El polémico impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) ha sido durante los últimos 20 días un quebradero de cabeza para inversores, banqueros, tribunales, políticos y consumidores y ha hecho temblar la Bolsa. Hoy entrará en vigor el Real Decreto Ley por el que el gobierno de Pedro Sánchez asegura que el impuesto por la firma de hipotecas «no lo pagarán nunca más los españoles», sino las entidades financiera.

1. La Comunitat tiene uno de los tipos más altos del IAJD

En 2013 la Generalitat, en manos del Partido Popular, subió el tipo del IAJD del 1,2% al 1,5%, lo que colocó a la Comunitat en el grupo de regiones con una mayor carga impositiva junto a Andalucía, Cataluña y Murcia, entre otras. En el contexto nacional, el tipo impositivo más bajo del IAJD lo encontramos en el País Vasco y Navarra, y en Canarias, Madrid y la Rioja tampoco supera el 1%.

Con esto, el presupuesto que ha presentado esta semana el Consell, el Govern del Botànic espera recaudar un 53% más por el impuesto de las hipotecas que en el años pasado, una partida de ingresos estimada de 366 millones de euros que seguramente no contempla la reducción porcentual del tipo aplicable al IAJD.

2. El decreto Ley de Pedro Sánchez: el IAJD lo pagan los bancos y no es deducible

El pasado 7 de noviembre, un día después de la decisión final del Supremo, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que modificaría la ley que rige el AJD y obligaría a los bancos a pagar el impuesto que grava la firma de hipotecas mediante un Decreto Ley.

Además, los socialistas están decididos a que este impuesto recaiga totalmente sobre las entidades bancarias, por lo que el Decreto Ley también incluye la modificación del Impuesto de Sociedades para que el polémico IAJD figure como un gasto no deducible.

Uno de los puntos que más han llamado la atención es que la reforma mantiene la exención del pago del impuesto cuando los créditos se concedan a entidades declaradas de utilidad pública, como el propio Estado, la Iglesia o partidos políticos.

Desde la oposición, el PP propone la eliminación de este polémico impuesto para que no pesase ni a clientes ni a entidades financieras y acabar con la incertidumbre tributaria. Por otra parte, desde Podemos aplauden el giro de los socialistas al proponer una actuación que rechazaron a principios de años cuando Unidos Podemos la puso sobre la mesa. Por último, los juristas advierten de que la modificación del Impuesto sobre Sociedades podría generar dudas constitucionales.

3. La montaña rusa de las cotizaciones en Bolsa

Con el fallo del Supremo a favor de los clientes, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter, Unicaja y Liberbank acumularon unas pérdidas conjuntas en Bolsa que ascendieron a 5.563 millones de euros. Con la decisión del Supremo de paralizar los recursos del IAJD los bancos empezaron a recuperar cotización en Bolsa.

El 19 de noviembre el IBEX35 presentó una subida del 0,14% y recuperó los 8.900 puntos, pero tras el anuncio del Gobierno todos los bancos volvieron a anotar pérdidas y arrastraron a la Bolsa que se resiente tras la montaña rusa de cambios legales entorno al IAJD.

4. El descontrol de los simuladores de hipotecas

Algunas entidades bancarias han ido modificando los simuladores según las decisiones del Supremo y otros, como Bankia y BBVA, los desactivaron ante la incertidumbre.

El próximo paso es que durante este fin de semana las entidades financieras reprogramen sus cálculos para eliminar el cargo que desde la última sentencia recaía sobre los consumidores y asumirlo ellos. Los expertos apuntan a que el diferencial, es decir, el tipo de interés que se suma al euríbor, podría ascender del 0,8% actual al 1,10% o incluso al 1,20% para compensar los gastos.

5. La desacreditación del Supremo

Hasta el pasado 18 de octubre prácticamente nadie había cuestionado el artículo 68.2 del reglamento sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentado vigente desde 1995. Sin embargo, fue ese jueves cuando el Tribunal Supremo decidió que tenían que ser los bancos quienes asumiera el pago del impuesto y no los clientes tras un recurso presentado por la Empresa Municipal de Viviendas de Rivas.

Pero esta decisión no contentó a al Pleno de la Sala del Supremo y tras varios vaivenes y dos días de deliberación con un debate de opiniones divididas, la sala de los Contencioso-Administrativo estableció el pasado 6 de noviembre con 15 votos a favor y 13 en contra que debía ser el cliente quien asumiera la carga impositiva.

El repetido «donde dije digo digo Diego» del Supremo ha cuestionado la confianza internacional en la justicia española y ha puesto en entredicho la separación de poderes.