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Seis acusados han conseguido acuerdos entre todas las partes implicadas

El juicio por el caso Cooperación se encalla con los pactos extrajudiciales

Ahora las defensas piden la libre absolución y el fiscal advierte que los pactos son simples preacuerdos

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Rafael Blasco en la entrada de la Ciudad de la Justicia | Foto EFE: Manuel Bruque

El segundo de los juicios al exconseller Rafael Blasco y otros 23 procesados por el desvío de fondos públicos destinados a proyectos de cooperación ha celebrado este lunes su segunda jornada estancado en pactos extrajudiciales que no se consuman y peticiones de nulidad por parte de las defensas.

La vista, prolongada durante casi seis horas, ha comenzado con el anuncio de acuerdos de conformidad con 17 de los 24 procesados, cinco de ellos cerrados ya con las tres acusaciones, seis acuerdos parciales (Fiscalía y Abogacía de la Generalitat), otros cinco solo con la Fiscalía y uno exclusivamente formulado por la Abogacía.

Los acuerdos de conformidad total ya prácticamente cerrados entre todas las partes se refieren a los empresarios Luis Freire, Andrés Chust, Miguel Ángel Climent Estruch, Alberto Pampín y Rosa Castelo.

En el segundo bloque de pactos (Fiscalía y Abogacía) se encuentran Josep María Felip, Agustina Sanjuán, Alfonso Navarro, Isabel Castillo, José Bollaín -en caso de que no se incluya en el escrito de conformidad plena, una posibilidad cercana según se ha informado en el juicio- y Fernando Darder.

En el caso de los principales acusados, el exconseller del PP Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, además de Marc Llinares, Arturo Tauroni y Alina Lisenko, los acuerdos de conformidad se podrían cerrar únicamente con la Fiscalía, dada la negativa a aceptar sus propuestas económicas explicitada por Raúl Vidal, letrado de la Coordinadora Valenciana de ONGD que ejerce la acusación popular.

La Abogacía de la Generalitat también ha anunciado un acuerdo con Fernando Cañete, a quien la Fiscalía no acusa en este proceso.

Sin embargo, en el transcurso del juicio, el fiscal, Jesús Carrasco, ante las peticiones de nulidad del proceso (por deficiencias formales y por considerar que estos era idénticos a los ya juzgados en la primera pieza) formuladas por las defensas, ha llegado a advertir de que “los pactos no dejan de ser un mero preacuerdo”.

El abogado de Blasco, Javier Boix, ha informado a la sala de que el exconseller ha depositado la escritura de un bajo comercial tasado en más de 400.000 euros (sobre el cual todavía pesa una deuda de 13.000 euros) con el que pretende hacer frente a sus responsabilidades.


La abogada de la Generalitat reclamará a los procesados 7,8 millones de euros, de los que Blasco solo pretende aportar 400.000


Además, ha solicitado que en el acuerdo de conformidad figure expresamente que Blasco “no solicitó ni recibió dadiva alguna” y ha insistido en que debe ser el Tribunal de Cuentas y no la Audiencia Provincial quien establezca la posible responsabilidad civil.

El valor de este bien inmueble aportado por Blasco contrasta con lo alegado por la abogada de la Generalitat, quien ha dicho que la cantidad que reclamará a los procesados supera ya los 7,8 millones (“y creo que nos quedamos cortos”, ha añadido), frente a los cinco millones plasmados en el escrito de acusación, “precisamente porque no se ha reintegrado prácticamente nada a la Administración”.

Esta letrada ha puntualizado además que pedirá que el exconseller se haga responsable del 75 % de esta deuda (5,8 millones) junto con Marc Llinares y Augusto César Tauroni.

El letrado de Felip ha insistido en que no se puede reclamar responsabilidad contable a los procesados porque los expedientes –de concesión de ayudas a países subdesarrollados- no se han cerrado, a lo que el fiscal ha respondido que no se cerraron porque fueron intervenidos por la policía, pero que, en cualquier caso, el perjuicio está “perfectamente contabilizado”.

En el momento de suspender la vista, el tribunal ha explicado que necesita tiempo para examinar con detalle la petición de nulidad efectuada por el letrado de Tauroni, José Vicente Gómez Tejedor, quien ha alegado una supuesta vulneración de la tutela judicial, por considerar que este procedimiento se debería haber desarrollado en forma de sumario en lugar de procedimiento abreviado. EFE

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