Doctor en Economía por la Universidad de Sevilla y Executive Máster en e-business por el IE Business School; José Mª O’Kean es catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide desde 1997, donde imparte Macroeconomía, Economía Digital y Pensamiento Económico.

Es también profesor asociado en el IE Business School desde 1991 y da clases en la sede de la EOI en Sevilla. Entre sus obras, destaca su manual sobre el Entorno Económico de los Negocios y un libro sobre las 10 claves de la economía para entender los problemas actuales, La pizarra de José Mª O’Kean.

Hablamos con el economista acerca del balance que hace de 2023 y sus previsiones para el nuevo año que arranca.

Inflación, empleo y ¿recesión?

– ¿Cómo se ha desarrollado la economía de 2023? ¿Qué previsión macroeconómica se espera para 2024?

Hemos terminado con una tasa de crecimiento aceptable, alrededor del 2%, ligeramente por encima o por debajo, dependiendo de este último trimestre, aunque estamos viendo que los datos para Navidad no son tan expansivos como en años anteriores. Se espera que en 2024 la economía se ralentice un poco y nos vayamos a un crecimiento medio punto por debajo, para recuperar la senda del 2% en 2025.

En cuanto a la inflación, puede haber todavía riesgos de repunte, pero no volveremos a inflaciones altas, del 8-10%, terminaremos entre el 3,5-4,5%. En mi opinión, más cerca del 3,5% que de cifras más altas. El índice general crecerá y el subyacente bajará para ir convergiendo.

En cuanto al desempleo, se mantendrá la tasa actual y el déficit público cerrará en torno al 4,5% o algo menos, no es una mala cifra. En términos generales, con todo lo que hemos pasado: pandemia, crisis de inflación… la economía ha respondido aceptablemente.

– ¿Se descarta la recesión en 2024?

Sí, no vamos a tener trimestres negativos, no se espera que la economía se desplome o que la tasa de paro se dispare… Ese escenario no se contempla.

La economía española es de las que mejor responde de la UE: mantiene una demanda interna bastante alta, la demanda turística es importante y el Estado sigue gastando mucho. Con lo cual, la demanda agregada se mantiene y las expectativas no son de recesión.

11% de paro, nuestro pleno empleo

– ¿Cómo pueden afectar a la creación y mantenimiento del empleo los acuerdos para la formación de Gobierno (subida SMI, endurecimiento del coste del despido…)?

En primer lugar, señalar que tenemos un 11% de paro, pero la impresión que tengo es que ese es el pleno empleo de España, de ahí no vamos a bajar. En ese 11% tenemos personas sin formación o con una formación inadecuada para el mercado actual, personas que trabajan en economía sumergida y personas que no quieren trabajar porque reciben prestaciones, ayudas, etc.

También tenemos el paro friccional propio del funcionamiento del mercado de trabajo –el tiempo entre que un trabajador deja un empleo y encuentra otro–. Toda esta casuística origina que la tasa natural de paro sea prácticamente imposible de bajar.

De hecho, la única vez que bajó fue antes de 2008, cuando teníamos un sector, la construcción, que contrataba a una persona, le enseñaba a poner ladrillos y le pagaba 3.000 euros. Ahora no hay ningún sector que sea capaz de originar sueldos altos y creación de valor a personas que no tienen formación o tienen una formación inadecuada.

– Pero, en realidad, el mercado necesita gente y no la encuentra…

Sí, ocurre en restauración, hostelería… La gente no quiere trabajar en esas condiciones… Por ello, en situaciones de ‘pleno empleo’, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no afecta al mantenimiento de puestos de trabajo, porque los empresarios repercutirán las subidas de salario en los precios para mantener márgenes.

¿Subirá la capacidad adquisitiva?

– ¿Hasta cuánto podrían subir?

Estamos en una situación en la que la gente acepta cualquier subida de precios por las expectativas de inflación que tenemos.

La subida del SMI a quien afecta es a la gente sin formación. Hay comunidades autónomas como Navarra o País Vasco, en las que sólo un porcentaje muy bajo recibe el SMI; en cambio, en Extremadura, Andalucía o Canarias el porcentaje crece.

Si bien, mientras se puedan repercutir las subidas salariales, no habrá mucho problema. Al final, tendremos todos salarios más altos, pero precios también más altos. Con lo cual, el salario real, el salario dividido por los precios, va a mantener una capacidad adquisitiva similar.

Respecto a la medida de encarecer el despido, mientras, estemos en ‘pleno empleo’ no va a tener ningún efecto. Pero, en el momento que entremos en un cierto parón económico y se empiecen a producir los primeros despidos –aunque insisto ahora mismo eso no es previsible-, costará mucho volver a contratar, porque los empresarios se lo pensarán mucho antes de emplear de nuevo.

Creo que esta medida no saldrá adelante porque no va en la línea del mercado actual. No son medidas que vayan a favor de rebajar el paro, sino de mantener la tasa natural de desempleo tan alta que tenemos o incluso aumentarla al 12 o 13 %.

Mantener la tasa natural

– ¿Es sostenible esa tasa natural?

Siempre que des ayudas o rentas mínimas para que la gente pueda vivir de una forma u otra, y teniendo en cuenta el porcentaje tan alto de economía sumergida que tenemos se puede entender. De hecho, en España tenemos el mayor porcentaje de paro de todo el mundo occidental y no pasa nada, no hay manifestaciones contra el paro.

También por nuestro sistema de protección, con un despido y un salario de sustitución durante muchos meses, que es bastante alto en relación al salario trabajando. Estas prestaciones hacen que se tarde más en buscar empleo y la tasa natural de paro sea más elevada.

– ¿Qué hacemos con los puestos sin cubrir: hostelería, logística…?

Tenemos que mejorar horarios y subir salarios. Esto significa que los precios seguirían subiendo y podríamos perder competitividad como país.

Falta de competencia en el mercado

– ¿Están justificadas todas las subidas de precio?

Hay una subida justificada por el incremento de costes, pero hay otra que considero que no. Determinados sectores están subiendo los precios por encima del incremento de los costes y los empresarios están aumentando márgenes.

Es como si hubiesen llegado a una especie de acuerdo para subir precios como el sector de la distribución con el aceite de oliva; el de la energía; las estaciones de servicio; el transporte… En España, hay una especie de falta de competencia en los mercados, hay muchos sectores que son oligopolio.

Desafíos a corto plazo

– ¿Qué desafíos tenemos por delante a más corto plazo?

Empezar a cumplir el pacto de estabilidad con las nuevas reglas fiscales que marque Europa. Se baraja reducir el déficit público al 3%, puede que de forma progresiva. España tiene ahora un déficit algo superior al 4%, con lo cual no debe ser difícil reducirlo, porque en ese déficit entran unos ingresos excepcionales que son los fondos Next Generation, unos 20.000 millones cada año. Se gasten o no se gasten, entran en el presupuesto.

El problema de España es que está subiendo muchísimo el gasto público. Antes de la pandemia, el presupuesto público equivalía al 42% de toda la producción del país, pero ha llegado a superar el 51%, sólo por detrás de Francia (52%) y más incluso que los países nórdicos. Ahora está en el 48% del PIB, pero ten en cuenta que 10 puntos de PIB son 100.000 millones.

Europa dice: no puedes seguir gastando a este nivel si no subes los impuestos. Con lo cual, tenemos por delante un escenario de una mayor intervención del Estado en la economía y de una subida generalizada de impuestos, que alcanzará «a todo lo que se mueva».

La segunda condición de ese pacto de estabilidad es que la deuda emitida (ahora en el 120% del PIB) se reduzca. Debemos un año y un poco más de nuestra producción. Pero no hay que alarmarse, porque la deuda no se devuelve, se refinancia. La deuda es un porcentaje del PIB nominal, si suben los precios, sube el PIB, lo que ayuda a tener un porcentaje de deuda más bajo.

¿Y a largo plazo?

– ¿Y a más largo plazo, qué retos?

El tejido productivo español necesita tres cosas: más empresas, de mayor tamaño y que creen valor e incrementen la productividad (no que hagan las mismas cosas en menos horas de trabajo, sino que sean capaces de generar bienes por los que el mercado esté dispuesto a pagar más).

Los Perte pueden ayudar a esos incrementos de la productividad necesarios. Pero tienen que ejecutarse.

– ¿Cómo van avanzando?

Van muy lentos porque es un dinero que se financia, en parte, con fondos de las empresas y, en parte, con fondos europeos Next Generation. Estos fondos requieren muchísima burocracia para controlar que efectivamente se destinan a esas inversiones y no a gasto corriente.

Se dice que España no tiene capacidad para gestionar esa cantidad de requisitos burocráticos que justifiquen la inversión. El dinero entra en el presupuesto, pero no se gasta. El nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, anunció que va a acelerar estos Pertes.

Ello podría ayudar a relocalizar una parte de la industria que se vio impactada por la crisis de suministros cuando empezó la guerra de Ucrania y que ahora podría volver a establecer en Europa parte de su producción.

¿Subirán los impuestos?

– Con respecto a la carga impositiva… ¿qué podemos esperar?

El presidente Pedro Sánchez ya anunció que las bajadas de IVA para controlar la inflación se mantendrían seis meses más a partir de enero. Por eso, Europa nos llamó la atención, porque considera que el plan de recaudación presentado por el Gobierno no será factible.

Por tanto, si el Gobierno quiere mantener esta medida tendrá que subir otro tipo de impuestos y eso genera mucha inseguridad jurídica en el tejido productivo, porque puede llegar a pensar que si un sector tiene beneficios se le gravará con un impuesto.

Lo lógico es que si ya existe un impuesto de sociedades, lo que debe hacerse es ejecutarse, también se habla del mínimo del 15%, porque muchas empresas grandes, teniendo en cuenta todas las subvenciones y exenciones, pagan un porcentaje de los beneficios más reducido.

No obstante, tenemos que ir viendo cómo se acomete toda esa reforma fiscal que se debe aprobar con mayoría parlamentaria, al igual que los Presupuestos. Sabiendo que, en los próximos Presupuestos, habrá más gasto para vascos y catalanes y eso tampoco ayuda porque habrá que sacar el dinero de algún lado.

– ¿Y el compromiso de asumir el 20% de la deuda pública de las CC.AA. qué puede suponer?

La deuda en cualquier caso será del Reino de España, a efectos generales, no importa tanto que la deba la comunidad autónoma como que sea el Estado; lo que sí importan son los intereses que se pagan por esa deuda y que se están refinanciando a un mayor coste con la subida de los tipos de interés.

En este caso, los intereses de la deuda se meterán en el presupuesto del Estado, lo que supondrá otro gasto más; mientras las comunidades tendrán un exceso de ingresos que podrán gastar en otras cosas, sin embargo, el Estado tendrá menos.

¿Mismos derechos para los españoles?

– ¿Y respecto a las transferencias de servicios y competencias que pueden llegar también esta legislatura?

Hay algunas transferencias que buscan la eficiencia, el mejor funcionamiento. La comunidad autónoma piensa que lo puede hacer mejor y pide las competencias y a los respectivos funcionarios del Estado –por ese motivo se plantean estos la huelga, no quieren ser transferidos–. Si bien, es posible defender esa visión de que lo autonómico funciona mejor que cuando lo regula el Estado.

Pero otra cosa distinta es que se diga todo el Impuesto de Renta de las Personas Físicas, el IRPF, lo recauda Cataluña. Actualmente, la mitad del impuesto es para el gobierno autonómico, que tiene incluso sus propias tasas impositivas y la otra mitad para el central, que a su vez lo transfiere a las CC.AA. según los acuerdos de la financiación autonómica, que llevan años pendientes de revisar.

Ahora ya no será así, porque Cataluña ya tendrá directamente toda su recaudación, y no tendrá que esperar transferencias, ni a lo mejor aportar al resto de España. Por tanto, el resto de España se quedará sin una serie de fondos que antes le eran transferidos por el Estado y ahora no será posible.

Si esto ocurre también con las cuotas de la Seguridad Social, que son las que sirven para financiar las pensiones, como quieren los vascos, se daría lugar a un sistema de pensiones, a lo mejor más elevado que el del resto de los españoles y se empezarían a escuchar voces diciendo: «¿No somos todos españoles y tenemos los mismos derechos?». Porque si unos tienen salarios, pensiones y otros derechos adquiridos diferentes, lo más probable es que eso no le guste a la gente, porque se generan desigualdades.

Un problema preocupante

– El Banco de España alertaba que el sistema de pensiones tendrá que asumir unas mayores obligaciones de gasto que no se compensarán con los ingresos, pese a las subidas de cotizaciones. ¿Cómo lo ve?

No lo veo demasiado preocupante, porque nunca lo vamos a resolver. Es decir, es una ficción como apunta el Banco de España, para resolverse se tendrían que reducir muchísimo las pensiones y subir muchísimo las cuotas de la Seguridad Social. En ese caso, el empresario contrataría más robots y menos trabajadores y salvo que los robots coticen a la Seguridad Social, no habrá ingresos para financiar el sistema.

Por eso hacemos parches a medida que las cuentas no salen y los baby boomers nos jubilamos. Este es un problema que durará hasta 2050, cuando los baby boomers ya no estemos, los que se queden lo podrán gestionar de otra manera.

De momento, tenemos que solucionar el problema para estos 25 años poco a poco. Este año, por ejemplo, estamos metiendo 5.000 millones de euros de los impuestos en la ‘caja’ de las pensiones y además hemos sacado una serie de pensiones que antes estaban en la ‘caja’ y se van a pagar por presupuestos.

Yo digo que la ‘caja’ es una bañera: tiene un grifo que es el dinero que entra de las cargas sociales y un desagüe que son todas las pensiones que se pagan. Se está intentando reducir ese desagüe (que se jubilen más tarde, que haya más obligaciones de años cotizados para recibir una pensión, que incluso jubilado puedas seguir trabajando cobrando media pensión…) y, por otro lado, el Estado va echando agua para que siempre haya un fondo.