10 años del Brexit: el coste oculto que pagan empresas y familias

Esta semana se cumplen diez años desde que en 2016 el 51,9% de los británicos votara a favor de abandonar la Unión Europea, frente a un 48,1% que prefería quedarse.

Muchos medios de comunicación han querido recordar que a pesar de que en su momento las encuestas estaban ajustadas, la sensación generalizada era que ganaría el «remain».

No fue así, y aquel resultado desencadenó una de las transformaciones más drástica de la economía y la sociedad británicas desde la Segunda Guerra Mundial.

Diez años después, los focos políticos —tras seis primeros ministros desfilando por Downing Street— han eclipsado un debate igual de relevante: qué le ha pasado a la economía real, a las empresas que exportan, a los autónomos que importan materia prima y a las familias que hacen la compra cada semana. Colapso no ha habido, pero sí se ha pagado un precio alto. Y ese precio, hoy, tiene cifras concretas.

El PIB que nunca llegó

El Reino Unido es hoy la sexta economía del mundo, con un PIB estimado en unos 4,26 billones de dólares (3,67 billones de euros). Pero un estudio del National Bureau of Economic Research (NBER), publicado en diciembre de 2025, estimó que el Brexit redujo el crecimiento del PIB británico entre un 6% y un 8% respecto a lo que habría sido sin la salida de la UE.

Esa cifra coincide con el análisis paralelo elaborado con datos internos del Banco de Inglaterra, que atribuye igualmente un impacto de en torno al 6% sobre el PIB a los efectos acumulados del Brexit. No todos los economistas coinciden en la magnitud exacta —el economista jefe de Panmure Liberum, Simon French, la rebaja al 2,5%—, pero incluso los más escépticos coinciden en una idea de fondo: el Brexit ha actuado como un lastre gradual que se ha ido acumulando a lo largo de toda la década, no como un golpe puntual ya superado.

Una libra que nunca se recuperó

Uno de los termómetros más directos del golpe de confianza fue la propia divisa británica. La libra esterlina se desplomó hasta un 10% tras conocerse el resultado del referéndum y nunca ha vuelto a recuperar sus niveles previos al Brexit.

El contraste es claro: el 23 de junio de 2016, al cierre de las urnas, la libra cotizaba a 1,50 dólares y 1,31 euros. Diez años después, lo hace a 1,34 dólares y 1,15 euros, lo que supone una depreciación acumulada de entre el 11% y el 12%. Para cualquier empresa británica que importa materias primas o componentes en euros o dólares, esa depreciación se traduce directamente en mayores costes operativos sostenidos durante una década completa.

El veredicto: -15% de comercio y -18% de inversión

La Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial del Reino Unido: representa un 41,4% de sus exportaciones totales, muy por delante de Estados Unidos. Pero el Brexit ha impuesto más trabas burocráticas, controles aduaneros y mayores costes en ese comercio.

La Office for Budget Responsibility (OBR) estima que tanto las exportaciones como las importaciones británicas serán, a largo plazo, un 15% inferiores a las que existirían si el país siguiera en la UE. Ese mismo organismo calcula que esa caída del comercio se traduce en una reducción del 4% en la productividad potencial de la economía, un efecto que no se sentirá por completo hasta que se cumplan 15 años desde el referéndum. Los nuevos acuerdos comerciales firmados por el Reino Unido con países no pertenecientes a la UE, además, no han logrado compensar ese impacto de forma significativa.

A esto se suma el golpe a la inversión: según el NBER, la inversión en el Reino Unido es entre un 12% y un 18% inferior a su potencial, la más baja entre las naciones industrializadas del G7.

España, de tercer a sexto destino de la exportación agroalimentaria

El golpe no se queda en macroeconomía: tiene nombre y apellido para miles de empresas españolas. Reino Unido era tradicionalmente el tercer o cuarto destino de los alimentos y bebidas españoles. El Brexit le ha hecho retroceder hasta el sexto lugar —el segundo fuera de la UE, por detrás de Estados Unidos—.

El aumento de precios de venta, los nuevos costes y la mayor presión competitiva han obligado a las empresas agroalimentarias españolas a acostumbrarse a tratar como país tercero a uno de sus principales clientes, que hasta el Brexit pertenecía al mercado interior.

Aun así, según recoge EFE, las relaciones comerciales mantienen una «relativa normalidad», gracias en parte a algunas prórrogas, como la de los controles suplementarios a las importaciones hortofrutícolas —certificados fitosanitarios que Londres ha pospuesto hasta enero de 2027— o el acceso garantizado a los pescadores de la UE en aguas británicas hasta 2038.

En cifras: en 2025, la industria alimentaria española exportó al mercado británico por 2.804,4 millones de euros, un descenso de apenas el 0,3% interanual, según datos de la patronal FIAB. Frutas y hortalizas, vino y aceite de oliva son los principales productos exportados; España importa sobre todo bebidas espirituosas, cereales y pescado británicos.

Frutas y hortalizas: menos volumen, más competencia

Para la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), Reino Unido —su tercer destino— se ha convertido en un mercado aún más difícil, con un aumento muy fuerte de la competencia de países terceros y mayores costes operativos.

Los datos hablan por sí solos: entre 2016 y 2025, el volumen de fruta y hortaliza fresca exportada a Reino Unido cayó un 16,6%, hasta 1,3 millones de toneladas, mientras que el valor de esas exportaciones aumentó un 29,5%, hasta 2.270 millones de euros. Es decir, se exporta menos cantidad, pero a un coste por operación mucho más alto: los controles, certificaciones y procedimientos aduaneros introducidos tras el Brexit han encarecido cada envío, y los retrasos han incrementado los costes logísticos y de gestión. El sector, además, ha tenido que absorber buena parte de ese sobrecoste sin trasladarlo al precio final, en un mercado donde países terceros como Sudáfrica, Marruecos, Perú, Egipto y Turquía han ganado presencia.

Vino: más impuestos, mismo mercado prioritario

La Federación Española del Vino (FEV) señala que las bodegas han tenido que adaptarse a un nuevo marco legal, una competencia creciente y un nuevo contexto socioeconómico, aunque Reino Unido sigue siendo su segundo destino de exportación en valor y, por tanto, un «mercado prioritario«.

El golpe más reciente ha sido fiscal: en 2025 entró en vigor en Reino Unido un nuevo sistema de impuestos especiales sobre el vino en función del grado alcohólico, que ha incrementado el gravamen sobre una parte importante de los vinos españoles.

Sector de la pesca

El sector pesquero ofrece un matiz distinto. Una década después, sigue habiendo empresas pesqueras con capital británico operando en España y armadoras españolas operando en aguas británicas sin grandes cambios. El acceso de los pescadores de la UE a aguas británicas, de hecho, está garantizado hasta 2038.

A pesar de los problemas burocráticos, propios de este tipo de cambios, la realidad es que la salida de Reino Unido generó más ruido que problemas reales, en el sector de la pesca.

Rezagada frente a Europa

El golpe también ha alcanzado a la plaza financiera de Londres. Aunque el FTSE 100 ha crecido un 62% y llegó a superar su récord histórico a principios de este año, la bolsa londinense ha quedado rezagada respecto a otras plazas europeas, tras un «éxodo» de empresas que han dejado de cotizar en la capital británica para mantener acceso al mercado común.

El «arancel encubierto» que pagan las pymes

Aquí está, probablemente, la parte menos contada del relato del Brexit: nunca se impusieron aranceles formales entre el Reino Unido y la UE. Pero eso no significa que comerciar se haya quedado igual de barato.

El verdadero coste no está en aranceles, sino en la aparición de barreras no arancelarias: controles fitosanitarios, burocracia aduanera y trámites que suponen un sobrecoste medio del 8% sobre el valor de las mercancías intercambiadas con el continente. Es, en la práctica, un impuesto invisible que cualquier empresa que exporte o importe desde el continente paga en forma de papeleo, plazos y certificaciones adicionales. Y el reparto de esa factura no ha sido equitativo: las pequeñas empresas y los hogares más vulnerables han soportado la mayor parte del coste, frente a las grandes corporaciones, que disponen de más recursos para absorber la complejidad administrativa.

Para las empresas españolas que operan con Reino Unido, el cambio ha sido tangible desde el primer día: la pérdida de la condición de Estado miembro implicó restablecer formalidades aduaneras, presentar declaraciones de importación y exportación, y perder las simplificaciones que existían en materia de IVA, lo que en la práctica se traduce en mayores costes y retrasos en los plazos de recepción de los bienes.

La inflación, un agravante estructural

Según datos del Banco de Inglaterra, la inflación británica ha acumulado una subida total del 40,9% desde junio de 2016 hasta abril de 2026 —con un repunte anual del 3,40%—. El propio banco central atribuye esa subida a una combinación de factores: el impacto de la pandemia y las guerras en Ucrania y Oriente Medio, con el Brexit actuando como agravante estructural de fondo, no como causa única.

La lección para el mercado único

Para las empresas valencianas y españolas con intereses en Reino Unido, el balance de esta década ofrece una fotografía útil de lo que implica salir del mercado único: no se trata de un coste abstracto, sino de trámites concretos, una divisa más débil, plazos más largos y márgenes más estrechos, especialmente para quienes no cuentan con departamentos jurídicos o logísticos dedicados a absorber esa complejidad.

Los sectores más expuestos a este tipo de barreras —agroalimentario, automoción y bienes de consumo— concentran buena parte de las exportaciones españolas al mercado único, lo que convierte el caso británico en un recordatorio de que la integración comercial tiene un valor económico medible y, sobre todo, reversible.

«Take back control», recuperar el control, fue el eslogan que en 2016 prometió a los británicos soberanía sobre sus fronteras, sus leyes y su dinero. Diez años después, los datos muestran una factura distinta: un 15% menos de comercio con la UE, hasta un 18% menos de inversión, una libra que nunca recuperó su valor y una inflación acumulada superior al 40%. El control, parece, tuvo un precio que no figuraba en la campaña.