Europa cambia las licitaciones: la oferta más barata ya no será suficiente

«Europa asume que el modelo del más barato no funciona y quiere que las administraciones vuelvan a comprar valor, no solo precio». Así interpreta Ignacio Huertas, cofundador de Licitaciones.io, la reforma de la contratación pública presentada por la Comisión Europea, que obligaría a reservar a la calidad al menos el 30% de la puntuación de los concursos.

La Comisión Europea ha presentado una profunda reforma de la contratación pública que busca reducir el peso determinante que tradicionalmente ha tenido el precio en la adjudicación de los concursos. La propuesta establece que, como regla general, los contratos deberán concederse atendiendo a la mejor relación entre precio y calidad.

El denominado Public Procurement Act plantea sustituir las tres directivas europeas aprobadas en 2014 por un único reglamento directamente aplicable en los Estados miembros. El objetivo es simplificar los procedimientos, reducir las diferencias nacionales y utilizar el gasto público para impulsar la innovación, la sostenibilidad y la autonomía industrial europea.

La contratación pública representa alrededor del 15% del PIB de la Unión Europea, según la Comisión. La forma en la que las administraciones deciden gastar esos recursos influye, por tanto, en miles de empresas y en sectores como la construcción, la limpieza, la seguridad, la sanidad, el transporte o la atención a personas dependientes.

La reforma todavía no está en vigor. La propuesta deberá negociarse y ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo. El texto presentado por la Comisión contempla que el futuro reglamento comience a aplicarse dos años después de su entrada en vigor.

La calidad deberá representar al menos el 30%

Una de las principales novedades es la introducción de un peso mínimo obligatorio para la calidad. De acuerdo con la propuesta oficial, los criterios cualitativos deberán representar al menos el 30% de la puntuación total.

El porcentaje ascenderá al 50% en los contratos intensivos en mano de obra, definidos por la Comisión como aquellos en los que el coste laboral representa normalmente al menos la mitad del valor total.

Esta categoría puede incluir servicios como limpieza, seguridad, mantenimiento o atención social, en los que una reducción excesiva del precio puede terminar repercutiendo sobre las condiciones de trabajo o sobre la calidad del servicio.

La adjudicación basada únicamente en el precio no desaparecerá completamente, pero dejará de ser la regla general. La propuesta introduce un mecanismo de «cumplir o explicar»: las administraciones deberán justificar por qué prescinden de la mejor relación entre precio y calidad cuando opten por otro sistema de adjudicación.

«El impacto es grande, aunque tardará en notarse. Hoy, para muchísimas empresas, competir por un contrato público consiste sobre todo en apretar el precio hasta que duele», explica Huertas.

Para el cofundador de Licitaciones.io, el mínimo del 30% alterará esa dinámica, ya que «ya no basta con ser el más barato: hay que demostrar que lo que ofreces es mejor».

Una oportunidad y una exigencia para las pymes

El cambio puede abrir espacio a pequeñas y medianas empresas que ofrecen un servicio especializado, pero que no pueden competir con las economías de escala de las grandes compañías.

«Para las pymes lo veo de doble filo y prefiero decirlo con honestidad. Es una oportunidad, porque una empresa pequeña que hace bien su trabajo deja de estar condenada a ganar solo bajando márgenes hasta lo insostenible», sostiene Huertas.

Pero elevar el peso de la calidad también puede crear una nueva barrera de entrada. Preparar una memoria técnica solvente exige tiempo, personal especializado, conocimiento de los procedimientos y, en algunos casos, asesoramiento externo.

«Una gran empresa con un departamento de licitaciones parte con ventaja», admite el cofundador de la plataforma. Por ello, considera determinante que las medidas de simplificación incorporadas a la reforma permitan reducir realmente la carga administrativa.

La Comisión plantea crear un mercado digital europeo de contratación pública, conectar las distintas plataformas nacionales y aplicar el principio de «solo una vez», de forma que las empresas puedan reutilizar documentación y acreditaciones ya presentadas.

La propuesta también limita las exigencias desproporcionadas de facturación previa y restringe la posibilidad de reclamar experiencia anterior en el sector público cuando no esté justificada. Estas medidas buscan facilitar el acceso de empresas pequeñas, emergentes e innovadoras.

«Si la simplificación funciona, la pyme sale ganando. Si se queda en el papel, habremos subido el listón solo para los de siempre», advierte Huertas.

La oferta más económica gana nueve de cada diez concursos

Según el análisis realizado por Licitaciones.io, la oferta económica más baja resulta ganadora actualmente en nueve de cada diez concursos públicos. En los contratos superiores a 20 millones de euros, el porcentaje alcanza el 93%.

Estas cifras proceden de la propia plataforma y no forman parte de las estadísticas publicadas por la Comisión Europea. No obstante, el diagnóstico coincide con una de las conclusiones de la evaluación comunitaria: las adjudicaciones basadas principalmente en el precio siguen siendo frecuentes y el uso de criterios sociales, ambientales o de innovación continúa siendo limitado.

Huertas atribuye el predominio de la oferta más barata a «una mezcla de comodidad y miedo».

«El precio es el criterio más fácil de justificar y el que menos problemas da. Valorar la calidad, en cambio, obliga a mojarse», señala.

Aunque muchos pliegos ya incluyen criterios técnicos, el responsable de Licitaciones.io considera que estos se han convertido con frecuencia en apartados excesivamente previsibles. Las empresas solventes terminan obteniendo puntuaciones parecidas y el precio vuelve a decidir el resultado.

«Durante años -corrobora- se ha defendido que la contratación pública ya priorizaba la calidad, pero los datos muestran una realidad muy distinta. Se habla mucho de calidad, pero en la práctica sigue decidiendo el precio».

La consecuencia, según Huertas, es que se premia el menor coste inicial sin valorar suficientemente lo que el servicio costará durante toda su duración. En las actividades intensivas en mano de obra, esa presión puede trasladarse a los trabajadores y a la prestación recibida por el ciudadano.

La oferta técnica deja de ser un trámite

Si la propuesta prospera, las empresas deberán cambiar la forma de preparar sus licitaciones. La memoria técnica ganará peso frente a la rebaja económica y deberá adaptarse a las características concretas de cada contrato.

«Tendrán que dejar de tratar la oferta técnica como un trámite. Durante años, la parte de calidad era casi un copia y pega y el esfuerzo real iba al número final. Eso se acaba», asegura Huertas.

El precio seguirá siendo importante, pero dejará de ser suficiente. Las empresas tendrán que acreditar la calidad del equipo encargado de ejecutar el contrato, la metodología, los plazos, la sostenibilidad y la capacidad para resolver las necesidades planteadas por la Administración.

También ganará importancia el coste durante todo el ciclo de vida. Una oferta inicialmente más cara puede resultar más eficiente si reduce el consumo energético, necesita menos mantenimiento, tiene una mayor duración o genera menos residuos.

«Lo que va a marcar la diferencia es todo aquello que se puede demostrar con datos», afirma Huertas. «Ganar va a depender de saber explicar, y demostrar, por qué cuestas menos de verdad aunque en la portada no seas el más barato».

El cofundador de la plataforma recomienda a las compañías comenzar a recopilar evidencias sobre sus resultados, metodologías, equipos y proyectos ejecutados. Improvisar esa información cuando aparece una licitación puede dejar a la empresa en desventaja.

«Lo que no puntúa es el humo. La marca, la relación con la Administración o un dosier bonito mueven muy poco la aguja», advierte.

La contratación pública como política industrial

La reforma también abre la puerta a aplicar una «preferencia europea» en determinados contratos. Las administraciones podrán limitar la participación, exigir un porcentaje mínimo de contenido europeo o valorar favorablemente las ofertas con mayor presencia de bienes, servicios u obras de la Unión.

Entre las opciones recogidas en el proyecto figura la posibilidad de rechazar una oferta cuando los bienes, servicios u obras de origen europeo o de países cubiertos por acuerdos internacionales representen menos del 50% de su valor.

No se trata, sin embargo, de una exclusión automática aplicable a todos los concursos. La medida será una posibilidad dentro del marco de preferencia europea y deberá aparecer claramente recogida en la documentación del procedimiento. La Comisión también podrá establecer restricciones obligatorias en determinados ámbitos cuando estén en juego intereses estratégicos de la Unión.

«La contratación pública mueve una parte enorme del PIB, así que decidir a quién se le compra es una palanca industrial de primer orden», señala Huertas.

En su opinión, Bruselas quiere utilizar la compra pública para reforzar la industria europea y reducir dependencias en sectores estratégicos, siguiendo políticas que ya aplican otras grandes economías.

El responsable de Licitaciones.io advierte, no obstante, de los riesgos ya que «favorecer lo europeo puede reforzar a nuestras empresas y darles escala, pero también puede encarecer contratos, reducir la competencia o provocar represalias de otros países».

La medida será positiva, añade, «si sirve para premiar a quien produce e innova en Europa, y no para blindar al de siempre».

Un reglamento único para toda Europa

Además de reforzar la calidad y la preferencia europea, la Comisión quiere reducir la fragmentación normativa. Actualmente, las tres directivas comunitarias están incorporadas de manera diferente a la legislación de cada Estado miembro.

La transformación de esas directivas en un solo reglamento persigue establecer unas reglas más uniformes. Para las empresas, especialmente las pymes, esto puede facilitar la presentación en concursos convocados en otros países de la UE.

La Comisión también propone un sistema digital interconectado para compartir información empresarial, acreditaciones y datos sobre los procedimientos. La finalidad es reducir la repetición de documentos y mejorar la transparencia durante todo el ciclo del contrato.

La reforma, por tanto, va más allá de modificar una tabla de puntuaciones. Plantea que la contratación pública deje de ser considerada únicamente un procedimiento administrativo para gastar menos y se convierta en un instrumento capaz de impulsar innovación, empleo de calidad, sostenibilidad y autonomía productiva.

«El nuevo reglamento refleja una transformación en la forma de entender la contratación pública», resume Huertas. «Pasa de ser un procedimiento centrado en el ahorro a convertirse en una herramienta estratégica para impulsar la calidad, la innovación y la industria europea».