Francisco Pérez (Ivie), sobre la reforma del sistema de financiación autonómica: "No se puede ser optimista"

En el eterno debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, aprobado en 2009 y caducado desde 2024, hay poco espacio para el optimismo, al menos a corto plazo. Así lo considera el director de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y profesor emérito de la Universitat de València, Francisco Pérez.

«A la vista del tiempo que se lleva sin abordarlo, que solamente se hacen menciones a esto y a la falta de entendimiento para casi todo entre los dos grandes partidos, pues no se puede ser optimista. Este es un problema que requiere acuerdos entre los dos grandes partidos, que son los que gobiernan el Estado y en las comunidades autónomas», señala Pérez.

La semana pasada se celebraba en Valencia la XI Jornada RIFDE sobre Finanzas Autonómicas, organizada por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización Financiera en España (RIFDE), con la colaboración del Ivie y la Generalitat Valenciana. En dicho evento, consejeros de Hacienda de cuatro comunidades autónomas tildaron de «urgente» la reforma del modelo de financiación autonómica y más de una cincuentena de analistas trataron de proponer soluciones que equiparen los recursos de las CCAA.

Un modelo de financiación autonómica «con problemas de diseño»

Para el profesor emérito de la UV, es fundamental «seguir insistiendo en los defectos del modelo actual y sus consecuencias». Además, pide adoptar, de inmediato, dos reformas: por un lado, la creación de un fondo transitorio para acercar a la media a las comunidades infrafinanciadas y, por otro, la compensación de la parte de la deuda causada por esta infrafinanciación.

De acuerdo con el director de Investigación del Ivie, el modelo de financiación autonómica, caducado desde hace 10 años, tiene «problemas de diseño», puesto que «no aborda la igualación de los recursos de las comunidades por unidad en sus necesidades».

«Es un modelo muy complejo, difícil de entender y que arroja resultados de demasiadas diferencias de recursos entre autonomías», explica Pérez, quien añade que esta situación aleja del «objetivo constitucional de que la descentralización sea compatible con la igualdad de acceso a los servicios que prestan las comunidades, con independencia del territorio», .

Defectos de funcionamiento

Más allá de los problemas de diseño, el sistema de financiación autonómica ha tenido que hacer frente a problemas sobrevenidos durante su funcionamiento. Cabe recordar que el modelo se aprueba en 2009 e, inmediatamente, hay una caída de ingresos muy importante en todas las administraciones públicas, como consecuencia de la crisis financiera de 2008.

«Frente a eso se reacciona de manera diferente a cómo se hizo durante la pandemia. Las comunidades experimentan una fuerte caída de recursos porque caen los ingresos tributarios y porque su autonomía fiscal no les permite subir los tipos en la imposición indirecta. Lo tiene que hacer de manera uniforme la administración central, que los sube. Sin embargo, esos recursos adicionales recaudados al subir los tipos, no llegan a las comunidades», resalta.

En este punto, Pérez especifica que la administración central utilizó una cláusula de un artículo de la ley que aprueba el modelo en 2009. Esta cláusula permite que, cuando una administración ha aumentado los tipos, retenga los ingresos resultantes y los compense en el Fondo de Suficiencia.

«Esto lo hace la administración central porque las comunidades no pueden hacerlo, no les pregunta si están de acuerdo en subir los tipos, que yo creo que hubieran estado de acuerdo, dada la situación financiera. Entonces, este no es un problema de diseño, sino de cómo ha funcionado el modelo y el comportamiento de la administración central en esta materia», añade.

La Comunitat Valenciana, a la cola en financiación autonómica

A pesar de que, una década más tarde, las comunidades se han recuperado de aquella caída de ingresos, «este bache deriva en un endeudamiento generalizado que es mayor en las comunidades en las que, además de este problema general de falta de recursos, padecen otro que es el de su infrafinanciación, como es el caso de la Comunitat Valenciana  o la Región de Murcia», explica el director de Investigación del Ivie.

Según datos publicados el pasado 2023 por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Murcia, Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común con una financiación inferior a la media. «La Comunitat Valenciana está a la cola de la financiación. Y ahí estaremos mientras no se aborde la reforma del modelo o se instrumente, como propuso la Comisión de Expertos de Les Corts Valencianes, un fondo de nivelación urgente», destaca.

Peréz recalca que la Comunitat se encuentra «en una posición claramente desfavorable que explica el enorme endeudamiento acumulado». Ahora, este endeudamiento, con la entrada de las nuevas reglas fiscales, «plantea mayores problemas, ya que las presiones para la contención del déficit, especialmente en el caso de la Comunitat Valenciana y Murcia, están muy alejadas de los objetivos, lo que supone un serio problema de sostenibilidad», añade.

El fondo transitorio de nivelación

En cuanto al fondo transitorio de nivelación, el economista señala que esta propuesta surge porque es más fácil que reformar el modelo en su totalidad. «Si la disposición a reformar el modelo en su conjunto fuera tan grande que se pudiera hacer en un breve tiempo, me parecería estupendo. Si no, mientras tanto van transcurriendo los años de prórroga del modelo de financiación, que doblan a los años de prórroga del Consejo General del Poder Judicial», indica.

En este sentido, la propuesta de la Comisión de Expertos de Les Corts calcula que este fondo transitorio de nivelación requeriría unos 3.000 millones de euros en el primer año para igualar a las comunidades autónomas que están por debajo de la media.

«Si fuera tan rápida la reforma del modelo que al final de ese año ya estuviera reformado, pues se acaba la historia del fondo transitorio. Si no se hubiera reformado, lo que decimos es que al año siguiente hay que mantener el fondo y repetir la operación. Como se habrá llevado a la media a las comunidades peor financiadas, la media del conjunto habrá aumentado. Entonces habrá que repetir la operación de aquellas que hayan quedado por debajo, llevarlas a la media y así sucesivamente durante el tiempo en el que el sistema siga sin ser reformado», detalla Pérez.

La condonación de la deuda

Incluso si se realizara una reforma del sistema de financiación autonómica que diera como resultado «un modelo perfecto», algunas comunidades arrancarían la vida de ese nuevo modelo «con una mochila llena de deuda, que aumentaría sus gastos, que mantendría elevado sus gastos financieros y sus amortizaciones de deuda», recuerda.

De esta forma, Pérez insiste en la condonación de la deuda: «Lo vengo defendiendo desde hace muchos años. Creo que sería deseable que las comunidades vuelvan a los mercados a financiarse y no a dependan del FLA. Eso solo es posible con una reducción sustancial de la deuda acumulada, en casos como el valenciano. No por gastar más que la media, sino por ingresar menos».

En este sentido, el economista considera que «ahora se acepta más la necesidad de las condonaciones que hace unos años, por la situación en la que nos encontramos». «Con unos u otros instrumentos, en mi opinión, sin condonaciones, no va a ser posible la vuelta a los mercados. Si el objetivo es la vuelta a los mercados, la reducción de las cargas asociadas a la deuda y del volumen de la deuda para poder volver a los mercados ,en algunas comunidades tiene que ser sustancial», concluye.