Mujeres al Timón
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) ha solicitado la creación de un fondo de rescate extraordinario de emergencia para el sector de la discapacidad y para todo el tercer sector de acción social de la comunidad valenciana, para “no reparar, pero, al menos, sí minimizar todos los daños económicos y sociales causados en la red de apoyo del movimiento de la discapacidad y el resto de grupos en situación de mayor vulnerabilidad”.
Así lo expuso el presidente de la entidad, Luis Vañó, durante su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social, Sanitaria y Económica de Les Corts Valencianes. Vañó apuntó que en la Comunidad Valenciana, estos apoyos, mayoritariamente se prestan desde estructuras asociativas “que la pandemia ha debilitado y fragilizado”.
En concreto, el responsable del Cermi ha estipulado este fondo de rescate en 4,5 millones de euros para el sector social de la discapacidad, para hacer frente a los efectos de la Covid-19, dentro de uno mas amplio de 23 millones para todo el tercer sector de acción social. En este sentido, ha resaltado que “esto es una inversión social”.
Consitución en Les Corts de la Mesa de Reconstrucción Social.
Además, señaló que, con posterioridad, “hay que anclar un marco de financiación estable y suficiente para el tercer sector”, y que se enmarque en el trabajo que ha reclamado para la elaboración de la futura ley del tercer sector de la Comunidad Valenciana.
“Las necesidades de sostenibilidad y las medidas expuestas por el CERMI CV, se realizan desde la firme defensa del principio del diálogo civil como elemento clave de una democracia avanzada y participativa. Además, estas propuestas tienen por objeto conseguir las condiciones necesarias para poder afrontar con éxito una postpandemia y reconstrucción correcta y también ante futuros rebrotes o nuevas pandemias”, declaró Luis Vañó.
A su juicio, en la reconstrucción se debe atender “a la situación de fragilidad estructural de las personas con discapacidad y sus familias y al papel esencial de las entidades del movimiento organizado de la discapacidad en la provisión de la cartera de servicios hacia el colectivo”.
Medidas administrativas
Por otro lado, el presidente del Cermi CV exigió la simplificación de los trámites administrativos de las prestaciones sociales y la agilización de su abono, así como la aplicación de la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunidad Valenciana, para resolver en un trimestre resoluciones como el grado de discapacidad, los apoyos en autonomía personal o las ayudas para mujeres víctimas de violencia de género, entre otras.
Tambiéndestacó la “prioridad de incluir en la reconstrucción un plan de choque real y efectivo para agilizar, de una vez por todas, los trámites y reducir las esperas para concesión de grados de discapacidad». Asimismo, ha planteado una propuesta de estudio para regular un nuevo procedimiento que haga posible la unificación de los procesos de solicitud del grado de discapacidad y de dependencia.
Respecto de las propuestas de apoyo, Vañó indicó que “hay que implementar muchísimo más la Asistencia Personal como la prestación mas inclusiva y potenciadora de la Autonomía Personal y Vida Independiente”. También reclamó “la conformación urgente de una Estrategia Autonómica de Desinstitucionalización y de tránsito activo a fórmulas de base inclusiva y comunitaria”. En su opinión, “mientras sea la persona la que se adapte al recurso y no al revés, no se hará un trabajo real por la autonomía de la persona”.
En esta línea, subrayó la “imperiosa necesidad de conformar la Estrategia Valenciana de Lucha contra la Brecha Digital”, la cual tendrá efectos en los ámbitos del conocimiento, el acceso a la información, la educación, la investigación científica y en la diversidad cultural y lingüística. “El desarrollo de la cuarta generación de los derechos humanos es la inclusión digital”, precisó.
Renta valenciana de inclusión
El presidente del CermiCV indicó que “la renta valenciana de inclusión será una de las herramientas para la inclusión en la postpandemia de la Covid-19” y que “urge su armonización con el nuevo ingreso mínimo vital estatal”. Así, destacó que, “autogestionado o no, se debe asegurar la cobertura existente, ampliarla y reconociendo excepcionalmente a las personas con discapacidad como unidades familiares independientes, aunque sigan conviviendo en el hogar familiar”.
Asimismo, exigió que la garantía de accesibilidad universal sea un eje transversal y de carácter general en la reconstrucción para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los entornos, bienes y servicios en igualdad de condiciones.
