El Plan Resistir ha generado polémica desde que el president de la Generalitat, Ximo Puig, lo presentará el 18 de enero. El último capítulo lo han protagonizado las ayudas Paréntesis incluidas en el plan. Unas subvenciones dotadas de 160 millones de euros que están destinadas a rescatar a pymes y autónomos de los sectores más castigados por la pandemia.

Estas ayudas se tramitarán a través de los 523 ayuntamientos adheridos al plan quienes aportan 24 millones al global, mientras que las diputaciones provinciales contribuyen con 36 millones y los restantes 100 millones los sufraga la Generalitat. La primera chispa de la polémica saltaba este martes con las acusaciones del diputado del PP en Les Corts, Rubén Ibáñez, quien expuso que la Generalitat estaba inyectando su parte de los fondos de estas ayudas a los ayuntamientos a través de pagarés con vencimiento el próximo 12 de mayo.

Antes de que prendiera la llama, la Conselleria de Hacienda contestaba a través de un comunicado al diputado del PP señalando que la Generalitat y en concreto Presidencia (de quien dependen las ayudas), han generado crédito para la Línea de Administración Local por valor de 100 millones de euros. Afirman que es una “forma habitual” de relación con las administraciones locales pagar por ‘confirming’, instrumento financiero de gestión de pagos a proveedores que permite al acreedor cobrar con anterioridad a la fecha de vencimiento.

“En un confirming la fecha de vencimiento no implica en ningún caso que no puedan hacer uso del dinero. Los ayuntamientos ya han recibido la orden de pago y ya tienen a su disposición el dinero que les corresponde”, explicaba Hacienda y añadía que en este tipo de servicio financiero hay un porcentaje de interés en el caso de que las administraciones hagan uso de los recursos de forma anticipada a la de la fecha de vencimiento pero que en el caso de las ayudas del Plan Resistir “no hay ningún tipo de interés”.

El diputado popular, Juan Carlos Caballero, en su intervención este miércoles en Les Corts Valencianes.

Recogía el testigo de la disputa entre el Gobierno valenciano y la oposición el diputado popular Juan Carlos Caballero, quien en la sesión plenaria de Les Corts de este miércoles ha pedido la dimisión del conseller de Hacienda, Vicent Soler, por “mentiroso”, ya que, según ha expuesto, las ayudas a los ayuntamientos no serán al 0% de interés, sino al 0,9%, según “el confirming” de 180.000 euros que ha recibido un ayuntamiento.

El documento al que hace referencia Caballero, al cuál ha tenido acceso este medio, es un ‘confirming’ enviado por el banco Santander al ayuntamiento de Segorbe en el que se recoge una factura a percibir por el consistorio con fecha de vencimiento del 12 de mayo de 2021. Se indica en el contrato que de anticipar el pago del importe se aplicará un 0,9% de interés y, además, se devengará una comisión integra del 0,25%. “El banco no anticipa el dinero porque sí, y más sabiendo que la Generalitat no lo tiene y que está en quiebra técnica. Si han tenido que recurrir a estos medios de pago es porque no tienen el dinero y ponen fecha de mayo porque esperan recibir los fondos europeos”, asevera el diputado popular en declaraciones a Economía 3.

Documento enviado por el banco Santander al ayuntamiento de Segorbe.

Sin embargo, fuentes de la Conselleria de Hacienda aclaran que se ha tratado de un error cometido por el banco Santander. “El contrato que tenemos con ellos marca un 0% de interés para las entidades públicas y un 0,9% para las privadas. Se han equivocado y han aplicado por error el de las entidades privadas”, señalan desde el departamento dirigido por Soler. Explican que la entidad envió una misiva el viernes pasado con los datos erróneos a “varios ayuntamientos”, entre los que se incluye el de Segorbe, pero que este mismo lunes han subsanado el fallo, enviando una nueva carta a los consistorios.

“Es algo que deben de saber en el PP”, indican las mismas fuentes, ya que Segorbe está gobernado por el Partido Popular. “Deberían dejar de manipular esta cuestión y dedicarse a aportar al plan de recuperación”, recalcan desde Hacienda y aseguran que los ayuntamientos ya tienen disponibles los fondos para estas ayudas, a un tipo de interés del 0% y con cero comisiones.

Una muestra de ello es el Ayuntamiento de València, que este miércoles anunciaba que ya dispone de los 28,8 millones que le corresponden para ayudar a sectores como la hostelería o el turismo. “La Generalitat ya ha hecho llegar el documento que permite al Ayuntamiento de València ingresar el dinero previsto en el Plan Resistir para poder pagar en el mínimo tiempo posible a los sectores afectados por las restricciones impuestas por la covid-19”, ha informado el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán.

El concejal ha asegurado que esta misma semana se publicará la convocatoria de ayudas en el Bolentín Oficial de la Provincia (BOP) y se podrán empezar a tramitar, en los 20 días siguientes a su publicación. Y ha recordado que a estas ayudas podrán optar pequeñas empresas, con un máximo de 10 personas trabajadoras, afectadas por el impacto económico de la pandemia que podrán recibir prestaciones directas, por una cuantía que llegará hasta los 2.000 euros.

Insisten desde la Conselleria de Hacienda que se trata de una forma “habitual” de pago a las administraciones y que para ello cuentan con un convenio anual al que están suscritas once entidades financieras: Abanca, Banco Cooperativo, Bankia, BBVA, Caixa Ontinyent, Caja de Ingenieros, CaixaBank, Cajamar, Ibercaja, Sabadell y Santander. Aunque no confirman cuáles de ellas estarían a cargo del confirming de las ayudas Paréntesis.

Las ayudas Paréntesis se aprueban este jueves

Por su parte, Les Corts Valencianes han mostrado su apoyo unánime al decreto ley que regula las “ayudas paréntesis” y este jueves se votará en la segunda sesión del pleno su aprobación. El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha explicado que la iniciativa contará con la colaboración de diputaciones y ayuntamientos ya que «al ser las administraciones más próximas a los ciudadanos, son las que están en mejores condiciones para ayudar en la distribución de estos fondos».

En concreto, la Generalitat, ha diseñado estas ayudas para atender, específicamente, «las necesidades de las microempresas y autónomos cada municipio, puesto que representan más del 80% de los sectores a los que van dirigidos estas ayudas». El reparto global de los 160 millones del plan, realizado sobre la base de la distribución de las empresas y de los afiliados a la Seguridad Social, será de 76 millones para la provincia de Valencia, 65,4 millones para la provincia de Alicante y 18,6 millones para la provincia de Castellón. Es decir, el 47,5% de la dotación irá a la provincia de Valencia, el 40,9% a la de Alicante y el 11,6% a la de Castellón.

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