Protesta de VTC en Valencia por el riesgo de perder miles de empleos

El sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC) ha salido a las calles de Valencia para mostrar su rechazo ante la posible prohibición de su actividad en entornos urbanos. Las asociaciones y sindicatos advierten de que esta medida, que podría incluirse en un nuevo decreto de movilidad impulsado por la Generalitat Valenciana, tendría un fuerte impacto económico y laboral en la región.

Protesta del sector VTC en Valencia

La movilización, convocada por el Sindicato Libre de Transporte y respaldada por organizaciones como Unauto VTC, MOVVA y FENEVAL-VTC, ha recorrido algunos de los principales ejes de la ciudad en una marcha lenta que ha partido desde distintos puntos estratégicos.

Los manifestantes denuncian la falta de información oficial sobre el decreto y reclaman diálogo con la administración autonómica. Según el secretario de Organización del SLT, José María Cazallas, el sector ha conocido «por vías no formales» la intención del Consell de limitar o eliminar los servicios urbanos de las VTC.

Impacto económico: hasta 5.000 empleos en riesgo

Uno de los principales argumentos del sector es el impacto directo sobre el empleo. Las asociaciones cifran en aproximadamente 5.000 los puestos de trabajo que podrían perderse en la Comunitat Valenciana si se restringe la actividad urbana, que representa cerca del 80% del negocio.

Además, el presidente de MOVVA, Ricardo González, estima que la medida podría provocar la desaparición de cientos de empresas y generar un impacto económico superior a los 200 millones de euros.

Actualmente, existen unas 1.800 licencias VTC en la comunidad, concentradas principalmente en áreas urbanas como València y Alicante.

Reivindicación de una regulación equilibrada

El sector no rechaza la regulación, pero sí exige un marco normativo claro y estable que permita su convivencia con el taxi, como ocurre en otras regiones. Ciudades como Madrid, Sevilla o Málaga son citadas como ejemplos donde ambos modelos coexisten bajo reglas definidas.

Desde las asociaciones insisten en que las licencias VTC son legales y cuentan con respaldo normativo y judicial, rechazando las acusaciones de intrusismo por parte del sector del taxi.

Incertidumbre y falta de diálogo institucional

Otro de los puntos críticos es la falta de comunicación con la administración. Según denuncian, las solicitudes de reunión con la Conselleria de Infraestructuras y Territorio no han obtenido respuesta, lo que incrementa la incertidumbre en el sector.

Las organizaciones reclaman la apertura de una mesa de negociación que permita definir el futuro del transporte urbano en la Comunitat Valenciana sin poner en riesgo miles de empleos ni la viabilidad de un servicio que consideran “esencial” para la movilidad.