Normas urbanísticas rígidas y ley de contratos ponen límites a las smart cities

Las normas urbanísticas y la nueva legislación sobre contratos de la administración se han convertido en corsés para el desarrollo de las smart cities. ¿Cómo acometen las pequeñas y medianas ciudades la conversión en smart city? El congreso Smart Cities for Smart Citizens reservó una mesa redonda a conocer las soluciones en cuatro municipios valencianos de distintas características. Benidorm, Vila Real, Alcoi y Rafelbunyol explicaron sus experiencias con la moderación de José Vte. Morote, socio director del departamento de Derecho Público de Andersen Tax & Legal.

Una de las cuestiones que se puso a debate es la dificultad de las administraciones públicas en acometer determinados programas. Como el propio Morote señaló, la nueva legislación sobre contratos públicos -muy orientada a prevenir la corrupción- complica sobremanera la posibilidad de planificar a medio y largo plazo. Otra de las limitaciones que tiene que gestionar un ayuntamiento en su proceso de convertirse en smart city es la rígida regulación urbanística que determina prácticamente todo y que entra en conflicto con políticas sostenibles.

Pero al margen de las limitaciones que la actual normativa implica, cada ciudad aborda su proceso evolutivo con distintos objetivos. Benidorm se ha convertido en uno de los ejemplos más exitosos de smart city. Una ciudad con un censo de unos 70.000 habitantes que el pasado año fue la tercera en número de pernoctaciones en alojamiento reglado: más de 16 millones, sólo por detrás de megaurbes como Madrid o Barcelona.

Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, explicó que enfocan todo el proceso bajo la óptica de la sostenibilidad y la gobernanza y prefiere hablar de territorio inteligente. Benidorm ha obtenido certificaciones para casi todo, empezando por la tesorería, la resilencia o la gestión del agua. Presume de ser la primera ciudad en hacer accesibles sus playas, un modelo que ha sido copiado en todo el mundo. Su compromiso con el servicio público le lleva a ser la primera ciudad que ha establecido una ruta segura para personas sordociegas.

Una ciudad hiperconectada, que ofrece wifi gratis en sus principales playas para beneficio de las empresas del municipio. Una ciudad sensorizada que sabe cómo se mueven los turistas y puede predecir las necesidades en cada momento. Todo ello, como señaló Antonio Pérez, es posible gracias a la mente abierta de los funcionarios.

Un último detalle. El servicio booking books, mediante el cuál el turista con 24 horas de antelación puede solicitar a su alojamiento un libro. Cuando llegue, podrá seguir leyendo el ejemplar solicitado.

Manuel Gomicia, concejal de Alcoi, aportó el punto de vista de una ciudad mediana orientada a la producción industrial. Declarado defensor de la colaboración intermunicipal, puso de manifiesto que muchos proyectos hay que abordarlos desde plataformas colaborativas entre varios ayuntamientos. En este sentido mostró su admiración por el programa puesto en marcha por la Diputación de València y expresó su deseo que algo similar se aplicará en la provincia de Alicante.

Marta Fenollosa participó en representación del ayuntamiento de Rafelbunyol, un municipio de 9.000 habitantes, para defender la creación de smart metropolitanas. En su caso, un pequeño municipio en el área de influencia de la capital, con una actividad muy ligada a la de la metrópoli. Fenollosa puso de manifiesto que pequeñas entidades locales en la periferia de las grandes ciudades quedan fuera de las ayudas estatales y tampoco lo tienen fácil para acceder a ayudas europeas, más volcadas en los ámbitos rurales. «Estamos -dijo- en tierra de nadie«.

Precisamente la dimensión de los entes locales abrió el debate. Morote recordó que en España hay más de 8.000 ayuntamientos, de los que el 90% no tienen dimensión suficiente para acometer de forma eficiente los servicios a sus ciudadanos. Una situación que roza el absurdo cuando existen más expedientes de segregación que de unión.

La mesa se cerró con una solicitud de apoyo de las administraciones al Proyecto Galileo, la alternativa europea al GPS nacida de la iniciativa civil y sujeta a la normativa comunitaria de protección de datos. Se recordó que el actual sistema GPS tiene un origen militar americano.