La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

El Gobierno aprueba ayudas directas de hasta 200.000 euros a empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la concesión de ayudas directas de hasta 200.000 euros para autónomos y empresas especialmente afectados por la pandemia que hayan perdido al menos un 30 % de sus ingresos en 2020, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo extraordinario que las ayudas están destinadas a negocios especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.

Estas ayudas ascienden a 7.000 millones de euros, de los que 2.000 millones están reservados a Baleares y Canarias, por ser las regiones más afectadas, mientras que los 5.000 millones restantes irán al resto de comunidades autónomas.

El importe de la ayuda varía en función del tipo de empresa, de manera que los autónomos que cotizan en el régimen de estimación objetiva en el IPRF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas podrán solicitar un rango de entre 4.000 y 200.000 euros.

En cualquier caso, el importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40 % de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reduce al 20 % en el caso del resto de empresas. Las ayudas tienen carácter finalista, de manera que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera.

La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo. Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.

Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías, así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para formalizar la transferencia.

Tanto Montero como Calviño han confiado en que una vez reciban esas trasferencias las comunidades hagan llegar las ayudas a empresas y autónomos «lo antes posible».

Reestructuración de la deuda de las empresas

Así mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, pueda «acompañar» a los bancos en la refinanciación y reestructuración de la deuda de las empresas más afectadas por la crisis y con ese fin ha creado una nueva línea de avales de 3.000 millones de euros.

Además, ha acordado extender hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO, una medida adoptada poco después de la declaración de la pandemia y que ha permitido a los bancos conceder más de 121.000 millones a autónomos y pymes. Según ha explicado Calviño, estas medidas extraordinarias se incluyen en el real decreto-ley aprobado este viernes con 11.000 millones de euros en ayudas directas a empresas.

En el caso concreto de la nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones, podrán recurrir a ella aquellas empresas que previamente recibieron préstamos con avales del ICO para sortear la crisis. Todas estas empresas tienen encima de la mesa desde noviembre la posibilidad de extender hasta dos años el periodo de carencia del pago del principal y hasta ocho años el plazo de devolución de los préstamos, pero el Ejecutivo ha decidido ir más allá.

La banca y las empresas llevan semanas reclamando ayudas directas ante el retraso de una recuperación clara de la economía. Según el análisis de la empresa que haga cada entidad financiera, se podrán acordar medidas para extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público o, en segundo lugar, convertir esa deuda en préstamos participativos, lo que refuerza los recursos propios.

Como «medida de último recurso», se permite también la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia. Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan unos criterios que se establecerán por un posterior acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con los bancos, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo, es decir, aplicará quitas a la deuda.

1.000 millones para empresas medianas

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado también este viernes la creación de un fondo de recapitalización dotado con 1.000 millones de euros para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo.

Nadia Calviño ha explicado que este fondo de recapitalización -articulado a través de Cofides, dependiente del Ministerio de Industria- complementará el fondo de la SEPI de 10.000 millones de euros para la recapitalizar empresas estratégicas de mayor tamaño.

Calviño ha apuntado que el fondo «dispondrá de distintos instrumentos de endeudamiento, capital y cuasicapital para reforzar los balances de las empresas». «Su utilización conllevará una participación del Estado en los resultados positivos de las empresas en el futuro, así como una estrategia de salida ya que la naturaleza temporal del fondo está fijada en ocho años», ha explicado.

Este fondo será complementario de los fondos e instrumentos para cubrir gastos fijos y reducir deuda y permitirá fortalecer y recuperar de forma ágil y eficaz la solvencia de empresas medianas.

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