El vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha defendido que el decreto ley para la ampliación de la red pública de viviendas era un «imperativo social» y diferencia entre quienes «trabajan por la gente que necesita un techo en el que desarrollar su vida y los que lo hacen por la gente que hacía negocio» con estos bienes.

Martínez Dalmau ha presentado en Les Corts Valencianes el decreto ley del Consell, del pasado 5 de junio, para la ampliación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, que, a su juicio, «frenará los movimientos especulativos» y aumentará el parque público de vivienda ante la crisis económica que provocará la pandemia por la covid-19.

«Garantizar el derecho a la vivienda será el reto social más importante de la próxima década para las administraciones públicas», ha argumentado el conseller, quien ha asegurado además que la adquisición de 218 viviendas mediante el derecho de tanteo supondrá un «punto y aparte en las políticas de vivienda» de la Comunitat, porque «nunca antes la Generalitat había ejercido este derecho en viviendas protegidas de promoción privada» , a pesar de que no se ha tenido que hacer uso de esta norma en la presente operación, si no, que el reglamento anterior ya lo permitía.

En este sentido, como novedades, Dalmau ha señalado la incorporación por primera vez de la calificación permanente de las viviendas adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. «Necesitamos construir una red de viviendas públicas sólida y estable, que dé respuesta no solo a las necesidades de vivienda presentes, sino también futuras», ha dicho.

Y ha querido aclarar que «todas las herencias y las donaciones entre ascendientes y descendentes están totalmente excluidas del ejercicio del derecho de tanteo y retracto. No habrá ninguna posibilidad de ejercer los derechos cuando un padre le transmita a su hijo la casa donde han vivido siempre. Ni tampoco cuando una madre decida dar al hijo la casa para que se emancipe definitivamente. No hay ninguna posibilidad que se pueda actuar en este sentido, que quedo claro», ha dicho.

Pese a que PP, Cs y VOX han manifestado que no podían convalidar este decreto porque, en su opinión, va a generar inseguridad jurídica en las operaciones ordinarias de ciudadanos que quieren comprar una vivienda y de empresas y lo han calificado de «inconstitucional», «decretazo» y de una «gran chapuza» y han pedido que se tramite como proyecto de ley, el Decreto 6/2020, del 5 de junio, ha salido finalmente adelante con el apoyo de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem)

El PSPV que lo considera un buen decreto ha reconocido que puede mejorarse en la ley de acompañamiento, mientras que Compromís lo considera «necesario e imprescindible» para solucionar la demanda de una vivienda digna para más de 14.000 familias en la Comunitat.

La votación se ha realizado tras el debate del cuarto punto de la sesión plenaria, que abordaba el decreto ley del 26 de junio que establece medidas excepcionales para facilitar la convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las entidades cooperativas valencianas.