La seguridad también sostiene la economía

Justo cuando se iban a cumplir dos años de la fatídica DANA que sufrimos en Valencia el 29 de octubre de 2024 y que acabó con la vida de 233 personas, y cuando estábamos recabando información sobre cómo iba la recuperación, nada nos hacía pensar que los españoles íbamos a sufrir otro duro golpe.

Aún con el accidente ferroviario de Adamuz y los 46 fallecidos en nuestras retinas, Urda se colaba de nuevo en nuestras vidas con imágenes dantescas que en una sociedad avanzada y en la era de la IA no deberíamos de haber sufrido.

El accidente ferroviario, que a cierre de esta tribuna nos deja 69 fallecidos, es el segundo más mortífero de los accidentes ferroviarios ocurridos en España en el s. XXI.

Las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familias (y también las de Adamuz) merecen apoyo, explicaciones y una investigación rigurosa. Quienes han resultado heridos necesitan cuidados que continúen cuando la actualidad cambie de asunto.

Y esclarecer lo sucedido debe permitir adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan los fallos que se identifiquen. 

Y es que hay un dato que me resulta alarmante, en España desde 2010 a 2025, según el INE se han registrado 968 accidentes ferroviarios significativos, afortunadamente no todos tuvieron fallecidos. El INE también considera significativo un accidente que cause lesiones graves, daños materiales graves o una interrupción grave de la circulación. Pero si hacemos la división, estos números significan que prácticamente todas las semanas se registra algún accidente ferroviario.

Y aquí me planteo lo siguiente; igual que a una empresa privada se le exige conocer la normativa que le afecta, documentar su cumplimiento y atender inspecciones. Esa exigencia debe alcanzar con la misma claridad a las administraciones.

Quien reclama a una empresa que acredite su cumplimiento debe poder demostrar el suyo.

Cuando hablamos de infraestructuras, los ciudadanos necesitamos conocer quién responde de su seguridad, cómo se comprueba que cumple y qué sucede cuando se detecta una deficiencia.

La gestión pública puede aprender de las empresas que organizan bien su actividad. Cada compromiso debe tener una persona responsable, medios suficientes y un plazo que permita comprobar su cumplimiento.

Cuando una actuación se retrasa, quien la dirige debe explicar qué ha ocurrido y qué decisión va a tomar. Esa claridad también facilita el trabajo de los empleados públicos.

Y la conservación debe ocupar un lugar central en las decisiones de inversión ya que una infraestructura compromete recursos durante toda su vida útil.

A mi juicio, cada proyecto debería explicar cómo se financiará su mantenimiento, las inspecciones y las renovaciones necesarias. Valorar su coste completo ayudaría a ordenar prioridades y a justificar los presupuestos ante quienes los financian.

Y es que la seguridad también sostiene la economía: permite trabajar, desplazarse y hacer planes con confianza.

Una empresa necesita que sus trabajadores puedan desplazarse y que sus suministros lleguen con regularidad.

Y la Administración debe poder acreditar, con hechos, el mismo rigor que exige al empresario.

Desde los medios de comunicación debemos prestar a estas cuestiones la misma atención que a los anuncios de inversión.

Nos corresponde seguir las actuaciones hasta su puesta en servicio y preguntar por su funcionamiento después.

Y debemos mantener las preguntas cuando ya hayan pasado los días de mayor atención.

Porque lamentablemente, cuando todavía no tenemos respuestas a lo que sucedió en Adamuz, otra desgracia nos ha vuelto a golpear en Urda.