El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, difundía a mediodía de hoy una nota en la que aclaraba que la sentencia sobre el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de la Sala Tercera «es firme y no susceptible de revisión por parte del pleno (…) produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio».

Durante la mañana el presidente del Supremo se reunía con el presidente de la Sala Tercera, el presidente de la sección Segunda y los cinco magistrados de la misma, para finalmente convocar un pleno para el 5 de noviembre en el que se decidirá si se confirmar o no la  la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.

En un comunicado emitido tras dicha reunión, Lesmes ha aclarado que la sentencia dictada el pasado 18 de octubre, que hacía recaer en la banca el pago de este impuesto, es «firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio».

Lesmes, añade la nota emitida, defiende la actuación de los magistrados de la Sala Tercera y asegura que «han actuado con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso».

Firma de hipotecas con advertencia

Las notarías de la Comunitat Valenciana mantuvieron, en términos generales, la firma de hipotecas programada para la jornada, señalaron desde el Colegio Notarial de València. Dichas fuentes añadieron que se informa a las partes de la situación creada tras la sentencia y su posterior suspensión, con el fin de que los firmantes sean conscientes de la situación.

El Consejo General del Notariado ha aconsejado que sigan adelante con la firma de hipotecas, pero dejando constancia de que aún no está claro quién tendrá que hacer frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Los notarios deben informar a sus clientes del contenido de la sentencia conocida el pasado jueves, pero también deben advertirles claramente de que hasta que no se conozca la decisión definitiva del Supremo, «no es posible determinar» quién debe ser el sujeto pasivo del impuesto, es decir, si es el banco o el cliente el que debe pagarlo.

Igualmente, fuentes bancarias consultadas por Economía3 aseguraron que se estaba funcionando con «normalidad absoluta» y que era posible que, en algún caso, se hubiera aplazado la firma de la hipoteca, pero a instancias del cliente y no de la entidad.

Tras el vendaval informativo que supuso el jueves la sentencia del Tribunal Supremo adjudicando el pago del IAJD a las entidades bancarias en el préstamo hipotecario, frente a una sentencia anterior del mismo tribunal en sentido contrario y la posterior suspensión el viernes del fallo tras el desplome de las cotizaciones bursátiles bancarias, las entidades financieras cerraron las secciones de  hipotecas en sus webs.

A lo largo del día de hoy casi todas estaban ya operativas y las que no lo estaban  tenían previsto estar de nuevo disponibles en cuanto «informáticamente fuera posible». Fuentes bancarias señalaron que esta decisión se había tomado debido a que la sentencia modificaba las condiciones de concesión de préstamo y afectaba a los resultados que pudieran arrojar los simuladores.

En cualquier caso, en un comunicado conjunto la CECA, la Asociación Española de Banca y la Unacc hacen referencia a la sentencia como «una cuestión de naturaleza tributaria» y afirman que no han percibido «cantidad alguna de sus clientes» en concepto de impuesto de actos jurídicos documentados.

Las entidades señalan en el comunicado que han cumplido siempre con la normativa vigente, «aprobada hace más de 20 años», y con la reiterada jurisprudencia de la sala tercera del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, «unánime, y mantenida hasta fechas muy recientes».

La Bolsa

Mientras tanto, el IBEX35, que había empezado con alzas, terminó la jornada con una pérdida del 0,96% arrastrado por los bancos. A cierre de la sesión las entidades más afectadas eran Sabadell (-5,36), Bankia (-4,77) y CaixaBank (-3,6). BBVA cerraba con -2,13 y el Santander era el mejor parado, con una pérdida de -0,59. La Bolsa cerraba a 8.802 puntos, cuando había abierto con ganancias y un índice de 8.987 puntos aupada por los bancos.

Sin embargo, la nota emitida por el presidente del Tribunal Supremo hacia el final de la mañana desinfló los ánimos y las cotizaciones bancarias.

Legitimidad en entredicho e inseguridad jurídica

El vaivén de decisiones del alto tribunal ha generado malestar en casi todos los colectivos afectados, empezando por los consumidores y continuando por las propias asociaciones de jueces.

Por ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que se trata de una «decisión sin precedentes» que «provoca vergüenza suprema» la decisión del Tribunal Supremo de revisar la sentencia de la Sala de lo Contencioso que establece que la banca, y no sus clientes, deben pagar el impuesto de actos jurídicos al firmar una hipoteca, informa Efe.

La PAH ha asegurado que «la legitimidad del Tribunal Supremo está en entredicho una vez» y recuerda que «no es la primera vez que el TS opta por aplicar medidas económicas frente a las jurídicas, que son las únicas que el competen». 

Precisamente el Tribunal Supremo adujo la «enorme repercusión económica y social» del fallo para suspender la sentencia, tras el desplome de la cotización bancaria.

Piden la dimisión del presidente de sala

La Asociación de Jueces para la Democracia ha pedido hoy la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, por su «nefasta gestión» de la sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados.

Para la asociación progresista, esta actuación ha generado «incomprensión y mala imagen» para la administración de justicia, con su «nefasta gestión» de un asunto «del que es único y exclusivo responsable». Añade que se ha generado desconcierto en la ciudadanía y ha generado inseguridad jurídica. «Todo ello -agrega- ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable».

También se muestra perplejo el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia que considera que la repercusión económica y social alegada no es justificación suficiente para suspender los señalamientos de los recursos pendientes. El sindicato añade que lamenta cualquier criterio que no beneficie a los sectores sociales «más desfavorecidos frente a los intereses de los poderes financieros que, en ningún caso, deberían prevalecer sobre las instituciones democráticas».

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, por su parte, ha lamentado la «confusión» creada por el Tribunal Supremo y califica de «insólita» la paralización de todos los recursos relativos al IAJD de las hipotecas. La asociación judicial conservadora asegura que esta situación «no contribuye a la imagen de independencia del Poder Judicial».

Añade que no hay ningún precedente que el presidente de una sala lleve a pleno un asunto «después del prácticamente inmediato dictado de una sentencia», conocida apenas un día antes, máxime cuando «era conocedor de lo que sucedía»

Reclamación ante las haciendas autonómicas

Por su parte, la organización de consumidores Facua ha recomendado hoy que los clientes que firmaron una hipoteca en septiembre y octubre del 2014 reclamen con urgencia a la Hacienda autonómica la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) antes de que prescriba el plazo.

Según ha manifestado Facua en una nota, es «fundamental» que los usuarios que firmaron sus préstamos hace cuatro años reclamen el reembolso del impuesto a la administración tributaria autonómica antes de que transcurra el plazo de prescripción de cuatro años establecido en la ley.

La asociación ha aconsejado que los usuarios deben solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos y la rectificación de la autoliquidación del IAJD mediante una instancia en la que se haga alusión a que el sujeto pasivo es el banco y no el usuario, tal y como se refleja en la sentencia 1505/2018 de la Sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS.

La reclamación debe acompañarse de una copia del impreso de autoliquidación del IAJD, pero en el caso de que no lo posean los usuarios que quieran efectuar la reclamación, pueden aportar todos los datos posibles para que la administración tributaria determine la liquidación del impuesto.

La OCU coincide con Facua en recomendar a los afectados la reclamación de las cantidades pagadas por el IAJD desde el 23 de octubre de 2014 y antes de que se cumplan cuatro años y que soliciten también la devolución de los gastos.

La organización recomienda a aquellas personas que estén en trámite de suscribir una hipoteca que no firmen contratos de arras vinculados a la concesión de hipotecas y que prolonguen el plazo pactado con el vendedor para la firma de la escritura.

Tampoco se ha quedado corta a la hora de calificar la situación: «inaudita y aberrante» han sido sus palabras. La organización coincide con las opiniones que acusan al TS de provocar una situación de inseguridad jurídica. También recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha corregido al Supremo en ocasiones anteriores por dictar sentencias contrarias a principios generales básicos.

Por ello, pide al Consejo General del Poder Judicial que abra una investigación sobre la decisión del Tribunal Supremo de suspender la sentencia del pasado 16 de octubre para rendir cuentas a los ciudadanos.

También la ministra de Economía, Nadia Calviño, se suma a los que consideran que se «ha abierto una cierta inseguridad jurídica», en un tema que afecta a ciudadanos, banca y arcas públicas. Calviño ha adelantado que su departamento estudia junto al de Hacienda las implicaciones que dicha sentencia pudiera tener.