De los 129.861 expedientes presentados por los ciudadanos de la Comunitat Valenciana para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) el Gobierno ha aprobado un 13,23%, esto son 17.187 solicitudes; muy en línea con el porcentaje resuelto de manera favorable a escala nacional (13,4%), 136.412 expedientes de algo más del millón presentados.

Esto, según los datos datos actualizados aportados por el Gobierno a preguntas del senador de Compromís, Carles Mulet, respecto al pago del Ingreso Mínimo Vital.

Según el senador de Compromís los datos muestran «un escenario desolador» con poco más del 13% de las solicitudes aprobadas y alerta de que «el Gobierno se cuida mucho de aportar, tal y como se pedía, cuántas de estas aprobadas han sido abonadas».

Según los datos disponibles hechos público por Mulet, las solicitudes denegadas sobrepasan las aprobadas tanto en el caso de la Comunitat como en el conjunto de España. De hecho, en la provincia de Valencia, casi unas duplican las otras, unas 15.000 denegadas frente a 8.500 aprobadas. En toda la Comunitat, las denegadas suman 7.500 más que las aprobadas, hasta situarse en 24.698 expedientes (el 59% de los expedientes resueltos en la región). En el caso de España el porcentaje de denegadas es muy similar 58,5% frente al 41,5% aprobadas.

No obstante, del total de expedientes presentados en la Comunitat, solo un 32,2% están resueltos, bien aprobados, bien denegados, pero la gran mayoría están en trámite de análisis o han sido desestimados. En concreto, 4.833 han sido considerados duplicados con lo que los expedientes válidos se han reducido a 125.000. De este modo, 83.143 solicitudes están en trámites de subsanación o pendientes de análisis.

En el conjunto de España, prácticamente el mismo número de solitudes está pendiente de análisis (486.824), que han sido tramitadas (488.735). De estas últimas, dos tercias partes han sido resueltas (bien favorable o bien desfavorablemente) pero un tercio continúan en trámites de subsanación.

Alicante acumula mayores retrasos

Por provincias, Alicante acumula el 42,5% del total de expedientes presentados en la Comunitat (55.262), si bien, solo una cuarta parte han sido resueltos, y si hablamos de aprobados la cifra se reduce al 12,5%.

Castellón representa un 10,5% de los expedientes, unos 13.500, y a 1.700 de ellos se les ha concedido el Ingreso Mínimo Vital.

Valencia concentra casi la mitad de las peticiones (47%), de estas cerca del 40% se han resuelto ya.

Mulet ha incidido en que en España un total de 486.824 peticiones no han sido estudiadas todavía, por ello ha reprochado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que se coordine con las comunidades autónomas como la valenciana para que este tipo de prestaciones tengan el máximo número de beneficiarios posibles.

Mulet ha recordado las palabras de Escrivá, cuando nada más lanzar la propuesta de IMV ya delimitó la posibilidad de gestión directa de la prestación a vascos y navarros. “Esto fue un insulto grave, diferenciando de nuevo entre CCAA de primera, de segunda y de tercera cuando todos tienen transferida la competencia. Finalmente, lo que nos temíamos está ocurriendo: la administración partía de cero, no tiene medios humanos, ni mecanismos y podrían generarse duplicidades que acabasen perjudicando a las personas por haber enviado tarde y mal los protocolos y no ha sido hasta después del caos cuando se han abierto a la cogestión con las CCAA del IMV”.

Precisamente el Senado aprobó el pasado mes en la Comisión de Trabajo con una única abstención una moción de Compromís en la que se insta al Gobierno a unificar procedimientos como la Renda Valenciana d’Inclusió y el Ingreso Mínimo Vital para agilizar la tramitación a la ciudadanía.

Según Mulet hay miles y miles de familias esperando que se tramite su ayuda, «con las CCAA estarían ya resueltas”, ha concluido el senador valencianista.

Por su parte, el Gobierno alega que modificó a finales de septiembre varias disposiciones del RD 20/2020 para facilitar su acceso a los ciudadanos y agilizar los trámites de esta prestación tras evaluar los primeros tres meses de vigencia.

En materia de gestión se prioriza con el cambio el examen del criterio de vulnerabilidad al tramitar las solicitudes. Dado que su no concurrencia es el principal motivo de denegación de solicitudes, se establece el trámite de inadmisión previa para la situación vinculada exclusivamente a la situación de vulnerabilidad económica.

Asimismo se amplían los efectos económicos retroactivos. De esta forma, las solicitudes que se presenten hasta final de año tendrán efectos económicos desde el 1 de junio si en esa fecha se cumplían todos los requisitos. Si no se cumplían en esa fecha, los efectos económicos serán retroactivos al primer día del mes siguiente en que se cumplan los requisitos.

Además, se ha ampliado el plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes hasta 6 meses, para tratar de garantizar la tramitación de todas las peticiones recibidas sin que se produzca ninguna desestimación por silencio administrativo negativo.

Otra de las modificaciones que se realizó en la normativa es la eliminación del requisito previo de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo, que pasó a ser una obligación a posteriori que el beneficiario deberá cumplir en los 6 meses siguientes al reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital.

Según el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, las modificaciones hechas «han funcionado» y se están acortando plazos, lo que ha permitido que la ayuda llegue «a 400.000 personas y 150.000 hogares».

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