Una vez analizado el anteproyecto definitivo de la ampliación del puerto de Valencia, serán criterios estrictamente jurídicos y técnicos los que determinen si es necesaria una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) o no, según ha respondido el Gobierno a una pregunta del grupo de Unidas Podemos en el Congreso. Este grupo apuesta por una reevaluación de acuerdo a criterios técnicos y a las actuales circunstancias, que no son las mismas que en 2006, cuando se hizo la DIA, por «la grave crisis climática y ecológica que estamos viviendo».

La diputada de UP por Valencia Rosa Medel considera que una nueva ampliación debe tener en cuenta las repercusiones medioambientales sobre la ciudad, las playas y las personas, y «nadie entendería» una ampliación con una declaración de impacto ambiental de hace 14 años. «Debemos garantizar que no habrá un impacto negativo; de lo contrario la APV encontrará oposición legal y vecinal», según Medel.

En la respuesta del Gobierno al grupo parlamentario, asegura que el compromiso del Ejecutivo es trabajar, conjuntamente con la Generalitat, para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación norte del Puerto de Valencia, para asegurar que cualquier actuación se produzca con todas las garantías necesarias.

Según su respuesta, la eventual tramitación de una nueva DIA no es una decisión que se pueda basar en criterios de oportunidad política o valorativos, sino en criterios estrictamente jurídicos y técnicos, y serán estos criterios, una vez analizado el anteproyecto definitivo, los que determinen si es necesaria una nueva declaración o no. Además, hay que tener en cuenta que la ampliación norte del Puerto de Valencia es una decisión estratégica, que debe contar con el debido grado de colaboración y consenso entre las distintas Administraciones, según añade.