Expertos valencianos exigen más claridad sobre la reforma de financiación

La reforma del sistema de financiación autonómica ha vuelto a situar a la Comunitat Valenciana en el centro del debate territorial. Aunque la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda apunta a una reducción de las diferencias de financiación por habitante entre autonomías, la posición valenciana sigue siendo de cautela: hacen falta más datos, más detalle técnico y una respuesta específica a la infrafinanciación acumulada durante años.

Ese fue el mensaje trasladado por el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, tras reunirse con la comisión de expertos sobre financiación y con la comisión mixta Consell-Corts, en la víspera del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Según fuentes de la Generalitat, tanto el fondo de nivelación transitorio como la condonación de la deuda son «cuestiones fundamentales» para la Comunitat Valenciana, que sigue reclamando una solución específica mientras no se apruebe un nuevo modelo.

La Generalitat sostiene que la información conocida hasta ahora no permite realizar una valoración cerrada de la propuesta. Rovira aseguró que «falta mucha información por conocer» y trasladó que los expertos también consideran insuficientes los datos disponibles para hacer estimaciones concretas, más allá de unas cifras globales. Esa exigencia de transparencia enlaza con una reivindicación histórica del territorio valenciano: conocer con precisión cómo se calcula el reparto y qué impacto real tendrá sobre sus ingresos.

Un modelo con más recursos, pero aún bajo examen

La propuesta expuesta por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el CPFF eleva en 20.975 millones de euros los recursos autonómicos estimados para 2027 y sitúa el total a distribuir en 224.507 millones. El Ministerio defiende que el nuevo esquema «beneficia a todas las CC.AA.», que refuerza la solidaridad interterritorial y que reduce la distancia en financiación por habitante entre la comunidad mejor y la peor financiada, que pasaría de 1.500 a 477 euros antes de aplicar la cláusula de statu quo.

Además, Hacienda plantea una adhesión voluntaria al nuevo sistema. En concreto, las comunidades podrán acogerse al nuevo modelo o mantenerse en el rendimiento del vigente, una fórmula que, según el Ministerio, replica la posibilidad ya contemplada en la reforma de 2009. Montero también anunció reuniones técnicas inmediatas con las autonomías para discutir y mejorar la propuesta.

Sin embargo, en el caso valenciano el debate no se limita a la arquitectura futura del sistema. El Consell insiste en que la discusión debe incorporar mecanismos correctores mientras llega la reforma definitiva, porque la infrafinanciación no es una cuestión abstracta, sino una pérdida de recursos sostenida durante más de una década.

Fondo de nivelación y deuda, las dos prioridades valencianas

La Generalitat vuelve a poner sobre la mesa dos cifras que resumen su posición. Por un lado, la comisión de expertos sitúa en torno a 1.800 millones de euros el fondo de nivelación transitorio que necesitaría la Comunitat Valenciana mientras no entre en vigor un nuevo modelo. Por otro, cifra la deuda valenciana en torno a 60.000 millones, de los que más de 40.000 millones tendrían su origen en la infrafinanciación histórica derivada del sistema aprobado en 2009, caducado desde 2014.

Para el Consell, ambas cuestiones son inseparables. La nivelación transitoria permitiría corregir parcialmente el déficit de recursos corriente, mientras que la condonación o reestructuración de la deuda serviría para abordar el lastre financiero acumulado. Rovira defendió que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana «deben tener los mismos derechos que los de otras comunidades autónomas» y advirtió de que no aceptará «ni un solo euro menos para los valencianos».

La condonación, en paralelo al debate del modelo

En este frente, Hacienda ya había remitido a las comunidades en febrero de 2025 la metodología para la condonación de deuda autonómica, una operación cifrada en 83.252 millones de euros para el conjunto de las comunidades de régimen común. El Ministerio sostuvo entonces que se trataba de criterios «técnicos, transparentes e iguales para todas» y fijó como referencia un máximo del 50% de la deuda autonómica a 31 de diciembre de 2023.

Ese movimiento no ha cerrado, sin embargo, el debate valenciano. La Comunitat considera que la deuda no puede analizarse al margen de la infrafinanciación que la ha alimentado durante años. De ahí que el Consell insista en que cualquier solución debe reconocer ese componente estructural y no presentarse solo como una medida financiera general para todas las autonomías.