Los productores de energía fotovoltaica: ‘El futuro es inexistente’

Las prospecciones petrolíferas planteadas en las últimas fechas en aguas próximas a Canarias y otros proyectos similares que se barajan para Baleares cuestionan «seriamente», en opinión de la Anpier, el interés del actual Gobierno por potenciar o, al menos, mantener en los niveles actuales las energías renovables.

Una política medioambiental que «está basada en el petróleo, el ‘fracking’, el gas de Argelia, el crudo del Golfo Pérsico y el desprecio de las energías autóctonas que tenemos en abundancia en España, como las que ofrecen el sol y el viento» es «muy cuestionable», asegura Martínez-Aroca.

Así, mientras que la Agencia Internacional de la Energía prevé un crecimiento de la producción mundial de electricidad de energías renovables de un 5,4 % anual hasta 2020, el presidente de Anpier afirma que en este momento y «con absoluta seguridad» España no podrá participar en ese incremento, porque «no podremos cumplir los compromisos europeos de reducciones de emisiones de dióxido de carbono debido a las actuales incertidumbres reglamentarias».

«Si el futuro es espléndido, lo será para las empresas eléctricas«, cuyas acciones «de hecho están disparadas desde que se anunció en qué consistía la nueva reforma energética», que «no es precisamente muy verde».

Martínez-Aroca, que se reúne con Alberto Garre, presidente de la Región de Murcia, cree que él sí «defenderá con intensidad la seguridad jurídica de los productores fotovoltaicos» y espera que colabore «en la elaboración de una verdadera política energética de Estado» basada en el consenso.

El presidente de Anpier rechaza las medidas del texto legal impulsado por el Gobierno central en 2013 en el que desaparecía el sistema de primas, se derogaba la normativa que dio pie a realizar inversiones en energía fotovoltaica y se regulaba un nuevo reglamento donde se abona la inversión realizada, lo que, en cifras reales, «supone recortes cercanos al 50 % y en algunos casos superiores, respecto a las cantidades iniciales acordadas».

«Además, introduce otra norma que dice que sólo se liquidará a los productores fotovoltaicos en atención a los ingresos del sistema eléctrico«, lo que viene a significar que «si hay dinero se les paga y si no lo hay, no».

Por ello considera que estas decisiones gubernamentales son un «ataque frontal» a un sector que estaba despegando con buenas perspectivas como parte de una «jugada maestra» para «beneficiar a cinco grandes compañías eléctricas a costa de la desaparición de las renovables».

Martínez-Aroca advierte también que, a fecha de hoy, las familias inversoras únicamente han percibido el 60 % de la cantidad ya recortada, es decir, «apenas hemos cobrado un 35 % de lo que la normativa originaria reconocía como pagos».

Además, recuerda que las familias inversoras «no pedimos entrar en el sistema eléctrico», sino que fue el Gobierno quien en su día «pidió que invirtiésemos en energías limpias, sostenibles y de futuro» para vivir ahora un «auténtico drama».

«Estas medidas no sólo acaban con lo construido, sino que destruyen el futuro de las renovables, porque nadie en su sano juicio va a invertir en paneles solares y ningún banco va a dar un solo céntimo mientras gobierne este Ejecutivo», sentencia.

En la actualidad, las entidades financieras «tienen atrapada una inversión fotovoltaica de 20.000 millones de euros de devolución de las 62.000 familias» que han invertido en esta energía limpia. «Sólo nos queda afrontar la batalla política y legal», asegura desolado.