Teruel 1 – Valencia 0, así iniciábamos la tribuna de este fin de semana, al tener constancia de cómo la compañía que preside Fernando Roig, Grupo Pamesa había conseguido obtener en 18 meses la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) necesaria para poder explotar una mina de arcillas blancas y arenas feldespáticas en Estercuel (Teruel).

Un proceso administrativo que contrasta sobremanera con el problema que Fernando Roig ponía sobre la mesa el pasado mes de junio durante la rueda de prensa de presentación de resultados del Grupo: “Llevamos 8 años solicitando a la Administración poder desarrollar una mina de arcillas en el término valenciano de El Puig y no hemos obtenido respuesta”, lamentaba.

“Necesitamos que nos den una contestación, que nos digan si sí o si no, pero lo que es incomprensible es que la Administración sea tan lenta”, reclamaba el presidente del Grupo Pamesa.

Economía 3 ha indagado sobre el asunto que implica a varias Administraciones para tratar de esclarecer dónde está el problema y en qué punto se encuentra el asunto en estos momentos:

El que es el primer productor europeo de cerámica y séptimo a escala mundial, Grupo Pamesa –que prevé cerrar este año con unas ventas agregadas de 1.100 millones y un beneficio de 100 millones–, tiene entre sus objetivos llegar a reducir la importación de materia prima del extranjero entre un 15-20%.

Para lograrlo, y en busca de una mayor sostenibilidad, está tratando de proveerse de canteras más cercanas a sus centros de producción, entre ellas, Villar del Arzobispo, Teruel, Utiel y esta misma de El Puig.

Los inicios

En 2013, la firma Ingeniería y Urbanismo del Mediterráneo, SL tramitó un permiso de investigación para analizar los minerales de una cantera que había sido utilizada para la extracción de zahorras y áridos durante la construcción de la A-7, en el término municipal de El Puig.

Tras los sondeos, catas y análisis llevados a cabo en el ITC, se determinó que las arcillas eran aptas para la industria cerámica. Se valoró que las reservas ascendían a unos 4 millones de toneladas. Un volumen que se destinaría íntegramente a Pamesa según el acuerdo firmado entre la azulejera y la empresa de ingeniería que ese mismo año inició los trámites para solicitar el permiso de explotación de la mina. Es decir, hace exactamente ocho años.

Fue en el pleno del 30 enero de 2014, cuando el Ayuntamiento de El Puig hizo una aprobación inicial del expediente. Constaba de un Plan Especial Minero y aparejado al mismo, el proyecto de explotación de la mina y lo elevó a la administración autonómica para que siguiera su curso.

Las complicaciones

Un trámite que, tal y como reconocen desde el Ayuntamiento, quedó “enquistado entre las consellerias de Urbanismo y Medioambiente, que presentaban asimismo divergencias de criterios” y que finalmente fue denegado cuatro años más tarde por la Conselleria de Medioambiente (ya por entonces Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica).

Echando la vista atrás, fuentes municipales de El Puig admiten que el expediente, que finalmente fue paralizado, nació con “algunas incidencias” y “conflictos de intereses” pues eran varios los interesados en sacar adelante el proyecto.

Según hemos confirmado con Raúl Vélez, responsable de la firma Ingeniería y Urbanismo del Mediterráneo, SL se presentaron dos proyectos de explotación diferentes, pero se determinó “que uno de ellos cayera y el otro subsistiera”.

Tal y como afirma el promotor, este hecho «no retrasó» más de lo previsto la tramitación y «en absoluto», fue causa de que a la postre, Medioambiente lo echara para atrás.

Viabilidad ambiental

En cambio, a su juicio, fue decisivo el hecho de que, según la recomendación que hizo la Conselleria de Urbanismo, el Ayuntamiento de El Puig presentara directamente el Plan Especial para la ordenación de usos y aprovechamiento minero y el Proyecto de Explotación, sin haber solicitado una valoración inicial a Medioambiente para ver si ese uso podría o no tener viabilidad ambiental, relata Raúl Velez.

Otro hecho que también pudo incidir en el rechazo del expediente por parte de Medioambiente pudo ser el modo de tramitarlo. El Ayuntamiento de El Puig incoó el trámite, según había recomendado Urbanismo, tomando en consideración dos instrumentos diferentes: el Plan Especial para la ordenación de usos y aprovechamiento minero y el Proyecto de Explotación de la mina. Para Medioambiente esto no era lo correcto, debían haberse tramitado de forma conjunta.

Lo cierto es que ambos expedientes siguieron cursos diferentes, pero según Velez, tarde o temprano los dos llegarían a Medioambiente que podría haber hecho una valoración conjunta.

Y la pregunta que hemos hecho a las partes y sigue sin contestación: ¿Por qué no están claros los criterios y pasos que debe seguir una empresa frente a la Administración? ¿Quién decide y por qué cómo se debe tramitar un proyecto, acaso el funcionario de turno que, siete años más tarde, nadie sabe responder por él?

Nuevo Consell

Otra tercera pata que puede explicar esta dilatación burocrática, fue el cambio de manos en la Administración autonómica. En 2015, el Partido Popular cedió la Generalitat al Gobierno del Botànic liderado por Ximo Puig, quien dejó en manos de Compromís, la cartera de Agricultura y Medioambiente.

Las consecuencias

Fuera por el hecho de no enviar la documentación para ver si ese uso tendría cabida según una evaluación ambiental previa o por el hecho de haberse tramitado por separado ambos expedientes (plan de ordenación y plan de explotación), o por el cambio de Gobierno de la Generalitat, lo cierto es que 4 años después de que el pleno del Ayuntamiento de El Puig aprobara el 30 de enero de 2014 el expediente para iniciar la tramitación de la mina de la que se beneficiaría Pamesa, la Conselleria lo desestimaba.

Es decir, la solicitud por la que finalmente Pamesa podría extraer las arcillas a apenas 50 kilómetros de sus plantas no iba a poder avanzar más.

Tras este jarro de agua fría, no quedaba más remedio que iniciar un nuevo expediente.

Contraatacar de nuevo

De nuevo se plantearon dos opciones: o bien que se incoara este nuevo expediente a través del Ayuntamiento de El Puig o bien que fuera el propio promotor (Ingeniería y Urbanismo del Mediterráneo en nombre de Pamesa) el que a través de Minas (dependiente de la Conselleria de Economia Sostenible) iniciara el expediente.

Según relata Vélez, “desde Minas insistieron en que, por aquel entonces (2018) estaban muy saturados, por tanto, solicitamos al municipio de El Puig que iniciara él mismo el trámite”.

Y de nuevo la pregunta: ¿Cuántos expedientes pudieron coincidir en ese momento, qué capacidad técnica y humana tenía y tiene el departamento? ¿Está justificada la saturación?

Empezar de cero

A la ingeniería no le quedó más remedio que presentar de nuevo la documentación el día 19 de septiembre de 2019 al Ayuntamiento, el cual se la remitió a la Administración autonómica el 25 de septiembre 2019.

Prácticamente un año después, el 5 de noviembre de 2020, la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural comunicó al Ayuntamiento el visto bueno a ese uso –de modo que fuera posible autorizar la extracción de arcillas– y consideró además que el Plan Especial para la ordenación de usos y aprovechamiento minero debía seguir el procedimiento simplificado, es decir, debía ser aprobado directamente por el propio Ayuntamiento.

No obstante, la Conselleria emitió un informe con una serie de condicionantes que fueron requeridos al promotor, el cual subsanó. Una vez rehecho el plan, el 10 de junio de 2021, mediante decreto, el Ayuntamiento de El Puig aprueba inicialmente el Plan especial para la ordenación de usos y aprovechamiento minero redactado por Ingeniería y Urbanismo del Mediterráneo y lo somete a exposición pública.

Los últimos datos…

Al mismo, se han presentado dos alegaciones menores que quedan resueltas con las medidas correctoras que prevén aplicarse, como ampliar el camino y mejorar su firme, por lo que está previsto que en los próximos días llegue la aprobación definitiva del Plan Especial por parte del Ayuntamiento.

Ahora bien, para llevar adelante el proyecto de explotación, la actividad ha de someterse a impacto ambiental y, por tanto, solicitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Conselleria que dirige Mireia Mollà. Expediente que podría llegar a los despachos de la conselleria en octubre de 2021.

Por tanto, el trámite que en Teruel se ha resuelto en 18 meses (desde marzo de 2020 que se iniciaron los primeros análisis del terreno hasta el pasado día 16 de septiembre con la comunicación de la DIA que hizo Pamesa), en Valencia, de momento ya se prolonga más de dos años (solo teniendo en cuenta el nuevo expediente y no la tramitación inicial que databa de 2013). Y al menos, según las previsiones, no se obtendrá el aprobado ambiental hasta dentro de 4 o 6 meses.

Por último y en ambos casos, tanto en Estercuel como en El Puig falta el visto bueno de Minas (que más bien se considera una tramitación administrativa una vez obtenida la DIA) para empezar a operar.

Impacto

Lo cierto es que, Pamesa cree que podrá ofertar ya en Teruel 100 puestos de trabajo, de los cuales entre 15 y 20 estarán destinados a la extracción de arcilla y el resto al transporte hasta Castellón.

Además, calcula el presidente Fernando Roig que explotar la mina de El Puig (que está mucho más cerca que la de la zona de Villar del Arzobispo que actualmente explota) supondría un ahorro de 680.000 km anuales: “Con lo que en estos 6 años que podría llevar la mina funcionando, se podrían haber evitado anualmente la emisión de 532 toneladas de CO2 a la atmósfera “.

Téngase en cuenta su impacto laboral o medioambiental, la conclusión es la misma: no pongamos trabas a la iniciativa privada.

Seguimos recabando información que les detallaremos puntualmente para dar voz a nuestras empresas.