El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado,  aprovechó ayer la celebración de la asamblea general de la entidad para exigir a la Comisión Europea  que introduzca cambios drásticos en las directrices de la futura Política Agraria Común (PAC), que actualmente se encuentra en fase de debate en Bruselas, a fin de corregir tanto los defectos que lastran su eficacia como el tratamiento discriminatorio que sufren los cultivos mediterráneos.

El análisis de los datos oficiales relativos a 2017 arroja las siguientes cifras: de los 6.833 millones de euros procedentes de las arcas comunitarias que llegaron a España en el marco de la PAC, la agricultura valenciana sólo percibió alrededor del 2,3% de esos fondos (algo más de 163 millones), mientras que del total de ese presupuesto únicamente se destinó, en el conjunto de España, el 8,4% del mismo (576 millones de euros) a potenciar medidas para mejorar el funcionamiento de los mercados.

«Las medidas de mercado son fundamentales para la agricultura mediterránea» -manifestó Aguado– «porque nuestra supervivencia se basa en la capacidad competitiva que podamos acreditar y, sin embargo, la Comisión Europea confiere un papel absolutamente secundario a esas herramientas. Bruselas tiene que darse cuenta de la necesidad de imprimir un giro sustancial a su política agraria porque la actual no sirve para ayudarnos a resolver nuestros problemas«.

Otros dos de los asuntos sobre los que el presidente de AVA puso especial énfasis en su exhaustivo repaso a la actualidad agraria fueron la alarmante proliferación de robos que registra el campo valenciano, especialmente en cítricos debido a la mejora de las cotizaciones esta campaña, y el no menos inquietante y descontrolado aumento de la fauna salvaje en la Comunitat Valenciana que está causando verdaderos estragos en cultivos e infraestructuras.

Finalmente, y tras destacar en términos positivos la rebaja fiscal de la que este año podrá beneficiarse el sector agrario, Aguado expresó su decepción con las carencias e insuficiencias de las que adolece la política agraria que está llevando a cabo la Generalitat.

«Seguimos esperando un proyecto estratégico de largo alcance,  y lo único que tenemos a cambio es una ley de estructuras que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y un plan para la huerta de València cuya valoración final dependerá del plan agrario que se está elaborando, pero que de momento no nos convence en absoluto. La legislatura avanza hacia su conclusión y sigue creciendo el abandono de tierras de cultivo».