El pleno del Consell ha aprobado el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP), tras un amplio proceso de participación y consulta pública y con los dictámenes favorables del Consejo de Asesoramiento y Participación en materia de Medio Ambiente, del Consejo Económico y Social y del Consell Jurídic Consultiu. 

Este Proyecto de Ley ha sido impulsado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente con el objetivo de simplificar y reducir la complejidad y dispersión de la normativa urbanística vigente, en la línea de eliminar cargas legislativas que está acometiendo el Consell. Así, la LOTUP incorpora un código urbanístico único que engloba, desde una misma visión, las materias de urbanismo, territorio, paisaje y evaluación ambiental, al tiempo que sustituye a cinco leyes y dos reglamentos. 

En concreto, la nueva ley refunde cinco leyes: la Ley Urbanística Valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la Ley del Suelo No Urbanizable, y la Ley Reguladora de los Campos de Golf en la Comunitat Valenciana. De esta manera, la reforma legal reduce en un 77% el número de disposiciones normativas. 

MÁS SEGURIDAD JURÍDICA 

El incremento de la seguridad jurídica es uno de los objetivos fundamentales de esta ley, que nace con voluntad de clarificar el marco legal, aumentar la transparencia, las condiciones de igualdad, los derechos de los propietarios y sus relaciones con el urbanizador. 

Entre estas mejoras, se proponen unos procedimientos de aprobación de los planes plenamente adaptados a la normativa de contratación del sector público, que se han consensuado con la Administración europea y estatal a fin de evitar la anulación de proyectos por parte de los tribunales. 

NOVEDADES

Una de las novedades más destacadas que introduce este Proyecto de Ley es trasladar la filosofía del agente urbanizador, que tanto ha dinamizado la actividad de la urbanización, a la actividad de la edificación. Esto significa que la LOTUP da entrada a la iniciativa privada de un tercero en la construcción y rehabilitación de edificios, con las debidas garantías para el propietario y mediante un procedimiento de pública concurrencia. 

Se ofrece así un nuevo campo de actuación para empresas constructoras de pequeño tamaño que puede dinamizar, cuando exista la demanda para ello, la construcción y rehabilitación de la ciudad consolidada.