Alfredo García, presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de Bloques y Viviendas Turísticas de Alicante (ABTA)

“El intrusismo en el sector es un problema a afrontar desde todas las vías posibles”

El sector propone reforzar las inspecciones sobre la vivienda vacacional a nivel autonómico y, sobre todo, fomentar convenios con los ayuntamientos

Alfredo García, presidente de Abta |E3

Abta está formada por un total de 21 asociados que gestionan más de 400 viviendas turísticas ubicadas en Alicante, en especial en la zona centro. La integran, en su gran mayoría, empresas gestoras de bloques y conjuntos, aunque también representan a titulares de viviendas turísticas individuales. De reciente creación -hace menos de un año-, su actividad se centra en estos momentos en la capital, donde, según datos de Turisme de la Generalitat, en 2018 se ofertaron cerca de 3.500 viviendas. No obstante, su presidente, Alfredo García, pretende ir extendiendo su radio de acción a toda la provincia, donde el número estimado de estos alojamientos asciende a 45.000.

-Aunque cuesta creerlo, parece que todavía hay mucha gente convencida de que cualquier vivienda puede ser utilizada como alojamiento turístico, con los problemas que eso ya ha ocasionado ¿Qué requisitos deben reunir para ser consideradas como tal dentro del marco legal?

Fundamentalmente, es preciso haber presentado una comunicación o declaración responsable ante el Servicio Territorial de Turismo en la que se declare que se ostenta la disponibilidad de la vivienda, que cumple con los requisitos exigidos para la clasificación que se solicita, y que dispone de seguro de responsabilidad civil.

En el caso de los bloques y conjuntos de apartamentos se exige además que dispongan de licencia urbanística, ambiental o de apertura. Además, en el caso de las viviendas de uso turístico, desde la entrada en vigor de la Ley 15/2018 de Turismo en julio del pasado año, se exige, junto a la licencia de primera ocupación, un certificado de compatibilidad urbanística municipal que permita su uso turístico.

Solo una vez inscritas en el registro oficial de Turismo se podrá iniciar la actividad, aunque hay otras obligaciones que cumplir, como la de exhibir la correspondiente identificación como vivienda turística y número de registro, tanto de forma visible en la propia vivienda como en su publicidad y comercialización.

La creciente demanda de este tipo de alojamiento en los últimos años ha requerido, por parte de las administraciones, una regulación más acorde con una realidad que, en ocasiones, ha sido problemática…

En efecto, la Comunidad Valenciana asumió hace ya años las competencias en esta materia a través de la creación de la Agencia Valenciana de Turismo y ha ido desarrollando su propia regulación. En el caso de los bloques y conjuntos de apartamentos y de las viviendas de uso turístico, su regulación específica se encuentra en los Decretos 91/2009 y 92/2009 de 3 de julio, además de en la propia Ley 15/2018 de Turismo. Actualmente, se encuentra en trámite de información pública el proyecto de decreto del Reglamento regulador del alojamiento turístico en la Comunitat, publicado el pasado 14 de enero en el DOGV y que suponemos vendrá a sustituir la anterior normativa, puesto que refundirá en un solo texto la regulación de cada modalidad de alojamiento turístico: establecimientos hoteleros, bloques y conjuntos de apartamentos, viviendas turísticas, camping, áreas de pernocta para autocaravanas, casas rurales y albergues.

-¿Cuál sería, en vuestra opinión, la manera más eficaz de luchar contra el intrusismo y la ilegalidad?

Ahora mismo, además de seguir vigilando los canales de comercialización y de publicidad de las viviendas para controlar la oferta no reglada -y exigirles que la expulsen de dichos canales en su caso- es necesario insistir en que se refuercen los recursos para la gestión e inspección de la actividad de la vivienda vacacional a nivel autonómico y provincial y, sobre todo, fomentar la suscripción de convenios de actuación y colaboración con la administración local. Perseguimos un objetivo común: garantizar calidad y legalidad al usuario de los servicios turísticos.

Según datos del registro de Turisme de la Comunitat Valenciana, en 2018 se produjo un incremento del 19% respecto a 2017 de la oferta de plazas en viviendas turísticas gestionadas por particulares, dentro de una oferta total de 363.107 plazas en apartamentos turísticos ofertadas por empresas gestoras. Sin duda, este escenario hace más que necesario actuar desde las administraciones competentes para garantizar esa calidad y legalidad mediante el control de la actividad. También vemos necesario una apuesta decidida por la profesionalización por parte del propio sector, pero creemos que ello debe hacerse desde un marco jurídico que realmente permita conciliar los intereses de las administraciones públicas con el libre desarrollo de una actividad que es parte integrante y fundamental del alojamiento turístico en nuestra comunidad.

-¿Qué papel deberían jugar los ayuntamientos en este ámbito?

Un papel necesario y fundamental. Los ayuntamientos deben involucrarse en la lucha contra la oferta ilegal. Desde Turismo se les debe facultar para que puedan contribuir a ayudar a la inspección a nivel municipal y, dentro del marco de sus competencias  en materia de turismo, recabar información con el fin de detectar aquellas viviendas vacacionales que no exhiban la correspondiente identificación como vivienda turística y su número de inscripción, por ejemplo.

Además, creemos que los ayuntamientos deberían interesarse más por aflorar -además de la oferta no registrada o ilegal de alojamientos turísticos, la oferta legal y su incidencia en el tejido social y comercial de su municipio. No solo deberían ayudar a inspeccionar y garantizar que los requisitos contenidos en las declaraciones responsables son acordes a la categoría en la que están inscritos, sino también llevar a cabo una gestión municipal adecuada a nivel general que permita conciliar los intereses de todas las partes implicadas.

Los bloques y conjuntos de viviendas turísticas pueden ser, por ejemplo, un importante activo para incentivar la rehabilitación de edificios residenciales deteriorados. En este sentido, puede ayudar a revitalizar y potenciar los núcleos urbanos históricos de los municipios.

-Las viviendas turísticas no reguladas ha sido – y es- uno de los caballos de batalla del sector hotelero por lo que supone, entre otras cosas, de competencia desleal. ¿ Lo es también para Abta? 

Sin duda, pero no sólo para nuestra asociación, sino que lo es para todo el sector turístico en general, incluyendo camping o alojamientos rurales, por ejemplo. Al igual que pasa con las administraciones públicas, es algo que nos debe involucrar a todos. Es un problema que es necesario afrontar desde todas las vías posibles. Por nuestra parte, como asociación empresarial estamos más que dispuestos a colaborar en todas aquellas campañas que busquen garantizar un turismo de calidad, responsable y sostenible, y por supuesto, concienciar y luchar contra el intrusismo en la oferta de alojamiento turístico.

-¿Existe un censo de viviendas turísticas reguladas que los potenciales usuarios puedan consultar cuando buscan esta opción de alojamiento vacacional? 

No, un censo de viviendas turísticas de acceso público entendido como tal, no existe,  si bien está la obligación de identificar la vivienda turística como tal al comercializarla y publicitarla. Pero creemos que una herramienta así, dirigida a los usuarios de los servicios turísticos, podría ser algo muy útil e interesante. 

-¿Cuánto y desde cuándo ha aumentado la demanda de este tipo de alojamiento? 

La demanda de esta tipología de alojamiento turístico está muy vinculada al fenómeno del desarrollo de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles en los últimos años, y en concreto, de la expansión de plataformas de alquiler vacacional en Internet como Booking o AirBnB, que no solo han favorecido el incremento de dicha demanda, sino que han planteado nuevos desafíos al sector, puesto que han puesto en evidencia que no todo el mundo quiere disfrutar de sus vacaciones de la misma manera.

La acogida que han tenido las viviendas turísticas entre los usuarios de estos servicios permite constatar que la experiencia de residir en una vivienda del lugar donde uno pasa sus vacaciones en las mismas condiciones en que lo haría un residente habitual de ese municipio es plenamente acorde con los gustos y necesidades de estos nuevos turistas. Por supuesto, siempre que se haga dentro de un marco regulado, transparente, profesional y sostenible.

– ¿Hay un perfil claro entre los usuarios de viviendas turísticas o es heterogéneo? 

Nuestro perfil habitual de cliente está muy vinculado a las nuevas tecnologías, y en especial, el uso de Internet y las redes sociales, por lo que viene a responder a ese concepto de nuevo turista al que aludía antes.  Son personas que planifican online sus viajes y actividades personalmente. Sus motivaciones son más diversas que las del turismo residencial de sol y playa, se informa rápidamente, y basa su decisión tomando como criterio la opiniones y experiencias de otros usuarios. En el caso de nuestros asociados, el perfil de sus clientes suele repartirse entre familias con hijos por un lado, y parejas sin hijos y grupos de familiares o amigos por el otro. Las vacaciones, el ocio y la cultura son los motivos de su estancia en la gran mayoría de los casos y suelen preferir el alojamiento en vivienda turística por su ubicación y precio.

También encontramos relevante el número de usuarios con hijos que la eligen puesto que les permite una mayor comodidad e intimidad, algo que parece importante en el caso de parejas con hijos muy pequeños y de personas que acuden a la ciudad de Alicante para recibir tratamiento médico. También se interesan por la proximidad a zonas comerciales y tiendas próximas como fruterías o farmacias. El resto suele responder al perfil de parejas jóvenes sin hijos que viajan por motivos culturales o de ocio y que tienden a interesarse por locales de restauración próximos, espectáculos, fiestas locales y zonas comerciales.

¿Tenéis alguna estimación del número de falsas viviendas turísticas que existe en la provincia de Alicante? 

La administración autonómica ha centrado sus esfuerzos en los últimos años en regularizar la oferta efectuada en las plataformas online de arrendamiento vacacional, lo que es de agradecer por parte del sector. Pero, lamentablemente, no hay información disponible sobre las actuaciones administrativas llevadas a cabo sobre la oferta no reglada que permita hacer una estimación aproximada de su número. El  propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, habló el pasado mes de enero de la insuficiente plantilla con la que cuenta Turismo para desarrollar las labores de inspección -10 funcionarios para toda la Comunitat- y anunció la externalización del servicio de control de apartamentos reglados de unas 3.000 viviendas para aliviar la carga de trabajo de los inspectores de Turisme, que son quienes ostentan la capacidad sancionadora.

Y la situación tampoco parece ser mejor a nivel local, e incluso se da la lamentable circunstancia de que, pese a que han pasado ya muchos meses desde la aprobación de la Ley de Turismo, aún son muchos los ayuntamientos turísticos de nuestra provincia para los que no parece ser prioritaria. Ni siquiera se interesan por si existe o no oferta ilegal o no reglada de alojamiento turístico en su municipio, o sobre su alcance y magnitud.  

Se cuenta, al menos con  una estimación del número de viviendas turísticas legales que se ofretan en la provincia?  

Conforme a los datos oficiales del registro de Turismo, 2018 ha sido el cuarto año consecutivo de crecimiento de la oferta de este tipo de alojamiento y la cifra total a nivel autonómico supera ya las 73.000 viviendas turísticas, la gran mayoría de las cuales, más de 45.000, se ubican en la provincia de Alicante. A nuestro juicio, lo relevante del pasado año es que se ha incrementado en un 114% el número de viviendas gestionadas por titulares, mientras que el número de viviendas gestionadas por empresas, pese a mantenerse estable, ha decrecido en un 1’3%.

Hay que recordar que, como comentaba antes, más de la mitad del sector de las viviendas turísticas está gestionado por empresas gestoras – más de 5 viviendas turísticas-  y el resto directamente por titulares -entre 1 y 4-.  Esto lo interpretamos como una clara necesidad de continuar apostando por la profesionalización si se pretende garantizar la calidad y hospitalidad de este servicio turístico, en línea con los objetivos de las administraciones públicas. Pero como decíamos antes, creemos que es preciso hacerlo desde un marco normativo que, partiendo del respeto a la libertad de mercado y la libre competencia, regule la actividad sin que la confunda o asimile a otras modalidades de alojamiento vacacional haciendo que pierda su identidad como servicio turístico específico.

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