Una ley de precios mínimos como en Francia. Esa sería la posible solución duradera para el principal problema de los agricultores alicantinos y, en general, de toda España, según los representantes de ASAJA en este territorio.

En el país vecino, esta nueva normativa en marcha garantiza unos costes de producción por debajo de los cuales no se permite comprar a los agricultores en origen, una tónica que desgraciadamente se da año sí y año también en algunos cultivos, como ha ocurrido en 2019 con los cítricos y la uva de mesa.

“Se producen abusos porque las leyes del mercado están viciadas y no se pueden seguir consintiendo estos abusos y las prácticas del dumping”, subraya Ramón Espinosa, secretario técnico de ASAJA Alicante, donde califican de “cataclismo” con “precios ruinosos” el balance del ejercicio.

“No es solo en Francia, existe desde hace tiempo un movimiento en toda Europa para que los productos del campo tengan un valor y acabar con la situación de que cinco distribuidores decidan todo para miles de agricultores”, revela José Vicente Andreu, presidente de esta organización agraria en Orihuela. Hasta ahora, no se habla del tema porque la actualidad ha tenido el foco en otros asuntos, como el cambio climático, según este técnico.

Sin repercusión para el consumidor

Acerca de si esta oleada de presión del sector para que las administraciones regulen un mercado de mínimos tendrá consecuencias en el consumidor, desde ASAJA lo niegan categóricamente y ponen ejemplos concretos.

“Hemos visto recientemente como en origen se pagaban naranjas a 15 céntimos el kilo, con lo que el productor no cubre ni costes, y luego estaban en el supermercado a más de un euro”, señala Andreu.

Por lo tanto, el margen comercial desorbitado de los intermediarios en la cadena alimentaria deja mucho espacio para que se reajusten estas diferencias sin que eso repercuta en el precio final para los consumidores.

Una consecuencia evidente de esta desproporción entre las ganancias de la gran distribución y la penuria en el campo se ve en la uva de mesa embolsada del Vinalopó: El viñedo, a pesar de que mantiene la superficie cultivada y aumenta la producción, desciende acusadamente en valor económico, pasando de 73.072.982 euros en 2018 a 47.326.438 euros en 2019 (-35,2%).

Algo parecido ha ocurrido con los cítricos, la peor campaña de los últimos 15 años, con pérdidas estimadas para los agricultores de 123 millones de euros, igualmente a pesar de un aumento del volumen cosechado de más de un tercio, el 36,5% (796.348 toneladas más). Con un matiz, el control de los distribuidores, en este caso, se vio favorecido por los acuerdos comerciales con mercados competidores de fuera de Europa, principalmente, Sudáfrica y Egipto. “Desde ASAJA advertimos que la libre entrada de productos de terceros países fue el detonante, generando una inestabilidad de la campaña permanente y la causa principal de una de las mayores crisis de precios de las últimas dos décadas”, según el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.