La baliza V-16, luces y sombras la nueva «tasa tecnológica» al transporte español

Desde el 1 de enero de 2026, la señal luminosa V-16 conectada será obligatoria para todos los vehículos españoles y jubilará definitivamente a los triángulos de emergencia. La medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través del Real Decreto 159/2021, convierte a España en el único país del mundo que exige por ley un dispositivo de preseñalización con geolocalización y conexión a la plataforma DGT 3.0.

La V-16 es una pequeña baliza amarilla que se guarda en la guantera y se coloca, sin bajar del vehículo, sobre el techo en caso de avería o accidente. Emite una luz intermitente de 360º durante al menos 30 minutos y envía su ubicación vía GPS y eSIM a los servidores de la DGT, que a su vez distribuyen la incidencia al resto de usuarios conectados. La DGT insiste en que el dispositivo es anónimo —no asocia matrículas ni datos personales, ni genera historiales de movimiento— y solo se activa cuando el conductor enciende la baliza.

Una factura de más de 5 millones para el transporte profesional

El impacto económico no es menor para las empresas de transporte. Según cálculos de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic), el sector del transporte de mercancías por carretera tendrá que desembolsar más de 3,8 millones de euros para cumplir con la nueva exigencia, tomando como referencia el precio más bajo de mercado —en torno a 25 euros por unidad— y el número de empresas que operan en España.

Los dispositivos V-16 se mueven en una horquilla de precios de entre 25 y 70 euros por baliza, según la propia patronal, que ha hecho sus números sobre un parque compuesto por 153.374 empresas de transporte de mercancías. Con una flota media de 120 vehículos por empresa entre sus asociados, la factura supera los 3.000 euros por compañía.

En el transporte de viajeros por carretera, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) estima un coste adicional de unos 1,5 millones de euros para adaptar sus flotas. La organización valora positivamente la medida por el incremento en seguridad —dispositivo más visible, rápido de colocar y que reduce la exposición del conductor a la calzada— y por la reducción de tiempos de auxilio gracias a la geolocalización, que permite localizar antes el autobús inmovilizado.

Si se amplía la foto a la economía en su conjunto, el volumen de negocio es potencialmente multimillonario: en España hay más de 34 millones de vehículos asegurados, por lo que la generalización de la V-16 conectada abre un mercado masivo que algunos analistas ya califican de «cambio de paradigma» en seguridad vial… y de oportunidad de negocio para fabricantes, operadores de conectividad y distribuidores.

España, laboratorio mundial… y foco de polémica

Más allá del consenso sobre la necesidad de reducir atropellos en vías rápidas —uno de los objetivos declarados de la DGT al eliminar los triángulos, especialmente en autopistas y autovías—, la V-16 conectada llega rodeada de dudas y recelos.

Por un lado, las asociaciones del transporte de mercancías advierten de problemas prácticos. Representantes del sector señalan que, en camiones de hasta cuatro metros de altura, la baliza colocada en el techo podría ser poco visible, especialmente en curvas cerradas o cambios de rasante, lo que limita parte de la ventaja teórica del nuevo sistema.

Por otro, juristas y asociaciones de consumidores cuestionan el modelo elegido: un único país que obliga a comprar un dispositivo conectado, con SIM integrada y geolocalización gestionada por un reducido número de proveedores homologados. Algunos informes apuntan a un «negocio asegurado» con decenas de millones de potenciales clientes cautivos, lo que ha alimentado la percepción de que, junto al objetivo de seguridad, existe un fuerte incentivo empresarial detrás de la normativa.

La privacidad ha sido otro frente de polémica. En redes sociales circularon mensajes que alertaban de una supuesta «vigilancia constante» de los movimientos del coche. La DGT y la Agencia Española de Protección de Datos han tenido que salir al paso: la baliza solo transmite coordenadas durante el incidente y no se vincula a la identidad del conductor ni almacena su histórico de trayectos.

Doble inversión y advertencia a empresas: cuidado con la homologación

La transición tampoco está siendo limpia. Parte del parque móvil ya había adquirido balizas V-16 no conectadas, válidas en la etapa intermedia en la que convivían con los triángulos. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026 estas unidades quedan fuera de la ley: solo serán válidas las V-16 conectadas y homologadas por la DGT, listadas en su web oficial.

Eso implica, en la práctica, una doble inversión para muchas empresas que, por «falta de información clara» en los primeros compases de la normativa, compraron modelos sin conexión de datos. Ahora se ven obligadas a retirar esas balizas y sustituirlas por las conectadas, asumiendo un coste adicional que no estaba en los presupuestos iniciales.

La recomendación para las compañías —y en especial para las pymes, más expuestas a compras impulsivas o por precio— es clara: verificar que el dispositivo está en el listado oficial de la DGT, que incorpora eSIM, geolocalización y certificación de vida útil (habitualmente entre 10 y 15 años), y que el proveedor garantiza la conexión con la plataforma DGT 3.0 durante ese periodo sin cuotas extra.

Multas, reputación y oportunidad para la gestión de flotas

El nuevo escenario normativo no solo afecta a la cuenta de resultados, sino también al riesgo regulatorio y reputacional. La Guardia Civil ha advertido de multas de hasta 80 euros por no llevar la baliza en el vehículo y de 200 euros por no señalizar adecuadamente una incidencia en carretera; además, disponer de una luz que no esté conectada o no sea homologada se considerará como si no se llevara nada.

En casos de uso fraudulento —encender la baliza sin emergencia real o utilizarla para simular incidencias—, las sanciones pueden escalar hasta los 30.000 euros, ligadas al uso indebido de los servicios de emergencia.

Para las grandes flotas, la obligatoriedad puede convertirse en palanca de modernización. La adopción anticipada de la V-16 conectada permite centralizar la gestión de incidencias, mejorar la coordinación con aseguradoras y servicios de asistencia y reforzar la imagen de empresa comprometida con la seguridad y la prevención de riesgos laborales.

En un sector presionado por los costes del combustible, la transición energética y la escasez de conductores, proyectar una cultura de seguridad puede ser un factor diferencial ante clientes y administraciones.

Un nuevo estándar de seguridad… Made in Spain

A apenas unas semanas de la entrada en vigor, la baliza V-16 conectada se consolida como un nuevo estándar de seguridad vial… al menos en España. Con una implantación que exige inversiones relevantes al transporte de mercancías y viajeros, el debate se mueve entre quienes la ven como una herramienta eficaz para reducir atropellos y tiempos de auxilio, y quienes la consideran un experimento regulatorio que socializa el coste entre millones de conductores para beneficio de unos pocos actores industriales.

En cualquier caso, para empresas de transporte y conductores profesionales el margen de maniobra ya no está en el «sí o no», sino en el «cómo»: elegir dispositivos homologados, integrarlos en sus protocolos de prevención y aprovechar la nueva capa de información que aporta la conectividad para hacer más eficiente —y más segura— la gestión diaria de sus flotas.