Tanto en el ámbito autonómico como en el conjunto del estado español, se ha podido constatar la unanimidad y reivindicación histórica existente entre usuarios y gestores de áreas empresariales en cuanto a la inexistencia de normativa específica que regule los parques empresariales.

Los parques industriales, en la práctica “infraestructuras económicas básicas de interés general”, desempeñan una función estratégica en la correcta localización de las actividades económicas en el territorio y las empresas que se ubican en ellos contribuyen decididamente a la creación de empleo y riqueza, generando el 50% del PIB del Estado.

Actualmente, el déficit de herramientas de gestión de los parques empresariales, el escaso aprovechamiento de las economías de escala en estas zonas (servicios conjuntos o mancomunados), así como el hasta ahora nulo desarrollo de legislación en este campo ha provocado una pérdida de competitividad de las PYMEs ubicadas en las áreas empresariales de la Comunitat Valenciana.

Como bien es sabido, en la Comunitat Valenciana tenemos de sobra ya todas las áreas industriales que nos hacen falta. A la hora de crear polígonos industriales probablemente seamos campeones de Europa… Sin embargo, se nos ha olvidado que dichas áreas empresariales hay que conservarlas, mantenerlas, cuidarlas en definitiva como cualquier otra infraestructura.

A todo esto, hay que añadirle la inadecuada planificación en materia de parques empresariales en los últimos lustros, que además de provocar un considerable excedente de suelo industrial, ha permitido su atomización en pequeñas parcelas y naves industriales que actualmente en muchas ocasiones no se adecuan a las ingentes necesidades demandadas por parte de los operadores logísticos.

También se parte de la aplastante evidencia que aquellas áreas empresariales en las que existe un órgano gestor (asociación de empresas, entidad urbanística de conservación, comunidad de propietarios, etc.) están mejor conservadas, existen servicios de vigilancia, mantenimiento, servicios de valor añadido, mayor colaboración con el respectivo ayuntamiento, etc.

La ausencia de cualquier tipo de organización formal es algo que caracteriza a la mayor parte de las áreas empresariales. Menos del 15% de las áreas empresariales de la Comunitat Valenciana cuentan con una entidad gestora, por lo general una asociación voluntaria. Sobre un total aproximado de 740 áreas empresariales, encontramos una veintena de parques industriales gestionados mediante entidades urbanísticas de conservación o comunidad de propietarios, además de otras 60 asociaciones voluntarias que tratan de gestionar 150 polígonos industriales a duras penas.

Ante este panorama, ha supuesto un gran avance (una auténtica revolución, si me permiten) la aprobación por les Corts Valencianes de Ley 14/2018 de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. En su articulado se regula por vez primera en el ordenamiento jurídico español las siguientes cuestiones:

1. Creación ex novo de la figura jurídica de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM).
2. Fomento de la implicación municipal a través de la colaboración público-privada en la gestión de las áreas industriales.
3. Profesionalización de la Gerencia del área industrial.
4. Clasificación de áreas industriales según sus servicios e infraestructuras
5. Establecimiento de incentivos económicos y administrativos dirigidos a las empresas y municipios.
6. Elaboración del Mapa de Áreas Industriales de la Comunitat
7. Marca de calidad “Municipio Industrial Estratégico”.
8. Regulación del “Enclave tecnológico” en las áreas industriales.

De todas estas interesantes medidas, resulta muy acertada la principal y más avanzada propuesta de dicho proyecto de ley que regula “ex novo” la figura jurídica “Entidad de Gestión y Modernización”, en adelante EGM, propuesta innovadora que contempla el proyecto de Ley, piedra angular del texto.

La EGM, además de tener un funcionamiento democrático y representación proporcional, debe ser de obligatoria pertenencia para los propietarios y usuarios de terrenos incluidos en el área empresarial, si al menos 51% de la propiedad y usuarios de un área empresarial ratifica su creación.

Pero ¿por qué ha de ser la EGM de permanencia obligatoria? Evidenciadas las debilidades del asociacionismo en España, salvadas las mayorías cualificadas y suficientes, es necesario constituir entidades administrativas de pertenencia obligatoria que permitan garantizar el equilibrado reparto de cargas entre las parcelas y empresas de un área empresarial, evitando una morosidad indeseable.

Estableciendo un ejemplo, la EGM sería un órgano gestor cuya figura jurídica sería análoga a la de comunidad de propietarios de la Ley de Propiedad Horizontal, pero con la diferencia de que puede no tener elementos comunes, su ubicación es en un área empresarial y con facultad de prestar servicios comunes de mantenimiento y conservación que benefician a los integrantes de un área industrial delimitada, que comparten problemas y oportunidades.

Por otra parte, los parques empresariales son el último barrio de cada ciudad. Los desequilibrios entre fiscalidad municipal soportada en un parque empresarial y los servicios urbanos recibidos son difíciles de justificar.

De ahí que surja la necesidad de regular dichos entes gestores de áreas empresariales, basados en los intereses comunes de las empresas en la gestión adecuada del área empresarial, esto es, una infraestructura común muy compleja y costosa de gestionar, ante la cual ni el Ayuntamiento por sí solo, ni las empresas por su cuenta pueden hacerse cargo.

Estamos pues ante un nuevo marco de gestión que debe basarse en una leal colaboración público-privada mediante convenio entre dos actores: el Ayuntamiento y el ente gestor del área empresarial, el único tándem que puede posibilitar la regeneración y mejora del área empresarial.

En este contexto, esta iniciativa de la Conselleria de Economía Sostenible es muy acertada, resolutiva y pionera y supondrá un antes y un después en la gestión de las áreas empresariales de calidad favoreciendo la competitividad de nuestras empresas. Se trata de una valiente apuesta del Consell, que apuesta por una cultura de gestión de calidad de las áreas industriales apoyado en un nuevo marco normativo que por fin regula la colaboración público-privada entre el ayuntamiento y las empresas.