Situación de emergencia en el sector de la construcción, activación de la colaboración público-privada, marco normativo estable, reducción del exceso de burocracia, agilidad en la gestión de licencias, formación dual… han sido algunas de las reclamaciones expuestas durante la mesa de debate dedicada al sector de la Construcción y que hemos celebrado en nuestro Club Deportivo Empresarial Alcatí que se encuentra en un entorno tan exclusivo como es L’Albufera de Valencia.
En esta ocasión han participado Teresa Puchades, CEO de Avanza Urbana; Jaime Jiménez, director de Edificación de Torrescámara; Alejandro Almenar, CEO de Vareser; Rosa María Pérez Campos, responsable del Área de Materiales y Productos de Aidimme; José Luis Santa Isabel, presidente de la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval); y Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova). Por parte de la Generalitat Valenciana han intervenido José Vicente Dómine, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio y Sebastián Fernández Miralles, secretario autonómico de Vivienda de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.
Elisa Valero, socia directora de Economía 3 ha sido la primera en tomar la palabra para explicar a los participantes qué es el Club Deportivo Empresarial Alcatí, cuáles son sus valores fundacionales -arquitectura, deporte y gastronomía- y ha recordado también cuáles son los tres espacios que lo integran –Casa y Motor del Tancat de l’Alcatí, la barraca de Fang i Pallús y la última incorporación, la recién inaugurada barraca del Tío Aranda-. Todos ellos a disposición de todos aquellos que quieran realizar actos como presentaciones de producto, formación, convenciones de empresa, reuniones de equipos, etc.
Elisa Valero también ha ejercido como moderadora del debate y ha abierto fuego poniendo sobre la mesa las cifras del sector. Tal y como ha expresado, la construcción supone un 4,7% del PIB, «la mitad de lo que era en 2006, momento a partir del cual ha ido cayendo progresivamente. De hecho, a partir de 2012 no ha superado el 6%». Actualmente da empleo a 1.291.539 personas y está integrado por unas 180.000 empresas.
Ha matizado, y según previsiones de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que «a principios de 2023 se preveía que la construcción en España creciera un 4%. Un incremento que vendría impulsado por el aumento de la obra civil del 11,8% en términos de actividad y que representaría el 15,7% de la producción nacional». Este crecimiento vendría impulsado por un importante volumen de obra licitada y no contratada en 2022, por valor de más de 9.100 millones de euros. Por su parte, la edificación residencial, que supondría el 33,7% de la producción nacional en 2023, crecería un 3% y, por último, la rehabilitación residencial representaría el 21,5% de la producción nacional lo que significaría un crecimiento del 2,4%.
Reinventarse para hacer frente a la desconexión
Teresa Puchades, CEO de Avanza Urbana, empresa familiar dedicada a la promoción de vivienda residencial con más de 50 años de experiencia, ha sido la primera en tomar la palabra. Ha recordado que tomó las riendas de la empresa en 2008 «y me encontré con años de inactividad». Ha hecho hincapié en el cambio que ha dado el sector. «Igual que la planta de Sagunto desapareció por estar desconectada nuestro sector también dejó de estar conectado y lo que hemos hecho desde 2016 ha sido reinventarnos».
Rosa María Pérez, responsable del Área de Materiales y Productos de Aidimme, ha explicado que el sector está adaptándose a las necesidades de la sociedad y del ciudadano y que, cada vez hay más movimiento en toda la cadena de valor. Ha incidido en que el «el sector tiene muchos retos que conseguir. La investigación va avanzando pero la parte legislativa no es tan ágil».
Ahondando en esta cuestión, ha calificado como «una lástima no acompasar la Administración con la evolución del sector de la construcción».
Jaime Jiménez, director de Edificación de Torrescámara, una empresa valenciana que ha tenido más presencia en obra civil, pero «en los últimos años -ha destacado- estamos entrando en el ámbito de la edificación y en concreto en el apartado residencial».
José Luis Santa Isabel (Fecoval) ha manifestado que la federación lleva 40 años representando al sector. «De hecho, tenemos las mayores empresas de este país, empleamos a 147.000 trabajadores de la Comunitat Valenciana, representamos el 6% del PIB y llegamos a suponer el 10% y representamos a 16.700 empresas de la construcción, la mayoría de ellas microempresas».
Santa Isabel ha reconocido la importancia de los fondos europeos y ha mostrado su preocupación sobre lo qué va a pasar a partir del 1 de enero de 2027 “cuando los fondos hayan concluido y no haya inversión pública”.
10.000 viviendas en colaboración público-privada
Sebastián Fernández Miralles, secretario autonómico de Vivienda de la GVA ha señalado que entre los objetivos del nuevo gobierno se encuentran la promoción de vivienda pública, en concreto, 10.000 viviendas tal y como ha prometido el presidente, Carlos Mazón “que se tienen que hacer gracias a la colaboración público-privada”; y la calidad en la edificación. En este sentido, Fernández Miralles ha mencionado el decreto por el que se aprueban las normas de diseño y calidad en edificios de vivienda en la Comunitat Valenciana, «un decreto sacado en tiempo de descuento el pasado 26 de mayo y nuestro objetivo es revisarlo para crear un entorno que permita a las empresas del sector promover vivienda».
Alejandro Almenar, CEO de Vareser (antigua CYES) una empresa familiar con más de 40 años de tradición, ha relatado que le tocó ponerse al frente de la misma en 2013, «un momento en el que teníamos dificultades y un momento en que se nos abandonó al sector porque la crisis financiera impactó en todos los niveles».
Sobre la nueva situación, Almenar ha aclarado que «la compañía está en un proceso de renovación a través de la innovación continua». Almenar ha puesto en valor que están trabajando en dos proyectos interesantes relacionados con el medioambiente: «uno de ellos es una planta de biogás y el segundo es el tratamiento de los residuos volcánicos de La Palma para hacer un producto que contribuya a reducir el ciclo de carbono del cemento».
Un gran pacto de Estado
Almenar ha recordado también que en 2007 había casi tres millones de trabajadores en el sector «y en 2023 sólo somos un millón». «Pensamos que esto se ha debido al deterioro del precio, a la falta un proceso de promoción estratégica y requeriría un gran pacto de Estado, aunque tal y como está la situación política es complejo», ha reconocido.
El CEO de Vareser ha abogado por la puesta en marcha de un plan ambicioso de reinversión que puede mejorar el empleo y el PIB a largo plazo «para posicionarnos a la altura de los países europeos».
Antonio Olmedo, presidente de Aprova, ha resumido la situación del sector de la siguiente manera: «la reurbanización está muerta y la vivienda social está caída. Si una parte de la actividad promotora está parada como es la vivienda social, podéis imaginaros como estamos».
Olmedo ha desgranado también una serie de cifras. En concreto, ha declarado que por cada vivienda que se inicia, genera tres puestos de trabajo, pero «si no se construye el Estado deja de captar recursos vía impuestos».
Ha incidido también en que «en los últimos tiempos ha habido dos leyes de vivienda y nueve decretos ley que han supuesto un encarecimiento de costes brutal«. Ha recalcado también que «se ha generado una emergencia inmobiliaria que se pretende resolver con el acoso inmobiliario».
Olmedo ha puesto también el foco en la formación dual como una necesidad «para que el sector se recupere eficientemente».
Las licencias es otra de las cuestiones que ha tratado y cuya gestión gestión ha calificado de «incompetente en todos los ámbitos: local, autonómica y nacional«.
A pesar de todo, ha reconocido que el sector se pone a disposición para hacer obra pública en colaboración público-privada.
Por último, José Vicente Dómine, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha explicado que les han encomendado hacer progresar el territorio.
Ha incidido en la necesidad de reivindicar políticas de infraestructuras que supongan el progreso de todo el Estado y que no sirvan para beneficiar a unos en perjuicio de otros.
Ha recalcado también que quieren «ser atractivos para la inversión y para los ciudadanos». Sobre el s. XXI ha destacado que «tenemos que adaptarnos a un siglo que va a ser verde, conectado y digital y sobre todo un siglo frugal ya que para tener progreso debemos ser frugales».
«Debemos gastar recursos de manera más eficiente y esas inversiones deben ser efectivas y equitativas«, ha resaltado. «El problema no es la cantidad de la inversión sino la eficacia de dicha inversión. Es importante hacer eficientes las inversiones públicas y para ello es imprescindible que el Estado sea eficiente y la mejor forma de hacerlo es a través de la colaboración público-privada«.
(En los próximos días podrán leer una ampliación de la mesa redonda sobre construcción celebrada en el Club Deportivo Empresarial Alcatí)