Una de las normativas más importantes de la legislación española es la ley concursal. Se trata de una ley de 700 artículos dividida en tres libros que busca regular todas aquellas situaciones de impago entre deudores y acreedores. Esto se aplica cuando alguna empresa llega a una situación de insolvencia y no puede pagar sus compromisos. Generalmente, ocurre por una merma en los ingresos o por negligencia de sus directivos. Esta reformada ley propone una serie de pasos para llegar a una solución formal para ambas partes.

¿Qué es la ley concursal?

La ley concursal en España es todo un conjunto de normas que sirven para administrar y controlar los procesos concursales. Estos procedimientos pueden abarcar desde pagos pendientes a los deudores hasta liquidación forzada, entre otros. Está diseñada para las empresas que están en un conflicto económico con un tercero y necesitan resolverlo de manera legal. Una vez que se ejecuta este mecanismo, inmediatamente se cancela la suspensión de pagos y, en la mayoría de los casos, llega la quiebra de la compañía. Para resolverlo se instaura un concurso de acreedores.

Una situación de insolvencia puede ser bastante compleja, especialmente para los dueños. No poder afrontar las responsabilidades adquiridas pone a la empresa en una coyuntura difícil de salir, ya que los acreedores buscan su respectivo pago. Por esta razón, la ley concursal busca que todas las partes salgan satisfechas a través de pasos que han sido revisados hace poco tiempo. Ahora la ley es mucho más dinámica, amena y con una gran organización en todos sus capítulos que permiten resolver el problema rápidamente.

¿Cuál es el objetivo de la ley concursal?

El principal objetivo de la ley concursal es ayudar a las empresas a salir de la crisis de insolvencia en la que están inmersas. La insolvencia puede estar provocada por un déficit temporal o definitivo de liquidez en la que sus activos no son suficientes para cubrir los costes. Esta normativa intenta que ambas partes involucradas lleguen a un acuerdo, bien sea por liquidación o por quita y espera. Este último es uno de los pasos más usados, ya que los acreedores acceden a disminuir un porcentaje de la deuda.

La ley fue reformulada para facilitar el proceso tanto para el juez como para el deudor y acreedor una vez que se llega a una situación de insolvencia. Que es cuando el empresario se declara en quiebra y se da inicio al proceso concursal. En estos casos el patrimonio total es inferior al monto de las deudas que ha adquirido la compañía. Por lo tanto, la ley concursal es una forma muy inteligente de poder resolver situaciones de impagos entre varias compañías.

¿Quién puede acogerse a la ley concursal?

Personas físicas y jurídicas pueden acogerse a la ley concursal. En el primer caso, basta con que sea el mismo deudor o uno de sus acreedores quien solicite el proceso. Mientras que si se trata de una persona jurídica tendrá el derecho de decidir si solicitar la liquidación o hacer el procedimiento concursal. A su vez, las entidades que no tengan personalidad jurídica también pueden beneficiarse de esta normativa. Para ello, el proceso recaerá en la persona que sea el representante legal de la organización, quien será el que responderá ante la ley.

Por otro lado, si el que presenta la solicitud es el mismo deudor se hará un concurso voluntario. En caso contrario, si la solicitud la hace el acreedor el concurso es obligatorio para la compañía. De este modo, este mecanismo ofrece muchas oportunidades para las dos partes involucradas. Por ende, siempre es importante analizar nuestra situación para determinar si es la mejor manera de solucionar este inconveniente. Una vez aquí estaremos en manos de un juez y de una junta que decidirá lo mejor para los involucrados.

¿Cómo acogerse a la ley de segunda oportunidad?

Para tener todos los beneficios de la ley de segunda oportunidad es necesario cumplir con algunos requisitos. En primer lugar, es indispensable que el deudor presente pruebas de que no cuenta con el patrimonio necesario para pagar sus obligaciones. Además, la cantidad no puede superar los cinco millones de euros y debe haberse contraído de buena voluntad. Esto último puede ser bastante subjetivo, así que el juez debe valorar todo el contexto en el que se produjo la negociación.

Además, el deudor también debe haber buscado algún acuerdo extrajudicial para pagar sus obligaciones. No importa si fue una ampliación de los plazos o alguna negociación, pero esto es obligatorio para que el juez determine la buena fe. Por otro lado, el pagador no puede tener condena alguna por delito financiero contra entidades públicas. Aquí también se incluyen a los trabajadores y el plazo mínimo es de diez años. Por último, el deudor no debe ser declarado culpable en el concurso de acreedores, ya que le caería todo el peso de la ley.

¿Dónde se solicita la ley de segunda oportunidad?

Todo el proceso se inicia con la solicitud por escrito al notario en caso de ser persona física. Mientras que las personas jurídicas lo harán ante el Registro Mercantil más cercano. En este documento deberán constar todos los detalles de la situación de la empresa junto a los ingresos y egresos. Este paso es fundamental, ya que es el punto de partida para las siguientes etapas. Y si este no es aprobado no podremos aprovechar la segunda oportunidad. Así que debemos tomarnos el tiempo que sea necesario para redactarlo.

Entre todos los datos que hay que adjuntar están: certificado de rentas, impuestos, nóminas recibidas, subsidio por desempleo, cuentas anuales, etc. Posteriormente, se llevarán los documentos ante el notario o registrador y, a continuación, se expedirá el acta que dará inicio al proceso. A esto le llamamos la solicitud y puede tardar más o menos dependiendo de las negociaciones que hagamos con los acreedores. Sin embargo, con la asesoría adecuada podremos tener muchas posibilidades de ganar este procedimiento.

¿Quién es el administrador concursal?

El administrador concursal es un funcionario que nombra el juez que se dedica a gestionar un concurso de acreedores. Este cargo está tipificado en la ley 22/2003 y es imprescindible que quien lo ejerza cuente con experiencia económica o jurídica. Obviamente, no pueden ser designadas personas que tengan relación alguna con el deudor o directivo de la empresa. Es imperativo que este profesional sea extremadamente objetivo a la hora de tomar una decisión, ya que hay mucho en juego para ambas partes.

Este funcionario será el encargado de detallar cada uno de los documentos para tomar la decisión que se ajuste a la coyuntura. Las partes en conflicto deberán acatar cada una de las instrucciones que emita sin importar nuestra opinión. Por ello, siempre es ideal llegar a un acuerdo para pagar los compromisos mediante alguna negociación. La ley concursal ofrece grandes beneficios, pero las consecuencias pueden ser grandes para quien no resulte favorecido. En este sentido se deben cumplir a cabalidad todos los requerimientos para aprovechar al máximo las ventajas de la ley.