Finanzas

La mitad de las operaciones de aplazamiento ya pertenecen a hipotecas

La banca aplaza a más de 111.200 clientes préstamos que suman 6.615 millones hasta el 15 de mayo

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La moratoria en hipotecas se hace efectiva

Los bancos españoles han aplazado a más de 111.200 clientes el pago de sus préstamos, que suman un capital pendiente de 6.615 millones de euros, en virtud del acuerdo alcanzado por las entidades y que se suma a la moratoria legal establecida por el Gobierno para los colectivos más vulnerables.

Según explica este jueves la patronal AEB en un comunicado, hasta el pasado 15 de mayo los bancos asociados a ella recibieron 153.813 solicitudes de aplazamientos de pagos bajo el marco de la moratoria sectorial.

De ellas, en la primera quincena del mes ya se habían aprobado 111.242 operaciones, con capital pendiente de 6.615 millones de euros; 52.654 eran hipotecas, que representan cerca de 5.862 millones de euros, y las 58.588 restantes, préstamos personales con un principal pendiente de 753 millones.

La patronal bancaria, que representa a entidades como el Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter, recuerda que el pasado abril los bancos llegaron a un acuerdo sectorial para que los clientes afectados económicamente por la crisis sanitaria pudieran acogerse a una moratoria en el pago de sus préstamos.

El Gobierno había establecido un poco antes la posibilidad de que las personas más vulnerables pudieran acogerse a una moratoria en el pago de sus hipotecas o préstamos de consumo durante tres meses ante el parón de la economía tras decretarse el estado de alarma.

Sin embargo, los requisitos establecidos dejaban a miles de afectados sin opción a estas medidas y entonces fueron los propios bancos los que impulsaron una moratoria más amplia, que llega a más potenciales beneficiarios y con más tiempo para aplazar los pagos.

La moratoria impulsada por los bancos libra del pago del capital de una hipoteca durante un año y hasta un máximo de seis meses en los préstamos de consumo a cualquier cliente que ahora esté en paro, sujeto a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o se enfrente a un cese o reducción de su actividad económica como consecuencia de la COVID-19.

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