Sectores de la industria española piden 2.500M€ para garantizar su competitividad

El proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobado por el Consejo de Ministros, «aunque es positivo, carece de la concreción más esencial. Es decir, definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la reindustrialización que requiere nuestro país», subraya Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española que está integrada  por Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).

Concretamente, los nueve sectores integrantes de la Alianza consideran imprescindible dotar financieramente la necesaria transición de la industria tanto en España como en Europa. Además, «creemos que debemos hacerlo con las cuentas claras desde el principio», explican, con el fin de «ser capaces de atraer esa inversión a la que aspiramos y también para despejar y eliminar incertidumbres creando un entorno predecible», añade Reinoso.

2.500 millones para la Ley de Industria

Según sus propias estimaciones, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica «debería contar con una aportación cercana a los 2.500 millones de euros, cifra con la que podríamos garantizar la competitividad de los activos industriales estratégicos en España, entre otros, los sectores que componen la alianza por la competitividad de la industria española, todos ellos sectores estratégicos que constituyen la base de nuestra industria sobre la que crear nuestra estrategia y desarrollo futuro», asegura Carlos Reinoso.

Desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española consideran también que el Proyecto de Ley , «sin ninguna duda, viene a llenar un vacío legal absolutamente necesario. La ley de 1992 se aprobó en un contexto muy diferente al que vivimos actualmente», señalan.

En este sentido, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, aclara que “la Ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial. Aportará modernización, certidumbre y eficiencia ya que  tenemos un gran objetivo que es la reindustrialización”.

La Ley reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía, crea una Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, mantiene las sanciones y se podrá reconocer nuevos Perte.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la conversión de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) en entidad pública empresarial, para que pueda convertirse en la gran agencia española de la política industrial.

Pérdida dramática de competitividad

«Tenemos que entender que la Unión Europea ha reconocido la dramática pérdida de competitividad de la industria europea y esto ha quedado reflejado tanto en el llamado Informe Draghi como también en las intervenciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen», recalca Reinoso.

En este sentido, «hay que entender que la industria está en un proceso de transformación profunda porque la del futuro no es la que tenemos hoy», reconoce Reinoso. «La industria del futuro, -corrobora- estará descarbonizada y digitalizada y funcionará dentro de esquemas de economía circular y todo ello requiere cuantiosas inversiones».

El nuevo escenario en el que se desarrolla la industria europea y la española en particular «requiere políticas industriales activas, políticas que sean capaces de impulsar la competitividad del sector industrial y también de acompañar las inversiones privadas que son necesarias para acometer la transformación de la industria actual y la del futuro mediante mecanismos públicos que sean capaces de impulsar de manera decidida esa transformación y de dar continuidad a lo que ya se ha iniciado en últimos años, como los llamados Perte».

Amplio consenso político

Por ello, Reinoso reclama que “durante el trámite parlamentario se mejore la ley mediante enmiendas de los diferentes grupos políticos para lograr mayor concreción y mayor nivel de ambición». Una vez mejorada, desde la Alianza desean que cuente con «un amplio consenso de los diferentes grupos parlamentarios, porque debemos entender que la industria debe ser una política de Estado que perdure en el tiempo», destaca.

Una opinión que coincide plenamente con la de Jordi Hereu, ministro de Industria quien ha declarado que esta «ley tiene vocación de estar al servicio del país». Por ello,  se ha comprometido a buscar el máximo consenso con los grupos políticos. «España está ante una gran oportunidad ante el desarrollo de una política de reindustrialización”, ha señalado.

¿Qué más novedades incluye la ley?

La Ley de Industria y Autonomía Estratégica reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía (eléctrica o gas) estableciendo  medidas de apoyo que faciliten la descarbonización de sus procesos y su transición energética. Las instalaciones industriales que se acojan a estas medidas deberán disponer de un plan de eficiencia energética y transición ecológica a largo plazo, que describa la senda de descarbonización de la instalación.

Además, la nueva ley dota a los grandes proyectos industriales de una nueva herramienta destinada a facilitar y acelerar la implementación de la inversión industrial.

Se articularán medidas de apoyo a los Ecosistemas Industriales Estratégicos. En concreto, se habilita la posible concesión de ayudas públicas sin concurrencia competitiva y grupos de trabajo específicos de simplificación administrativa.

Igualmente, la ley contempla la posibilidad de reconocer nuevos Perte más allá de la vigencia del PRTR que tendrán que estar enmarcados en al menos un ecosistema industrial o un reto identificado como estratégico.

Además, la Ley pretende asegurar las inversiones realizadas en España. Por ello, regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país, tenga que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno y, en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tengan que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla.

Se crea la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi), un instrumento, un fondo, de productos y capacidades estratégicas, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis. No se trata tanto de tener productos almacenados, como de disponer de un listado de artículos estratégicos y de capacidades de producción nacional, ante casos excepcionales de situaciones críticas.

Por último, se detalla el régimen de infracciones y sanciones. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves.