena parte de los servicios vinculados al turismo, como el alojamiento hotelero o la restauración, tributan al tipo reducido del 10%. La posibilidad de elevar ese gravamen hasta el tipo general del 21% supondría un cambio significativo para una de las principales industrias de la economía española.

España mantiene desde hace décadas una posición de liderazgo como potencia turística mundial, una condición que, según el sector, depende tanto de la calidad de la oferta como de la capacidad para mantener precios competitivos frente a otros destinos del Mediterráneo y del resto de Europa.

«Subir el IVA encarecerá los precios y restará competitividad»

El consejero delegado de Destinia, Ricardo Fernández, considera que una subida del IVA tendría un efecto inmediato sobre el bolsillo de los consumidores y sobre la posición competitiva de España en el mercado turístico internacional.

«Subir el IVA encarecerá los precios para los consumidores, es obvio. En un escenario en el que España se ha encarecido como destino desde la pandemia, nos restará competitividad como destino internacional«, señala.

Fernández recuerda que el turismo español recibe perfiles de viajeros muy diversos y que una parte importante de ellos toma sus decisiones en función del precio.

«España recibe cerca de 100 millones de visitantes, muchos de ellos atraídos por la excelente relación calidad-precio del destino. Si aumentamos el IVA perderemos competitividad frente a nuestros principales rivales del Mediterráneo, como Turquía, Grecia, Portugal, Egipto o Marruecos«, explica.

Menor demanda, menos conectividad y estancias más cortas

Desde la perspectiva de Destinia, el impacto no se limitaría al incremento del precio final de los viajes. El CEO de la compañía prevé una serie de efectos en cadena que afectarían tanto a la demanda internacional como al turismo nacional.

En primer lugar, considera que los viajeros más sensibles al precio podrían optar por otros destinos más económicos. Además, advierte de que los grandes turoperadores europeos podrían modificar su programación.

«Los principales turoperadores en mercados clave como Reino Unido y Alemania buscarán destinos más competitivos, lo que podría traducirse en una pérdida de capacidad aérea hacia España«, afirma.

A ello se sumaría el efecto sobre el mercado doméstico. Según Fernández, los viajeros españoles también tendrían que adaptar sus presupuestos, reduciendo el gasto o acortando la duración de sus vacaciones.

Las empresas buscarían alternativas, pero los destinos no

Ante un escenario de mayor presión fiscal, las agencias de viajes y los intermediarios turísticos tendrían margen para diversificar su oferta, aunque reconocen que esa estrategia no resolvería el problema de fondo.

«Los intermediarios podremos programar otros destinos para seguir ofreciendo opciones competitivas a nuestros clientes, pero una caída de la demanda solo puede mitigarse. Los destinos turísticos no tienen esa alternativa. Si reciben menos visitantes, simplemente generarán menos riqueza«, sostiene el máximo responsable de Destinia.

Esta visión coincide con la preocupación expresada por diferentes organizaciones empresariales, que consideran que una subida del IVA podría tener efectos sobre la actividad económica y el empleo en un sector que representa uno de los principales motores de la economía española.

Riesgo para el empleo y la inversión

Las organizaciones económicas también advierten de que el turismo constituye uno de los mayores generadores de empleo en España. Cualquier reducción de la demanda, aseguran, podría traducirse en una menor contratación, especialmente durante las temporadas de mayor actividad.

Además del empleo, el sector considera que un aumento de la fiscalidad podría ralentizar inversiones previstas en establecimientos hoteleros, restauración y nuevos proyectos vinculados a la modernización de la oferta turística.

En los últimos años, buena parte de las empresas han destinado recursos a la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia del visitante, inversiones que podrían verse condicionadas por una reducción de los márgenes empresariales.

¿Existen alternativas para aumentar la recaudación?

Desde Destinia defienden que incrementar la recaudación pública no pasa necesariamente por elevar el IVA del turismo. Ricardo Fernández recuerda experiencias anteriores en otros países europeos que, según indica, no obtuvieron los resultados esperados.

«Estas medidas ya se han probado, por ejemplo en Portugal, sin el efecto deseado, hasta el punto de que posteriormente se redujo nuevamente el tipo del IVA«, afirma.

En su opinión, la estrategia debería centrarse en incrementar el valor añadido del destino España.

«La mejor fórmula para aumentar la recaudación es seguir invirtiendo en calidad, infraestructuras y servicios. El crecimiento debe venir de que los turistas gasten más porque encuentran una oferta de mayor valor, y de atraer visitantes con mayor capacidad adquisitiva, no de incrementar la presión fiscal«, concluye.

Un debate que seguirá abierto

La discusión sobre el IVA turístico previsiblemente continuará en los próximos meses dentro del marco del debate sobre la reforma fiscal. Mientras algunos expertos defienden revisar determinados beneficios tributarios para incrementar los ingresos públicos, el sector turístico insiste en que mantener un tipo reducido constituye una herramienta para preservar la competitividad de una actividad estratégica para la economía española.

Por el momento, la propuesta forma parte de las recomendaciones europeas y no existe una decisión adoptada para modificar el tipo de IVA aplicable al turismo. Sin embargo, el debate ya ha reabierto la confrontación entre los objetivos de consolidación fiscal y la necesidad de proteger uno de los sectores que mayor riqueza y empleo genera en España.