Desde 2040 quedará prohibida la venta de coches diésel y gasolina si prospera la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno. El borrador recoge los grandes retos para combatir el cambio climático: para 2050 todo el sistema eléctrico español se basará exclusivamente en fuentes renovables; la reducción de los gases de efecto invernadero en ese año será del 90% respecto a los niveles de 199o y, para ello, no se permitirá a partir de 2040 la venta de turismos y vehículos comerciales que utilicen diésel o gasolina, cuya circulación estará prohibida en 2050, así como los híbridos a gasolina o que utilicen GNL.

Estas son algunas de las propuestas que recoge el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno, cuyo objetivo es descarbonizar la economía española, siguiendo las directrices del Pacto de París.

La movilidad sin emisiones es uno de los objetivos que se pretende alcanzar, que en principio no afectará al tráfico pesado, pero sí en cuanto a la aplicación de gravámenes por el uso de determinadas infraestructuras.

Para facilitar el cambio hacia los coches sin emisiones, se prevé la instalación de puntos de recarga en las actuales estaciones de servicio.

La propuesta gubernamental está en línea con las ya adoptadas en otros países europeos, como Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda, algunos de ellos con fechas de prohibición más próximas.

Energías renovables

En cuanto a la generación de energía eléctrica, la propuesta fija la fecha de 2030 para que las fuentes renovables supongan ya el 70% del total del suministro, que llegará al 100% en 2050. Entre 2020 y 2030 se prevé la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de producción a partir de renovables.

Además, no se otorgarán nuevas concesiones para la explotación de hidrocarburos ni se podrá desarrollar actividades de fractura hidráulica más allá de 2040.

El borrador incluye la prohibición de incentivar económicamente el consumo de combustibles fósiles y el fin de las inversiones estatales en cualquier actividad de explotación, extracción o procesado de este tipo de combustibles, lo que conlleva que el Gobierno se desprenderá de sus participaciones en empresas que desarrollen esta actividad.,

También se contempla fomentar el uso del biometano y los combustibles sintéticos renovables.

El periodo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se fija en 2030 para una reducción del 70% que debe llegar al 90% en 2050.

La Ley del Cambio Climático irá acompañada de instrumentos de planificación transversales que ayuden a la transición y potencie la reactivación económica de aquellas áreas especialmente afectadas por la nueva situación.

Según informa Efe, al menos del 20% de los presupuestos del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. El borrador prevé que un porcentaje de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se deberán destinar a asegurar esa «transición justa». EFECOM