La Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, Asicval, ha alertado hoy del aplazamiento de entre un tercio y la mitad de las firmas de hipotecas previstas desde la semana pasada, cuanto el Tribunal Supremo notificó la sentencia que obliga a los bancos a abonar el impuesto de registro de préstamos hipotecarios para, posteriormente, posponer la decisión al pleno que se celebrará el próximo 5 de noviembre.

La presidenta de Asicval, Nora García Donet, ha constatado que, tras, la incertidumbre generada, «la banca ha aplazado muchas de las firmas de hipotecas comprometidas para esta semana, entre un tercio y la mitad de las previstas», según las impresiones expuestas por las inmobiliarias integradas en la asociación, 123 en toda la Comunitat Valenciana, en la asamblea general celebrada esta semana.

«La incertidumbre en torno al pagador del impuesto de actos jurídicos documentados correspondiente a la escritura pública de los préstamos hipotecarios juega directamente en contra de los intereses de los compradores», ha explicado García Donet, pues en muchas ocasiones «los usuarios están en el límite temporal del incumplimiento del correspondiente contrato de arras», lo que puede implicar incluso «la pérdida de las cantidades adelantadas y de los derechos de compra sobre los inmuebles comprometidos».

«De momento, los principales perjudicados por la situación son los compradores, que se están encontrando con que, de repente, no se les conceden los préstamos comprometidos», ha afirmado añadido.

García Donet ha lamentado también que, de acuerdo con las experiencias constatadas por las inmobiliarias asociadas, «algunas entidades han dejado de informar sobre las condiciones de suscripción de los préstamos» a la espera de la decisión definitiva del pleno del Supremo, mientras que «otras, directamente, están revisando ya las condiciones».

La presidenta de Asicval reclama a los bancos «que actúen con responsabilidad y sentido común, y que no reviertan en los compradores el pago del impuesto», para quien «en este periodo de espera, no tendría sentido que un sector rescatado con dinero público tome decisiones lesivas para los intereses de los consumidores».