El Decreto Ley 6/2020 de la Conselleria de Vivienda, impulsado por el vicepresidente segundo y conseller, Rubén Martínez Dalmau que viene a ampliar los derechos de tanteo y retracto en la adquisición de viviendas recibió ayer tarde su validación en Les Corts con los votos a favor de los socios del Botànic, pero sin contar con el apoyo unánime del sector ni de la oposición.

Aunque el sector valora la voluntad del Consell de «ampliar la red pública de vivienda» con el decreto –aprobado el pasado 5 de junio–, cree que la norma contiene «ciertas lagunas y confusión en algunas cuestiones», que generan «inseguridad jurídica».

Desde la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (Asicval), su presidenta, que ostenta también la presidencia de la Federación nacional, Nora García asegura a Economía 3 que están en contra «de la operativa que se va a utilizar para ejercer ese tanteo».

Cree que si lo que se pretende es ir contra los ‘fondos buitre’ «no hacía falta que se metiera en el mismo saco todas las operaciones de compraventa procedentes de entidades bancarias, pues la mayoría de operaciones de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias se cierran con particulares y no con fondos», ha puesto sobre la mesa.

Recordemos que la ley de 2004, ya permitía los derechos de adquisición preferente de la Administración en viviendas de protección pública, si bien ahora se amplia a inmuebles singulares, incluidos los privados procedentes de daciones en pago, subastas por impago de hipoteca, o edificios enteros que se vendan o ya se hayan vendido entre operadores privados.

Nora García (Asicval)

Así, Asicval reclama «que en transmisiones singulares, se dejera fuera del decreto todas aquellas viviendas destinadas a vivienda habitual, donde en su mayor parte intervienen particulares sin ánimo de lucro».

Y en el caso de las viviendas sujetas al régimen de protección pública, insta a que el procedimiento establezca primero la obligación de notificar a la Generalitat la voluntad de vender el inmueble, y si esta no va a ejercer el tanteo, entonces sacarla al mercado.

 «Sin embargo está articulado en el decreto, la comunicación a la Generalitat después de haber consensuado ya un precio con el comprador y una vez se tienen todas las condiciones de la venta acordadas, será entonces cuando la Administración decida si ejerce el tanteo o no. De este modo, se ha dado ya el caso de «dejar» a una familia sin vivienda para dársela a otra, pero esta vez comprada por la Generalitat», afirma.

También pone de relieve «que el hecho de que estén afectas las siguientes transmisiones complicará la operativa del sector (tanto inmobiliarias, notarías, registradores…) por ejemplo, si un particular compró hace 3 años a un banco una vivienda, y ahora quiere venderla también estará afecta a estos derechos y lo deberá comunicar a la Administración«.

En este sentido hace hincapié en los plazos de respuesta y pide reducirlos de dos meses como marca la norma a quince días. «Lo contrario genera incertidumbre tanto para el comprador como para el vendedor y posibles perjuicios para ambos», ha recordado.

Asicval cifra en «centenares» las operaciones paralizadas: «pues los bancos no pueden escriturar hasta que no tengan la comunicación de la Administración de que no va a ejercer su derecho de tanteo en esa vivienda».

Como ejemplo, indica el caso de una agencia asociada con doce operaciones paralizadas, pues al retraso provocado por la pandemia con el Estado de Alarma, se añade la publicación del decreto, y la solicitud del tanteo, estando todavía a la espera de la respuesta para escriturar. «En el mejor de los casos se escriturará en septiembre y la agencia recibirá honorarios a 60 o 90 días, con lo cual, las agencias nos quedamos en una situación muy delicada».

Desvío de inversiones inmobiliarias

En operaciones en edificios, se pregunta García para qué van a paralizar una actividad empresarial o añadir más inseguridad a la misma si finalmente no pretende ejercer la Administración ese derecho de tanteo: «¿Va a querer comprar un edificio en la calle Colón? Y sin embargo interviniendo añade inseguridad a una operación que plantee un operador privado después de meses de negociación con un posible comprador que a su vez ha contactado con otros agentes, como arquitectos, para ver la viabilidad real del proyecto, y cuando ya esté prácticamente todo cerrado, se le debe comunicar a la Administración y esta decidir si interviene o no. Si de por sí es un sector complicarlo esto no hace más que añadir trabas, cuando es totalmente lícito que un empresario rehabilite un edificio y lo venda», recuerda Nora García.

Jesualdo Ros (Provia)

En la misma línea, opina Jesualdo Ros, secretario general de Provia que cree que supondrá «el desvío de inversiones inmobiliarias hacia otras comunidades, limitará la capacidad de la promotora valenciana pyme para desarrollar promociones para su venta y alquiler, restringirá la oferta y acabará antes de empezar con el llamado “build to rent”, porque los pequeños inversores buscarán otras alternativas de inversión».

Entiende la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante que se «impone una limitación al tráfico mercantil que reducirá a medio plazo la oferta de vivienda en alquiler y a precios asequibles. Los perjudicados serán precisamente los colectivos a los que se pretende proteger. Van a quemar el bosque para protegerse de los fondos buitres».

Antonio Olmedo (Aprova)

Desde la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova), su presidente Antonio Olmedo asegura que en el proceso de elaboración del decreto «no se ha cumplido todo lo establecido en materia de Transparencia» y miran con «preocupación» un texto que a su juicio provoca «inseguridad jurídica» que «lastra la actividad económica».

Para Olmedo hubiera sido conveniente haberlo planteado como proyecto de ley, permitiendo la participación e intervención de todos los agentes, así como su debate en Les Corts, para mejorar su redacción.

Promover vivienda asequible

Como alternativa propone Olmedo un Plan de Vivienda que ponga el valor el suelo público, a través de la colaboración público-privada para el desarrollo de vivienda asequible.

«Hablaríamos de 15.000 viviendas en los próximos 3 años con el apoyo de la Generalitat para darle darle cobertura a la financiación de los jóvenes a través del IVF. Esto generaría del orden de 50.000 empleos  y por cada compraventa de vivienda de 150.000 euros se generían cerca de 50.000 euros de ingresos fiscales». «Debemos preocuparnos de mover la actividad económica no de ponerle lastres», concreta Aprova.

Vicente Díez (API)

Vicente Díez, vicepresidente y portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia pone el acento en saber si la Administración está preparada para su implementación, tanto económicamente –con presupuesto real para adquirir viviendas– como por su capacidad de gestión. «Entendemos que ahora mismo hay un parque de viviendas que no está lo suficientemente bien gestionado y si la idea es aumentarlo, habrá que ver cómo se va a trabajar en este sentido».

«Nos preocupa también que la Generalitat pueda ceder ese derecho a organizaciones, ¿de qué tipo y con qué fundamento? En definitiva le falta concreción a la norma», ha resumido Díez.