¿Son los ayuntamientos las administraciones públicas que más tardan en pagar sus deudas? La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar el último informe del Ministerio de Hacienda relativo a los plazos medios de pago de las administraciones, ha alertado de que 96 ayuntamientos tardan de media más de un año en pagar. Ascendiendo su deuda a casi 213 millones. 

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, exige que se implementen de una vez por todas medidas eficaces para atajar la lacra de la morosidad y las deudas. Tanto en el sector privado como en el público. Cañete recuerda que está sobre la mesa «la posible multa que está estudiando imponernos la Unión Europea«. Según indica, se está analizando «exhaustivamente» toda la documentación recibida.

¿Qué hay de las deudas en el sector privado?

En lo que se refiere a las deudas del sector privado, la PMcM manifiesta que supone una afrenta que «para alegar que se paga en plazo y así poder acceder a los fondos NGUE solo sea necesario presentar una declaración responsable”.

“Seamos serios. Hay que imponer que se cumplan unos determinados requisitos y que además se certifiquen. Sobre todo para empresas de más de 50 trabajadores”, reclama al Gobierno Cañete. En esta línea, alienta a “conseguir también que se modifique la fórmula de cálculo del plazo medio de pago (pmp) para que se tengan en cuenta los ‘confirming’”.

Una ley «insuficiente«

En su opinión, la esperanza de una posible reducción de la morosidad en nuestro país “se ve empañada una vez más por el nuevo paso que ha dado el Gobierno al elaborar su anteproyecto de la ley Crea y Crece. Sin tener en cuenta las recomendaciones de los que trabajamos día a día para resolver esta lacra”. La PMcM ya ha enviado al Ministerio de Economía, a los grupos políticos y a la Unión Europea su revisión del anteproyecto, según anuncian.

A tenor de la entidad, esta iniciativa legislativa no es más que «una cortina de humo para decir en Europa que han tomado medidas para combatir la morosidad«.

Por otra parte, desde la PMcM ven positiva la propuesta recogida en el anteproyecto sobre implantar la factura electrónica en todas las pymes. Lo que supondrá “un gran avance para el control de los periodos de pago en el país”. Sin embargo, “creemos que la redacción del anteproyecto no asegura que se vayan a producir reducción de costes ni de cargas administrativas para pymes y autónomos. Muy al contrario, creemos que empeorarán”.

Modificación de la ley de contratos del sector público

Respecto a la modificación de la ley de contratos del sector público, proponen que el subcontratista tenga la capacidad de impugnar los contratos. Es decir, que no sea solo una potestad de los contratistas y la AAPP. Además, Cañete considera que no está funcionando la facturación electrónica de la AA.PP. en lo referido a los subcontratistas.

“No se está registrando en FACE la facturación de los subcontratistas. Por lo que se pierde toda la trazabilidad de los plazos de pago dentro de la AA.PP. En todo caso, deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago«, añade.

En definitiva, la PMcM aclara que el anteproyecto de la ley Crea y Crece no resuelve los problemas de morosidad. Sino que lo que lo haría de forma efectiva sería un régimen sancionador. “Recordemos que, según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días. Triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales«, ha explicado.

«La desidia del Gobierno nos lleva a augurar un empeoramiento de la situación de deudas»

“Lamentamos profundamente que ya ha pasado un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador. Para agilizar el proceso dada la urgencia por la situación de las pymes, no tenían más que aprobar las enmiendas ya negociadas previamente para la Ley presentada por Ciudadanos. Pero, lo único que ha ocurrido han sido las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, hasta 34, una tras otra”, denuncia Cañete.

Y añade: «La desidia del Gobierno en materia de morosidad nos lleva a augurar un empeoramiento de la situación financiera de las pymes. En nuestro último análisis de las empresas del IBEX constatamos que el plazo medio de pago era de 191 días frente a los 60 legales. En cuanto a las AA.PP., vemos en los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda que los ayuntamientos pagan a una media de 69 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley«.