Puig defiende un Estado federal donde las comunidades ganen en autogobierno

El Consell ha presentado el documento ‘Propuesta política sobre la reforma de la Constitución Española’, que recopila una serie de medidas para debatir sobre la reforma de la Carta Magna, un proceso, a su juicio, reclamado «para otorgar importancia a la pluralidad». Con esta propuesta, el ejecutivo valenciano se convierte en el primer Gobierno autonómico en mostrar su postura al respecto.

En este sentido el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha subrayado la necesidad de paralizar la «contrarreforma recentralizadora» que ha puesto en marcha el Gobierno y ha reivindicado que las autonomías «no queden al margen del proceso de reforma». «Apostamos por el avance en el modelo territorial, que sea federalizante», ha puntualizado el president.

Puig ha destacado también que resulta imprescindible «acabar con la «parálisis» de la situación actual, que, entiende que «está dificultando las posibilidades de futuro».

El documento presentado en que el modelo autonómico actual está «agotando sus límites» y, por tanto, «provocando la falta de desarrollo político y de financiación armónica, solidaria e igual a las comunidades autónomas, lo que supone debilitar los sistemas de protección social e incrementar la vulnerabilidad de las personas más débiles».

Uno de sus puntos propone ampliar los valores explícitamente asumidos en la Constitución, comprometiéndose con aspectos como la lucha contra el cambio climático; la lucha contra la violencia de género, la paridad o la promoción del gobierno abierto.

El documento recoge también nuevos derechos como la rebaja de la edad para el ejercicio de los derechos políticos a los 16 años, la igualdad de derechos de los extranjeros o ampliar las garantías de asilo. Asimismo reclama convertir en auténticos derechos subjetivos plenos el acceso a una vivienda; la salud y sanidad universal; la renta básica; la diversidad de orientaciones sexuales y la libre identidad de género; o el derecho a una muerte digna.

En otro orden de cosas, se propone fijar elementos para incrementar la proporcionalidad del sistema electoral; facilitar la celebración de referéndums consultivos o reforzar la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado.

Hacia un nuevo modelo de Estado federal

El informe propone una reforma del modelo que define el Estado como «federal» y que «articule una distribución territorial del poder a partir del principio de subsidiariedad», dotando a los ayuntamientos de unas «competencias básicas».

En este sentido, la aprobación y reforma de los Estatutos de Autonomía se realizaría sin intervención de las Cortes Generales. Se aboga por concretar «listados precisos de competencias del Estado» para «evitar los abusos en la elaboración y aplicación de legislación básica».

Asimismo, en la propuesta del Consell se indica que cada comunidad autónoma debe disponer de plena potestad legislativa en aquellas materias cuya competencia la Constitución no haya reservado explícitamente al Estado federal, «con cláusulas para evitar procesos unilaterales de recentralización por parte del Estado y la eliminación de la suspensión automática de las normas autonómicas impugnadas por el Gobierno central al Tribunal Constitucional».

En concreto, todas las comunidades autónomas tendrán competencias exclusivas en materia social y, voluntariamente, podrán asumirlas en aspectos como como la lengua propia o el derecho civil. A su vez, «debe ser potestad de cada comunidad regular su organización territorial interna, por lo que se eliminarían las referencias a provincias y diputaciones», indica el documento.

Otra novedad es que se propone convertir el Senado en una Cámara conformada por representantes de los consejos de gobierno autonómicos, con un número reducido y proporcional a la población. El Senado tendrá capacidad de veto en las leyes que afecten al diseño competencial, la financiación autonómica, los hechos diferenciales o la legislación básica.

Se introduce a su vez «la corrección de la asimetría entre el castellano y el resto de lenguas españolas» y la garantía de los derechos lingüísticos de los que hablan diferentes lenguas.