La nueva Agència Tributària Valenciana (ATV) que hoy ha reunido a su consejo rector nace con dos objetivos claves: “hacer amable y facilitar al ciudadano su deber cívico de cumplir con sus obligaciones tributarias; por un lado, y por otro, hacer frente a una de las injusticias más grandes, como es el fraude fiscal», tal y como ha explicado el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

En estos puntos ha insistido precisamente, la directora general del organismo, Sonia Díaz, quien ha defendido que el margen de mejora para aumentar los ingresos de las administraciones públicas pasa, “más allá de tocar los tipos impositivos, por reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal de una forma más efectiva”.

Para ello, se avanzará en la modernización y profesionalización de los medios personales y materiales, con nuevas incorporaciones de personal y con el refuerzo del departamento de informática para, en colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, (AEAT) y otras administraciones tributarias, cruzar bases de datos y  detectar posibles casos de fraude fiscal.

Así, el director general de Tributos, Eduardo Roca, que ha liderado durante estos tres años el impulso de la ATV, desarrollando primero la Ley de Acompañamiento para el despliegue del Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT), germen de la actual ATV, ha subrayado que “una administración seria ha de tener funcionarios de carrera que hayan acreditado sus méritos, de ahí que el cuerpo superior de técnicos tributarios se haya incrementado en esta legislatura en 31 y este año esté prevista la incorporación  de 24 plazas más”.

La idea es dotarse de una estructura similar a la que tiene la AEAT: un cuerpo de inspectores, un cuerpo de técnicos tributarios y un cuerpo de agentes tributarios. En concreto, “de los 380 puestos que tenemos en nuestra relación de puestos de trabajo, actualmente tenemos cubiertos 226, por lo que tenemos que lograr inyectar esa ilusión a todos los compañeros de la propia organización, para que quieran venir a la Agència Tributària Valenciana», ha añadido Sonia Díaz. No obstante, para hacer frente a todos los retos a medio plazo se calcula que hará falta doblar el personal actual.

El objetivo es claro: asumir la recaudación ejecutiva propia, ahora delegada en la AEAT, así como asumir la de los entes municipales de la Comunitat Valenciana que quieran avanzar con la ATV en este tipo de servicios a través de convenios.

La dinamización e impulso de la Agència hasta alcanzar la autonomía e independencia funcionales que le permitan asumir funciones tributarias hasta la fecha delegadas en otras Administraciones o colaboradores, llevará varios años, ha reconocido su consejo rector: “2020-2021… tenemos que caminar, y lo primero es cumplir los términos que nos marca Presupuestos y Función Pública, pero mi voluntad es acelerar al máximo el proceso», ha matizado Díaz.

Vicent Soler ha remarcado la necesidad de crear sinergias con otras administraciones tributarias, tanto la del Estado, como las de las diputaciones, y una vez fortalecida la ATV, «reclamar, dentro de los márgenes que ofrece la Constitución Española, que la AEAT tenga un carácter federal: el dinero de los valencianos tiene que ser conocido también por la ATV». Y es que tal y como ha reconocido el conseller «el 80% de lo que pagan los valencianos se vehiculiza por la AEAT, de lo cual vuelve una parte en forma de transferencias, pero esto hay que hacerlo con la mayor transparencia posible», ha insistido.

En esta línea ha recordado que otras comunidades -como Murcia- han tenido la oportunidad de desarrollar esta competencia autonómica que en nuestro caso establece el Estatuto de Autonomía : «Convencidos de que los tributos se gestionan mejor desde casa, siendo más eficaces y más efectivos», ha añadido la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, quien ha reconocido que «no ha sido fácil llegar hasta aquí porque la Comunitat se encuentra infrafinanciada y eso le dificulta dotarse de los recursos humanos necesarios».

Tender la mano al ciudadano

En ese tender la mano al contribuyente para «el cumplimiento amable de sus obligaciones tributarias», está el prestarle la ayuda necesaria para la cumplimentación y presentación de la declaración del IRPF, «así en el último ejercicio, colaboramos con 9 ayuntamientos para facilitar el trámite a más de 40.500 ciudadanos».

Además se ha puesto en marcha la cita previa, a la que se han acogido desde el pasado mes de octubre 1.250 contribuyentes, ahorrándose desplazamientos y esperas innecesarias. “La idea es que este verano todos los servicios se puedan tramitar con cita previa”, ha declarado la directora general.

Asimismo, desde el departamento de informática se pretende hacer posible la presentación telemática de todos los modelos tributarios, de tributos cedidos y propios, y la implantación de la notificación electrónica, así como sistemas de control y de business intelligence.

La Agència Tributària Valenciana, que tendrá dos delegaciones, una en Castellón y otra en Alicante contará además con otros departamentos: Gestión, Inspección, Recaudación y Valoración, que será el encargado de comprobar los valores a efectos fiscales,  de prestar el servicio de información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles, así como de emitir los acuerdos previos de valoración cuando sean solicitados por los contribuyentes.

En este sentido, Eduardo Roca ha concretado el cambio radical que se persigue «al pasar de una administración que polemizaba con el contribuyente declarante por el valor del inmueble a una que persigue al no declarante, al fraude fiscal».

Así, ha resumido los resultados del plan de choque contra los defraudadores del impuesto de patrimonio, que ha permitido recaudar 3,6 millones de euros en ingresos de cuota de 1.917 liquidaciones, además de 735.000 euros en sanciones.  «Esta medida ha hecho aflorar voluntariamente declaraciones que han supuesto la recaptación de otros 4,7 millones de euros, en total 9 millones de euros que no habrían tenido entrada en el sistema. Además, hemos liquidado los protocolos notariales no autoliquidados –lo que ha representado unos ingresos desde 2016 de más de 15 millones de euros–».

En resumen, ha detallado el conseller Soler, «hemos elevado la capacidad recaudatoria sin incrementar la presión fiscal: sin tocar la política fiscal vamos a recaudar más aumentando la lucha contra el fraude”.

Al tiempo que ha recordado que la reforma fiscal que aprobó el actual Consell a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2017 se realizó bajo el prisma de la progresividad y la justicia tributaria, con el fin de asegurar que los tramos medios y bajos de renta tuvieran que realizar una menor contribución, «mientras que las rentas más elevadas y grandes fortunas, que hasta entonces habían gozado de un trato preferencial, realizaran un mayor esfuerzo». «Rebaja que benefició a un 1,5 millones de valencianos», ha puntualizado Clara Ferrando.