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En sólo tres días, la entidad que preside Ana Botín ha sufrido dos reveses judiciales y su fichaje estrella ha resultado un fiasco

La semana “horríbilis” del Santander

De izda a dcha. Andrea Orcel, Ana Botín y José Antonio Álvarez el pasado septiembre | E3

Esta ha sido una semana horríbilis para el Santander, el mayor grupo financiero europeo.

La entidad que preside Ana Botín ha tenido tres reveses consecutivos. El primero se hizo público el lunes, al ver cómo rechazaban su oferta de recompra de la ciudad financiera de Boadilla del Monte, en los alrededores de Madrid.

Hace una década, Santander vendió a Marme Inversiones su flamante centro operativo por la nada despreciable cantidad de 1.900 millones de euros. La venta suponía que el banco se convertía en inquilino, abonando 120 millones anuales en concepto de alquiler que se iban actualizando a lo largo de los 40 años de vigencia del contrato.


Los inversores indios Reuben Brothers pujaron casi un 20% más para quedarse con la sede que pretendía recomprar el Santander


Pero Marme entró en concurso de acreedores y sus activos puestos a la venta, entre ellos la ciudad financiera. Una oportunidad muy apetecible para recomprar las instalaciones a un precio muy inferior al que en su día ingresó el Santander.

Con lo que, al parecer, no contaba el banco era con la aparición de ofertas de compra más suculentas que la suya. Así el juzgado número 9 de los Mercantil de Madrid certificaba que la mejor puja era la de Sorlinda Investment, propiedad de Reuben Brothers, que asciende a 283,7 millones de euros, mientras que la del Santander se quedaba en los 232,2 millones, un 18% menos.

El banco ha anunciado que recurrirá la decisión judicial, pero el auto señala que la oferta de los hermanos Reuben no sólo es la mejor económicamente, sino que también es la más solvente y cuenta con el respaldo del banco de inversión JP Morgan.

El fichaje fallido del mago financiero

El segundo revés tiene nombre propio: Andrea Orcel, el hombre llamado a dirigir el mayor grupo financiero europeo, como apuesta personal de Ana Botín.

Su fichaje como consejero delegado del grupo en sustitución de José Antonio Álvarez sorprendió, ya que se trataba de poner al frente de la gestión a alguien que no precedía de la propia entidad. Orcel, hasta entonces en las filas del banco suizo de inversión UBS, había asesorado al Santander de forma puntual en algunos temas.


50 millones de euros ha sido el motivo por el cual el consejo de administración del banco ha considerado “inaceptable” su fichaje


Ana Botín anunciaba a finales de septiembre el fichaje de Orcel, al que presentaba como un colaborador del banco “en sus decisiones estratégicas desde hace casi dos décadas, y entiende y comparte nuestros valores y cultura”.

Sin embargo, UBS se ha negado a abonar los salarios diferidos de los siete años que Orcel ha estado en la entidad. El banco suizo comunicó anticipadamente que no estaba dispuesto a desembolsar el dinero que se debía a Orcel, lo que legalmente podía hacer por considerar que se pasaba a la competencia.

El martes, ante la evidencia que era el Santander el que tenía que abonar los 50 millones a su flamante fichaje -además de un sueldo cuya cuantía no se había hecho pública-, el consejo de administración emitía un comunicado anunciando la renuncia a contratarle, alegando que era un precio inasumible  “a la luz de los valores de la entidad y su responsabilidad con los principales grupos de interés, ya sean clientes o accionistas”.

Con el fiasco de la contratación de Andrea Orcel, el organigrama del Santander se queda como estaba: José Antonio Álvarez, que dejaba de ser consejero delegado y pasaba a ocupar una de las vicepresidencias, duplica ahora sus responsabilidades.

Demanda por el caso Popular

Y el miércoles llegaba el tercer revés: la Audiencia Nacional incluía al Santander como persona jurídica investigada en la demanda de un grupo de accionistas contra el Banco Popular. 

La entidad financiera ha anunciado que presentará recurso, pero  la asociación de consumidores Adicae, que representa en la causa de 934 accionistas del Popular, ha anunciado que exigirá al Santander “las explicaciones necesarias sobre la falta de transparencia, la oscuridad y la arbitrariedad” de un proceso que “acabó defraudando a más de 300.000 inversores”

El Santander debe estar deseando que se acabe esta cuesta de enero concentrada en tres días.

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